Sobre presiones y respetos

26 de Noviembre de 2009 - 20:16:05 - Luis del Pino - 226 comentarios

La verdad es que estoy atónito contemplando el espectáculo organizado en torno a la esperada sentencia acerca del estatuto catalán.

Doce periódicos catalanes han publicado un manifiesto que constituye una clara presión sobre el Tribunal Constitucional. Presión que se suma a anteriores declaraciones de responsables políticos de la izquierda y el nacionalismo, también orientadas a conseguir que el Tribunal Constitucional apruebe una norma que acaba con esa misma Constitución que da sentido al Tribunal.

Y la reacción mayoritaria de los medios que se oponen a la aprobación de ese estatuto; la reacción mayoritaria de los partidos que deberían exigir que el estatuto sea declarado inconstitucional y la reacción mayoritaria de esa parte de la sociedad que se opone a que la Constitución sea abolida por la vía de los hechos consumados consiste en.... ¡pedir respeto para el Tribunal y decir que no debe presionársele!

Sinceramente, no doy crédito a lo que oigo.

¿Cómo que no se presione al Tribunal? ¿Y por qué no se le iba a presionar? En una democracia, cualquiera tiene derecho a manifestar su opinión sobre un tema polémico como es la sentencia del estatuto. Y tiene derecho a manifestar esa opinión tanto antes como después de emitida la sentencia. ¡Pues sólo faltaría que también nos prohibieran manifestar nuestra opinión sobre cómo debería ser una sentencia de tanta trascendencia!

Pero lo que me preocupa principalmente en lo que vengo oyendo estas últimas semanas no es el respeto abstracto a la libertad de expresión de todo el mundo, incluidos los nacionalistas.

Lo que me más me preocupa es otra cosa: que, al secundar esos huecos llamamientos a que se deje trabajar tranquilamente al Tribunal, lo que se está haciendo es caer en la trampa de "aceptar de antemano" cualquier sentencia que el Tribunal dicte. Y me van a perdonar ustedes, pero yo no estoy por la labor.

Rajoy (cuyo papel como anestésico de la base social del PP cada día está más claro) lo ha expresado perfectamente: "respetaremos lo que diga el Tribunal". ¿Ah, sí? ¿Respetará el señor Rajoy lo que diga el Tribunal Constitucional, aunque el Tribunal dictamine que Cataluña es una nación? ¿Aunque el Tribunal consagre una relación de bilateralidad entre Cataluña y España? ¿Aunque la sentencia del Estatuto deje en pie una parte suficiente del tinglado como para que el resto de los españoles sigamos siendo esquilmados por la casta política catalana? ¿Aunque la sentencia consagre que se puede multar a quien rotule en castellano o que se puede negar a los padres el derecho a educar en castellano a sus hijos? ¿También en esas circunstancias respetaría usted la sentencia, señor Rajoy?

Yo, desde luego, no tengo la más mínima intención de respetar la sentencia del Tribunal si esa sentencia no se ajusta fielmente a lo dispuesto en el espíritu y la letra de la Constitución. Porque esa Constitución es la norma suprema votada por todos los españoles y no puede derogarse, ni siquiera parcialmente, sin consultar de nuevo a todos los españoles. Ni siquiera el Tribunal Constitucional puede enmendar la Constitución por la vía interpretativa.

Y reaccionar a las presiones de los nacionalistas limitándose a reclamar respeto para el Tribunal Constitucional es tanto como renunciar de antemano a toda posible denuncia una vez que la  sentencia sea emitida. Lo cual es tanto como servirle en bandeja al PSOE y a los nacionalistas una solución de compromiso, consistente en tirar abajo los aspectos más cosméticos del estatuto y dejar intacto el meollo de esa norma anticonstitucional. Si caemos en esa trampa de reclamar ahora "respeto para el Tribunal", ¿cómo vamos luego a alzar la voz, una vez que nos hayan metido el gol y la Constitución quede derogada de facto?

