Agosto 2009
30 de Agosto de 2009 - 12:43:02 - Luis del Pino - 205 comentarios
¿A qué hora se produjo esa auténtica
"reunión en la cumbre" a la que hacíamos referencia en un hilo anterior, en la que participan nada menos que el Comisario General de Información, el jefe de la unidad de información anti-ETA y el jefe de los Tedax, y en la que se decide enviar a la Policía Científica el resto de cartucho "encontrado" en la furgoneta Kangoo, la famosa "muestra patrón" y una muestra de polvo de extintor?
Podemos poner hora a esa reunión con una relativa precisión, gracias a las propias declaraciones del comisario Sánchez Manzano durante el juicio del 11-M.
A las 14:00 horas, Sánchez Manzano se encuentra, junto con el Comisario General de Seguridad Ciudadana (Santiago Cuadro) en el despacho contiguo al laboratorio de los Tedax. En ese momento, la jefa del laboratorio entra a darles los resultados de los primeros análisis realizados.
"Poco después" (¿14:15?) Sánchez Manzano va a la cafetería del complejo policial y, cuando lleva allí "una media hora" (¿14:45?) recibe una llamada de la Policía Científica (es de suponer que de la Comisaría General) diciendo que ha llegado a Canillas una furgoneta para hacer una inspección. Un inspector jefe de la unidad de Tedax, que también está en la cafetería, recibe una llamada de los miembros de Policía Científica que han inspeccionado la furgoneta, los cuales le dicen que han encontrado evidencias. El inspector jefe acude al garaje de los tedax, donde está depositada la furgoneta, ve que han encontrado unos detonadores y un resto de explosivo en una bolsa de plástico azul y llama inmediatamente (¿15:00?) a Sánchez Manzano.
Éste se dirige a la sede de la Unidad Central de Tedax acompañado del Comisario General de Información (Jesús de la Morena), del jefe de la Unidad Central de Información Interior y de un Jefe de Brigada. Tardan muy poco en llegar, porque la cafetería está cerca (¿15:15?). Al llegar, les dicen que han subido los detonadores al laboratorio de los Tedax (¿no se hizo inspección ocular ni reportaje videográfico antes de extraer de la furgoneta las evidencias?). Sánchez Manzano sube con sus acompañantes al laboratorio (que está en la planta de arriba) y dice que allí ven 7 detonadores de aluminio y de cobre de fabricación nacional, unos restos de rabiza (¿qué restos de rabiza son ésos?) y un trozo de cartucho de Goma2-ECO como la que los Tedax utilizaban en sus prácticas.
Continúa diciendo el ex-jefe de los Tedax: "Estando allí el Comisario de General Información y los otros dos Comisarios de Información (¿a quién se refiere?), la jefe de laboratorio fue a buscar un… cartucho para compararlo y se comparó en ese mismo momento; por eso se llega a la compara… a la conclusión de que es Goma2, una conclusión provisional, evidentemente. Y en ese momento es cuando ya se empiezan… me parece que se recogen las muestras… se recogen las muestras del resto y del cartucho para llevarlas a Policía Científica."
Por tanto, estamos hablando de que esa reunión, a la que la jefa del laboratorio de los Tedax hace referencia en un escrito enviado al juez Gómez Bermúdez, se debió de producir entre las 15:15 y las 15:45, aproximadamente.
Y sabemos que la reunión acabó antes de las 16:00, porque a esa hora el Comisario General de Información se dirige, junto con el segundo jefe de la Comisaría General de Policía Científica, a la sede de la Policía Científica, portando la cinta coránica "encontrada" en la Kangoo, con el fin de que la traduzcan.
Todo esto nos permite extraer una conclusión muy clara: que todas las decisiones relativas al envío de la famosa muestra patrón a la Policía Científica son muy tempranas: anteriores a las 4 de la tarde del 11-M.
Dos preguntas interesantes: ¿Por qué se decidió en esa reunión enviar a la Policía Científica esas tres muestras (y sólo esas tres muestras)? ¿Y por qué no había nadie de la Policía Científica presente en esa reunión si (como el propio Sánchez Manzano se encargó de dejar claro una y otra vez durante el juicio del 11-M) era la Policía Científica la que se había encargado de inspeccionar la furgoneta?