Que los nacionalistas presionen cuanto les plazca al Tribunal Constitucional. Si los editores catalanes quieren acordar editoriales, allá ellos. Como si quieren imprimir el editorial en todos los rollos de papel higiénico que se vendan en Cataluña.

A las presiones hay que contestar con presiones. Y lo que hay que hacer no es reclamar respeto a un Tribunal que está paladinamente controlado por las instancias políticas y que ha demostrado ya en múltiples ocasiones (con todas las excepciones individuales que ustedes quieran) que no es digno de ningún respeto.

Lo que hay que hacer es lanzarle al Tribunal Constitucional (y a quienes intentan mover sus hilos) un mensaje claro y nítido:

"Cualquier cosa que no sea declarar la completa y absoluta nulidad de todos y cada de uno de los aspectos inconstitucionales del estatuto, cualquier cosa que no sea garantizar que todos los ciudadanos españoles seamos plenamente iguales en derechos y obligaciones, representará una quiebra del sistema"

Y, si las presiones de los nacionalistas siguen in crescendo, quizá alguien debería plantearse que a lo mejor es bueno salir a la calle, para que el mensaje se reciba alto y claro en el Alto Tribunal.

Lo demás son pamplinas, destinadas a intentar que la sociedad termine tragando con una sentencia manifiestamente injusta.

La caída del muro del 11-M

15 de Noviembre de 2009 - 14:11:50 - Luis del Pino - 728 comentarios

Hemos emitido este fin de semana la entrevista que Julio Anguita ha concedido al programa Sin complejos de esRadio.

Entrevista con Julio Anguita (primera parte)
Entrevista con Julio Anguita (segunda parte)

Merece la pena escucharla íntegra, porque la verdad es que Anguita es un político que se sale de lo común. Estoy, evidentemente, en sus antípodas ideológicas en muchísimos aspectos, y me resulta difícil de entender que defienda, siendo un hombre enormemente inteligente, ciertas posturas. Como también me resulta difícil de entender que defienda, siendo un hombre íntegro, a determinadas ideologías que tanto sufrimiento han causado.

Pero, a diferencia de casi toda nuestra clase política actual, Anguita es alguien que defiende sus ideas simplemente porque cree en ellas (y no porque le mueva un interés particular); es alguien a quien le repele la corrupción de nuestro actual sistema (como me repele a mi); es alguien que habla con una meridiana claridad (sin dedicarse a proferir palabras huecas); es alguien que respeta que otras personas puedan tener una opinión distinta de la suya (y que no pretende imponer sus opiniones a nadie) y es alguien que se atreve (en un país de mudos voluntarios) a decir cosas que otros no dicen.

Es, por tanto, un hombre con el que se puede discutir y a quien es un placer escuchar. Y habrá muchas cosas en las que uno no pueda ponerse de acuerdo con él nunca. Pero en muchos otros campos, creo que no puedo estar más conforme con algunas de las cosas que Anguita dice.

Uno de los momentos más importantes de la entrevista es, para mí, aquél en que Julio Anguita habla del 11-M. Porque se ha atrevido a decir lo que ningún político de la izquierda española se había atrevido a decir hasta ahora: que en el 11-M se han manipulado pruebas; que ningún manipulador ha sido castigado; que no tiene elementos de juicio para afirmar si ha sido ETA, si ha sido Al Qaeda o si el responsable es otro; que, mientras no tengamos esos elementos de juicio, él no descarta ninguna alternativa; que el 11-M está tan oscuro como otros graves episodios de nuestra reciente historia democrática y que, en su opinión, hay elementos de juicio que apuntan a conexiones internacionales en la matanza de Madrid.

Quitando esta última frase (que yo matizaría, porque, aunque no me atrevo a descartar esas conexiones internacionales, creo más en un atentado de factura fundamentalmente local), suscribo punto por punto lo dicho por Julio Anguita sobre el 11-M. Porque yo tampoco dispongo de las pruebas que me permitan afirmar si el 11-M lo cometieron ETA, Al Qaeda, las cloacas del estado español o servicios secretos extranjeros. O una mezcla de varias de esas alternativas. Y yo también, como Anguita, admito cualquiera de las alternativas, siempre que me aporten las pruebas oportunas. Lo único que se, como Anguita, es que se han manipulado pruebas (lo que hace insostenible la versión oficial de los atentados) y que el 11-M es un episodio que, más que oscuro, está oscurísimo.

Ya era hora de que alguien, desde la izquierda, se atreviera a derribar el muro de silencio en torno la masacre de Madrid. Y me quito el sombrero ante la valentía de Anguita, porque supongo que le van a llover los palos por todas partes.

Aunque también me imagino que eso a Anguita le resbala. Porque estoy seguro de que es consciente de que, al final, las interpretaciones que el sentido común dicta son las que se terminan imponiendo, antes o después.

Como también estoy seguro de otra cosa: las posibilidades de regeneración de la clase política española pasan porque aparezcan muchos más anguitas, en todos los partidos. Políticos que se atrevan a hablar a la gente con franqueza, que expongan sus opiniones sin intenciones ocultas de ningún tipo y que respeten a quienes no piensan como ellos.

Premiar la imprudencia

9 de Noviembre de 2009 - 21:08:29 - Luis del Pino - 342 comentarios

Como me encanta discutir, recojo el guante que me lanza nuestro contertulio chankpeo.

Me acusa chankpeo de hacer demagogia a cuenta de los jubilados a los que los bancos le quitan su casa, porque figuraban como avalistas de viviendas adquiridas por sus hijos. Básicamente, el argumento es que si alguien ha firmado un contrato de aval, será su problema si luego le embargan. Ha habido otras personas más prudentes que han preferido no meterse a comprar casa o a avalar a otros, y si ayudáramos con fondos públicos a los que sí que se metieron en hipotecas, entonces estaríamos "premiando la imprudencia". Y eso es injusto. (Corrígeme, chankpeo, si el argumento no es ése.)

He de decir que el argumento es impecable en el plano teórico. Pero para que fuera válido en el caso que nos ocupa, tendríamos que tener un mercado perfecto, en el que las personas dispusieran de información mínimamente fiable para orientar sus decisiones.

Y el caso es justo el contrario: en España tenemos un Gobierno que ha estado (a) negando la crisis, (b) animando a la gente a consumir en lugar de a ahorrar y (c) fomentando el endeudamiento. En esas condiciones, ¿quién es el responsable de que la gente tome decisiones equivocadas? ¿El responsable es esa persona a la que las cosas le van bien y cree, porque así se lo está asegurando el Gobierno, que van a seguir yendo bien y que va a poder seguir pagando la hipoteca? ¿O el responsable es ese Gobierno que ha llevado a engaño a la gente, haciéndola creer que las cosas irían perpetuamente bien? Supongo que me concederás que la responsabilidad es, cuando menos, compartida.

Pero voy más lejos. Hace un par de años, uno de los grandes bancos de nuestro país decidió vender, sorpresivamente, todas sus propiedades inmobiliarias a grandes constructoras y pasó a "vivir de alquiler", pagando mensualmente incluso por ocupar su propia sede central. ¿Me dirás que soy muy mal pensado si digo que a lo mejor ese banco se veía venir el estallido de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente bajada de precios de los inmuebles, y por eso llevó a cabo esa jugada? Y si eso fuera así, ¿qué responsabilidad "moral" tendría ese banco al no haber advertido a sus clientes, a la hora de firmar nuevas hipotecas, de que casi era mejor irse a vivir de alquiler, porque se aproximaba una bajada de precios de las casas? Supongo que me concederás que todos aquéllos que supieran que se aproximaba la burbuja inmobiliaria y no advirtieron a la gente son, al menos en parte, corresponsables de que la gente se haya metido en hipotecas que ahora no pueden pagar.

Podemos perfectamente comparar el caso con lo que sucede al comprar cualquier otro bien, por ejemplo un electrodoméstico. Si alguien compra un electrodoméstico "patatero", podríamos decir que será su problema si ese electrodoméstico no le funciona luego como esperaba. Y así es: cada cual es responsable de sus decisiones. Pero si ese proceso de compra ha estado influido por alguna publicidad engañosa, entonces la responsabilidad de hacer una mala compra deja de ser del cliente, y pasa a ser del que le ha engañado.