NOTA: Con respecto a uno de los debates que se ha suscitado en el blog en las últimas fechas, el perito Antonio Iglesias me envía la siguiente aclaración: Alfonso Vega sí les enseñó (aunque no les dio copia) los cromatogramas de las muestras correspondientes al
informe Q1 (es decir, los cromatogramas del resto de explosivo de la Kangoo y de la muestra patrón). Lo que no les quiso enseñar es el cromatograma de la muestra correspondiente al
informe Q2 (el explosivo de la mochila de Vallecas). Y en los cromatogramas del informe Q1, Antonio Iglesias comprobó personalmente la presencia de los respectivos picos de metenamina en ambas muestras.
P.D.: Un curioso artículo de Joan Valls sobre el 11-M aquí, en Libertad Digital:
"La verdad nos hará liebres". El artículo está empapado de una nota de pesimismo que no comparto en absoluto, aunque sí que creo que Valls puede tener razón en algún aspecto. Me explico: creo que es cierto que muchísimas personas preferirían salir corriendo antes que enfrentarse a la verdad del 11-M, porque el "horror vacui" es un poderoso motor.
Pero no creo en absoluto que toda la sociedad comparta ese planteamiento. Hay gente que prefiere mirar para otro lado, hay gente que defiende su derecho a discrepar, hay gente a la que le gusta intentar cambiar las cosas... Como decía el torero al hablar de Ortega y Gasset, "hay gente pa tó". Y cualquier generalización corre el peligro de ser injusta.
Y, en cualquier caso, aún cuando fuera cierto que una mayoría de la sociedad quisiera
activamente pasar página con respecto al 11-M (que no lo creo en absoluto), eso no cambiaría nada. Aplicando ese "pesimismo estadístico" que parece desprenderse del artículo de Valls, ninguna causa digna de ser defendida (por ejemplo, la lucha por los derechos civiles de la minoría negra en los Estados Unidos) habría llegado nunca a triunfar, porque toda causa se enfrenta siempre, de partida, con la incomprensión, la pasividad o la abierta hostilidad sociales. Si no fuera así, si la sociedad ya estuviera
de antemano convencida, ¿para qué haría falta defender causa ninguna? La sociedad sólo puede ser más justa si hay quienes (sean pocos o muchos) se atreven a denunciar la injusticia y se movilizan para acabar con ella.
¿Que hay gente que prefiere ser liebre? Sin ninguna duda. ¿Que nuestros gobernantes querrían que fuéramos todos liebres? Por supuesto. Pero, precisamente por eso, a nosotros nos corresponde entonces intentar transformar al mayor número posible de esas liebres en gatos.
Las causas justas no se defienden
porque vayan a triunfar. Se defienden porque son justas.
28 de Agosto de 2009 - 13:44:33 - Luis del Pino - 95 comentarios
Entregas anteriores:
Guinea: Anatomía de un golpe de estado (I)
Guinea: Anatomía de un golpe de estado (II)
Guinea: Anatomía de un golpe de estado (III)
Guinea: Anatomía de un golpe de estado (IV)
¿Quién buscaba el derrocamiento de Obiang?
A lo largo de los hilos anteriores de esta serie, hemos ido exponiendo los datos conocidos sobre el intento de golpe de estado en Guinea Ecuatorial de marzo de 2004. Pero seguimos sin conocer la respuesta a la pregunta fundamental: ¿quién estaba detrás del golpe de Guinea?
Los golpistas contaban, como ya hemos visto, con complicidades en el interior de Guinea, lo cual explicaría su extraña temeridad y su obstinación en seguir adelante con los planes a pesar de todos los avisos. Pero ese dato sigue sin arrojar ninguna luz sobre la identidad de quienes estaban moviendo los hilos en la sombra. ¿Quién era, exactamente, el que buscaba sustituir a Obiang al frente de ese país que comienza ahora, y desde hace pocos años, a nadar en petróleo?
¿Los americanos? No tendría ningún sentido. ¿Qué interés podía tener Estados Unidos en derrocar a un presidente, Teodoro Obiang, que ya otorgaba un trato exquisito a las empresas americanas? La parte del león de las prospecciones petrolíferas estaba asignada a compañías estadounidenses. Y, de hecho, las relaciones entre la administración Bush y el gobierno de Obiang estaban atravesando por un momento especialmente dulce: el 21 de octubre de 2003 acababa de ser reabierta la embajada de Estados Unidos en Malabo, que había sido cerrada en 1995 por Bill Clinton, como gesto de condena de las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno guineano.
¿Podía ser España quien moviera los hilos? Tampoco tiene sentido, puesto que las empresas españolas ya participaban en los esfuerzos de prospección en aguas de Guinea. Además, como en el caso de Estados Unidos, las relaciones de España con Guinea se habían por fin normalizado después de muchos años de desencuentros. De hecho, ya hemos visto que el gobierno español acababa de firmar un nuevo acuerdo de cooperación con Guinea y no sólo no apoyaba la intentona golpista, sino que se movilizó para intentar desbaratarla.