Y eso es lo que ha pasado en España: se ha engañado a la gente, haciéndola creer que no había problema en meterse en hipotecas. Y volcar ahora la responsabilidad exclusiva sobre esa gente que firmó las hipotecas me parece inmoral, por cuanto ha mediado "publicidad engañosa", procedente, en primer lugar, del propio Gobierno.

Pero vamos a suponer que tuvieras razón, y que es cierto que cada cual es el único responsable de sus propias decisiones. Aún así, para que tu argumento fuera válido, tendrías que aplicarlo a todos los casos. Por ejemplo, si los bancos tienen ahora problemas por su pasada imprudencia a la hora de conceder créditos a particulares o a grandes constructoras, pues que apechuguen. Y si tienen que quebrar, que quiebren. Y si los accionistas de esos bancos pierden dinero, pues que no hubieran comprado acciones. Porque supongo que ellos también serán responsables de sus propias decisiones, ¿no? ¿Por qué el dinero de mis impuestos tiene que ir a cubrir las pérdidas de los bancos y no las de los jubilados? Supongo que me concederás que hay una cosa mucho peor que "premiar la imprudencia": castigar la imprudencia de los pobres al mismo tiempo que se premia la de los ricos.

Lo que traspasa todos los límites de lo moral, y lo que me indigna especialmente en este caso, son precisamente esas diferencias. Que se ponga a jubilados en la calle es terrible, pero mucho más terrible todavía es que eso se haga al mismo tiempo que:

• (a) dedicamos dinero público a sanear las cuentas de cajas de ahorros a las que unos golfos han llevado a la quiebra, sin que ninguno de esos golfos tenga que pasar a dormir en la calle y
• (b) la alta clase política sigue llevándose crudo el dinero de todos.

Yo prefiero que ese dinero que nos roban se emplee en que los jubilados no se queden sin casa. Y estoy seguro de que tú también lo prefieres.
 
Por decirlo con un ejemplo especialmente sangrante: ¿es moral que los mismos bancos que condonan sus deudas a partidos políticos (por ejemplo, el caso de los 6 millones de euros del PSC) pongan, sin embargo, en la calle a los jubilados avalistas? ¿Por qué a los partidos políticos sí y a los jubilados no? ¿Qué tal si lo hacemos al revés? ¿Por qué no condonamos la deuda de los jubilados y ponemos en la mismísima calle a los responsables políticos?

Yo quiero que con mis impuestos, ya que me los quitan, se ayude a aquéllos que están verdaderamente necesitados. A lo que me niego es a que mis impuestos se dediquen a seguir manteniendo a ladrones, mientras que a la gente que está verdaderamente necesitada se la deja en la calle.

Jubilados sin techo

8 de Noviembre de 2009 - 21:06:36 - Luis del Pino - 83 comentarios

Esta semana saltaba a los medios una noticia particularmente estremecedora. La directora de Cáritas Diocesana de Valencia, Concha Guillén, denunciaba cómo se están multiplicando en los últimos meses las solicitudes de ayudas para alquiler por parte de viudas y parejas de edad avanzada.

El motivo es que la crisis económica está arrojando a familias enteras al paro. Y al no poder muchas parejas jóvenes hacer frente a sus créditos hipotecarios, los bancos no sólo les están quitando la casa a ellos, sino también a sus padres, que figuraban como avalistas de esos créditos.

De ese modo, personas ya jubiladas, que habían conseguido pagar su casa después de toda una vida de trabajo, y que viven de una escueta pensión, se encuentran de la noche a la mañana literalmente en la calle, arrojadas de su vivienda y forzadas a recurrir a la caridad para pagar un alquiler que su pensión tampoco alcanza a cubrir.

¿Es mínimamente moral esto que está pasando?

En Estados Unidos, al comprar una casa, el crédito hipotecario está respaldado exclusivamente por el bien que has adquirido, es decir, por la propia casa hipotecada. Si no tienes con qué pagar la hipoteca, entregas al banco las llaves de la casa y asunto resuelto. No pierdes nada más. Ni tu familia tampoco.

En España, por el contrario, los bancos obligan a avalar los créditos hipotecarios con otras propiedades, de modo que si no puedes pagar la hipoteca no sólo te quitan la casa, sino que pueden quitarte también cualquier otro activo con el que tú o tu familia hayáis avalado la compra.

Se trata de una situación abusiva, en donde los bancos jamás arriesgan nada. Cuando acudes a una oficina bancaria a mendigar un crédito, invariablemente te responden que el Departamento de Riesgos tendrá que estudiar tu solicitud. ¿Departamento de Riesgos? ¿De qué riesgos hablan, si el banco nunca corre ninguno? Para que te den el dinero tienes que demostrar, prácticamente, que no lo necesitas. Y si no lo puedes demostrar, tendrás que encontrar un familiar que responda por ti.

Eso sí, si quien va a pedir el crédito es un gran constructor, todo son facilidades para darle los centenares de millones de euros que necesite. Y si estalla la burbuja inmobiliaria, como ahora ha sucedido, entonces se recurre al dinero público, al dinero de todos, para tapar ese agujero que los grandes constructores le han creado a los bancos. Porque claro, no podemos dejar que se hunda el sistema financiero, ¿verdad? Lo cual es una forma muy elegante de decir que no podemos permitir que los bancos pierdan dinero. Y mientras tanto, jubilados a quienes han pillado como avalistas se tienen que ir a vivir a la mismísima calle.

Con la crisis, las peticiones de ayuda a Cáritas - ayuda de todos los tipos - se han disparado. Y los destinatarios de esas ayudas ya no son sólo, como antes, las personas desarraigadas, sino personas y familias perfectamente integradas en la sociedad que, de la noche a la mañana, lo pierden todo. Absolutamente todo. La portavoz de Cáritas Diocesana de Valencia lo resumía con una frase muy elocuente: "Hemos pasado de atender a los pobres a ayudar a nuestros vecinos". El perfil del demandante de ayuda ha cambiado radicalmente en el último año. Al lado de esos jubilados que han perdido su vivienda, cada vez hay más hombres solteros, más parejas jóvenes, más madres solteras con hijos a su cargo. Dos tercios de los demandantes de ayuda son inmigrantes; el tercio restante, españoles.

Una vez más es la Iglesia, esa Iglesia tan denostada por los progres, la única que está haciendo algo para aliviar la debacle asistencial que nos ha caído encima. Y mientras la Iglesia se afana en atender a tanta persona necesitada de ayuda, y mientras el presupuesto de Cáritas y de las restantes organizaciones asistenciales de la Iglesia se ve desbordado por la avalancha de nuevos pobres, ese gobierno que se autotitula progresista a lo que se dedica es a cubrir los agujeros creados por golfos de todo pelaje en las instituciones financieras y en las administraciones públicas, sin que ninguno de esos golfos, por supuesto, devuelva nunca un duro.

El robo de alimentos en los grandes centros comerciales o el robo de ganado en el campo andaluz se generalizan. Y mientras tanto, los miembros del Congreso pagan impuestos irrisorios y discuten sobre si los futbolistas tiene que pagar más o menos que ellos. Medio millón de familias españolas no tienen, en estos momentos, ninguna fuente de ingresos. Y mientras tanto, hay quienes, por ser esposas de un presidente autonómico, disfrutan de 16 cargos diferentes. Las mujeres españolas, que habían desaparecido de los circuitos de la prostitución hace quince años, vuelven a aparecer en los clubes de alterne o en los barrios chinos de las ciudades, empujadas por la necesidad. Y, mientras tanto, el gobierno sigue regalando subvenciones a un cine español que nadie ve e imponiendo cánones digitales que nadie controla, porque de algún modo hay que pagar al sindicato de millonarios de la ceja. Vuelve la mendicidad casa por casa, personas que tocan a tu puerta pidiendo dinero o comida, y que es algo que no veíamos hace treinta años. Y mientras tanto, no hay día que no nos desayunemos con un nuevo responsable político acusado de embolsarse el dinero de todos nosotros a manos llenas. Sin que nadie, por supuesto, devuelva nunca un duro.

Estamos gobernados por golfos, que se enriquecen a espuertas, convirtiendo la vida pública en un auténtico lodazal. Estamos gobernados por hipócritas, que simulan defender a los desfavorecidos cuando no hacen otra cosa que chanchullear con gente bien, de esa que se las arregla siempre para prosperar, sea quien sea el que esté en el gobierno.

Pero lo peor no es eso. ¿Saben ustedes que es lo peor? Lo peor de todo es que quienes nos gobiernan no perderán ni una sola noche de sueño pensando en un jubilado al que el banco le ha puesto en la mismísima calle o en ese número creciente de familias que tienen que vivir de la caridad. Porque están inmersos en sus chanchullos y los dramas de la gente de la calle les importan una higa.

Lo peor, como les digo, no es que quienes nos gobiernan sean golfos o hipócritas. Lo terrible, lo verdaderamente terrible, es que además carecen de corazón.

http://fonoteca.esradio.fm/c.php?op=player&id=2556

Educación para la ciudadanía

7 de Noviembre de 2009 - 16:05:36 - Luis del Pino - 74 comentarios

El 30 de marzo de 2005, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba el anteproyecto de una nueva ley de educación en la que se incluía una asignatura de formación en valores laicos, denominada Educación para la Ciudadanía. El concepto y el contenido de dicha asignatura se habían desarrollado siguiendo las líneas marcadas por la Fundación CIVES y por el grupo de impulsores de la laicidad articulado en torno a la figura de Gregorio Peces Barba, en la Universidad Carlos III .

Esa ley venía a acabar con el derecho que la Constitución otorga a los padres para elegir la educación moral de sus hijos, por lo que diversas organizaciones sociales convocaron una manifestación en Madrid el 12 de noviembre de 2005 por la libertad educativa. La asistencia a la manifestación fue multitudinaria, pero José Luis Rodríguez Zapatero hizo oídos sordos a las demandas de los padres y el Congreso aprobó la nueva Ley el 6 de abril de 2006 .

A lo largo de los meses siguientes, los padres fueron conociendo, alarmados, los contenidos de la nueva asignatura, en los que, con más o menos furor, según las editoriales, se ridiculizaba la familia tradicional; se vertían todo tipo de juicios negativos sobre el cristianismo, sobre las democracias occidentales, sobre el liberalismo y sobre el sistema capitalista; se defendía a regímenes y figuras históricas caracterizados por la falta de respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos y se animaba a los niños a iniciarse en todo tipo de prácticas sexuales desde temprana edad. Como seguramente recordarán los oyentes, entre los materiales del Ministerio de Educación para la impartición de la asignatura figuraban cosas tan instructivas como un cómic titulado "Ali Baba y los 40 maricones".

Las organizaciones sociales y las asociaciones de padres dejaron oír sus protestas, pero el Gobierno, de nuevo, volvió a hacer oídos sordos a la demanda social y en diciembre de 2006 publicó los reales decretos que desarrollaban el contenido de la asignatura, ignorando todas las solicitudes presentadas por las asociaciones contrarias a la impartición de la asignatura.

Ante esa situación, la familia Campoy presentó, en marzo de 2007, la primera objeción de conciencia en un colegio de Toledo y un mes después se produjo la primera objeción masiva de 200 padres en un colegio de Madrid. Comenzaba la batalla de la objeción de conciencia a la nueva asignatura.

Para desactivar el naciente movimiento de protesta, el Gobierno comenzó a presionar a los padres, amenazando con que los alumnos que objetaran no podrían pasar de curso, pero esas amenazas no surtieron ningún efecto. Cuatro meses después de iniciada la campaña, las objeciones de conciencia sumaban ya 10.000 en toda España. Además, en agosto de 2007, la lucha contra la asignatura se extendió a un nuevo frente, con la presentación en Andalucía de los primeros recursos judiciales contra la asignatura. El 4 de marzo de 2008, el TSJ de Andalucía emitía la primera sentencia favorable a la objeción de conciencia.

El número de alumnos objetores  no paraba de crecer: 15.000 en septiembre de 2007, 21.000 en noviembre, 28.000 en abril de 2008, 30.000 en mayo, 41.000 en junio y 50.000 en noviembre. Al igual que también crecía el número de recursos judiciales, que alcanzaba los 500 en septiembre de 2008 y dos meses después se había triplicado.

Se trataba de una auténtica revuelta social. Visto lo cual, nuestra clase política intentó desactivar el movimiento, consiguiendo que el Tribunal Supremo rechazara el derecho a la objeción de conciencia, en una sentencia que afectaba a cuatro de las miles de familias que habían recurrido. Esa sentencia del Tribunal Supremo es uno de los episodios más vergonzosos de nuestra ya de por sí vergonzosa historia judicial reciente. Porque se trataba de una sentencia pastelera, en la que aparentemente se daba la razón a los padres en cuanto a que los contenidos de la asignatura no podían contravenir su derecho constitucional a fijar la educación moral de los hijos, pero al mismo tiempo se afirmaba que no existía derecho a la objeción.

Aquella sentencia del Supremo fue utilizada por el PP para desmarcarse de un asunto que le resultaba incómodo, dejando a los padres objetores privados de cualquier apoyo político. Pero tampoco eso logró desactivar la resistencia de los objetores, que no aceptaron el nuevo trágala que los poderes públicos querían imponerles. Porque la sentencia del Supremo era una sentencia manifiestamente injusta, que no sólo negaba un derecho reconocido en la Constitución, sino que también contravenía la doctrina del propio Tribunal Constitucional con respecto a la objeción de conciencia.

En consecuencia, muchas familias se negaron directamente a acatar la sentencia del Supremo y mantuvieron su negativa a que sus hijos entraran en las aulas. Y la batalla judicial, lejos de amainar, se recrudeció.

A fecha de hoy, más de 2.000 alumnos no han asistido a las clases de Educación para la Ciudadanía a lo largo del curso 2008-2009, a pesar de las presiones del Gobierno socialista, de las comunidades autónomas (incluyendo las del Partido Popular) y de los propios centros. Y, por supuesto, el Gobierno no ha podido hacer nada para evitar esa revuelta. Porque el Gobierno carece de fuerza legal para hacer repetir curso a unos alumnos que pueden perfectamente pasar de un curso a otro, y de un ciclo a otro, cuando las que les quedan suspensas son otras asignaturas. Los padres objetores han demostrado así que todas las amenazas del Gobierno no eran sino palabrería hueca.

Y en el terreno judicial, ha continuado la catarata de resoluciones de distintos tribunales, dando la razón a los objetores incluso en contra de la sentencia del Supremo. Por la sencilla razón de que el Supremo no es quien para negar a ningún español un derecho constitucional, como es el de la objeción de conciencia por razones morales. Para negar un derecho constitucional hace falta una reforma constitucional, no una sentencia del Supremo.

La revuelta contra Educación para la Ciudadanía está logrando, por tanto, doblar la mano al Gobierno, como ya se hiciera en la pasada legislatura en el asunto de la negociación con ETA. El movimiento objetor es hoy una demostración viva de que ningún Gobierno puede nada contra la sociedad civil, siempre y cuando los ciudadanos estén dispuestos a articularse y a pelear por sus derechos.

http://fonoteca.esradio.fm/c.php?op=player&id=2516

Posiblemente

2 de Noviembre de 2009 - 20:37:36 - Luis del Pino - 409 comentarios

El juez Velasco ha decidido finalmente procesar a las 7 personas contra las que abrió diligencias el pasado mes de agosto, acusadas de ayudar a huir a presuntos "autores materiales" del 11-M.

Preguntábamos en agosto en qué consistía la participación en el 11-M de esos "huidos" a los que el juez Velasco imputa ser "autores materiales". Desafortunadamente, en el auto hecho público hoy, el juez sigue sin responder a ninguna de las incógnitas. Se procesa a 7 personas por ayudar a huir, presuntamente, a una serie de individuos, pero no se dice en ningún momento qué fue lo que hicieron concretamente esos individuos huidos.

No sólo eso. El nuevo auto del juez Velasco es todavía más inconcreto que el anterior. Al hablar de esos "huidos" del 11-M, dice Velasco que están implicados "bien en la colocación de los artefactos explosivos... del 11 de marzo... bien en los del 3 de abril de 2004 en la C/ Martín Gaite 40 de Leganés". O sea, que los huidos están implicados en algo, pero no sabemos si es en la voladura de los trenes o en la del piso de Leganés.

A continuación, sigue Velasco diciendo de los huidos que uno de ellos, Mouib, "posiblemente" se suicidó en Irak en abril de 2005; de otro huido, Afalah, dice que "posiblemente" se suicidó en Irak en mayo de 2005; y de un tercero, Ouhnane, afirma que "posiblemente" se suicidara en Irak en septiembre de 2006. O sea, que varios de esos huidos cuya participación en el 11-M no sabemos cuál fue, "posiblemente" se suicidaron en Irak, pero tampoco se fía mucho Velasco de los informes policiales donde se afirma tal cosa.

Pero el asunto es aún peor. De uno de esos "posibles suicidas" (Ouhnane) Velasco dice que "posiblemente" se suicidó en Irak en septiembre de 2006, para a continuación sostener (¡en la frase siguiente!) que según sus hermanos estuvo haciendo llamadas a Argelia hasta 2007. O sea, que uno de esos huidos cuya participación en el 11-M no sabemos exactamente en qué consistió, "posiblemente" se suicidó en Irak, pero estuvo llamando a sus hermanos después de suicidado. Realmente delirante.

En cuanto a los indicios incriminatorios contra los que supuestamente ayudaron a huir a los "huidos", el juez desgrana una serie de datos bastante farragosos, de los que al final parece desprenderse que había muchos magrebíes que se transferían dinero unos a otros y falsificaban documentos para poder moverse de uno a otro país europeo. Posiblemente fuera así (aunque si todos los informes policiales son como los que hablan de los huidos "posiblemente" suicidados, habría que coger con pinzas toda la historia), pero ¿qué tiene todo eso que ver, exactamente, con el 11-M?

De hecho, Velasco desliza algunas afirmaciones bastante pintorescas al establecer la relación con el 11-M, como por ejemplo cuando dice que Jamal Zougham (el único condenado hasta ahora por poner bombas en los trenes) participaba en reuniones de "aleccionamiento y adoctrinamiento en el río Alberche" junto con El Tunecino, lo cual no es así (posiblemente el juez se esté confundiendo con algún otro de los enjuiciados en el 11-M).

Aunque he de reconocer que la frase que más me gusta del auto es esa que dice: "no puede achacarse a la casualidad... el hecho de que muchos de los huidos relacionados con la autoría de los atentados con explosivos del 11-M y Leganés, pasasen una temporada en [la casa refugio] de Santa Coloma de Gramanet".

¡Claro que no, señoría! Lo que sí que hay que achacar a la casualidad es que en esa casa refugio de Santa Coloma se produjeran varias operaciones policiales, antes y después del 11-M, contra supuestos islamistas radicales y, a pesar de esas múltiples operaciones, los islamistas siguieran usando la casa como refugio (¡mira que son torpes!), permitiéndonos así grabar a todos los huidos en vídeo antes de que huyeran de España. Eso sí, sin conseguir detener a ninguno.

Creo que alguien tendría que decirle al juez Velasco que "posiblemente" debería dejar de marear la perdiz y ponerse a investigar lo que pasó el 11-M. Mucha gente se lo agradecería.

Aunque algunos otros no se sentirían tan felices, ya lo sé.