¿Los ingleses? A eso parece apuntar la nacionalidad del jefe de la operación mercenaria, Simon Mann, y de algunos de los "inversores" del proyecto. Sin embargo, si nos fijamos en el perfil de esos "inversores" británicos, lo que sorprende es que todos ellos, salvo Eli Calil, eran más bien gente de medio pelo, incluyendo el hijo pródigo de Margaret Thatcher, que no es precisamente un cerebro de la política, ni de las finanzas. Además, resulta difícil de creer que el Reino Unido organizara en Guinea un golpe, no ya sin contar con el beneplácito de los Estados Unidos, sino directamente en contra de los intereses americanos.
¿Podía ser entonces, como el propio Obiang le dijo al gobierno español, un golpe de estado pro-francés? Desde el punto de vista estricto de los intereses nacionales, Francia era, desde luego, quien más tenía que ganar. Y a esa posibilidad parecen apuntar las conexiones de la familia Salaami con Gabón. Sin embargo, eso no cuadraría, de nuevo, con la importante presencia de personajes británicos en la intentona.
¿Qué sentido tiene todo este galimatías? ¿Tal vez nos estamos perdiendo algún dato crucial? ¿O es que tal vez estamos equivocando el tiro y hay que pensar en otros términos distintos a los de los intereses nacionales?
Para tratar de responder a esa pregunta, volvamos a fijarnos en la persona a la que Simon Mann acusa de ser el principal financiador de la operación: Eli Calil.
El financiero
A la muerte de su padre, en 1970, Eli Calil (que originalmente se llamaba Elie Khalil) y su hermano Bernard heredaron el negocio familiar. Siempre muy elegante, Calil hizo su fortuna, que se calculaba por aquel entonces en unos 200 millones de dólares, negociando con petróleo en países africanos como Nigeria, Angola y Congo-Brazaville. Sus relaciones eran tan magníficas, que llegó a actuar como consejero de los presidentes Sani Abacha (Nigeria), Abdulaye Wade (Senegal), Idriss Deby (Chad) y Denis Sassou Nguesso (Congo).
Como vemos, Eli Calil era un hombre de negocios muy bien introducido en distintos países africanos y con conexiones inmejorables en los países de la órbita francesa.
Eli Calil colaboró activamente con el régimen de Nigeria hasta la muerte de Sani Abacha en 1998, y esa colaboración tan activa le valió algunos problemas judiciales. En los años 2002 y 2003 (es decir, en vísperas del golpe de Guinea Ecuatorial), fue investigado por los tribunales franceses y suizos en relación con dos casos distintos de comisiones ilegales pagadas por empresas petrolíferas francesas: Technip y Elf-Aquitaine. Calil llegó incluso a estar detenido unos días en París, en junio de 2002.
Con respecto al caso Technip, filial de Elf, se investigaba una comisión de 10 millones de dólares presuntamente cobrada por Calil. Por lo que se refiere al caso Elf-Aquitaine, en 2002 se abrió una investigación judicial en París sobre las supuestas comisiones de 190 millones de dólares que la petrolera francesa habría hecho llegar al círculo del dictador nigeriano Sani Abacha cuando éste llegó al poder en 1995, para obtener derechos de prospección. Philippe Jaffre, el entonces consejero delegado de Elf Aquitaine, confirmó los pagos durante la instrucción del caso y también reveló que algunos intermediarios podrían haberse embolsado un total de 70 millones de dólares.
Esos intermediarios, que fueron procesados en septiembre de 2002, eran los empresarios libaneses Gilbert Chagouri, Eli Calil y Samir Traboulsi, este último excelentemente relacionado con el Partido Socialista Francés y que ya había sido investigado por otros dos escándalos: el de Pechiney y el de Societé Generale. Los pagos de Elf se habrían realizado a través de las empresas Grutness NTB y Satcab Inc.
Esas investigaciones judiciales se terminarían cerrando en marzo de 2007 por falta de pruebas, pero en diciembre de 2003 (en las fechas en que el golpe de Guinea Ecuatorial se estaba gestando), la labor investigadora de la justicia francesa estaba en pleno apogeo, con el análisis de la documentación de Rivunion, la filial suiza de Elf.
Gente bien conectada
Repasemos de nuevo entonces, a la luz de estos datos, lo que conocemos acerca del golpe. Si los datos proporcionados por Simon Mann son ciertos, el principal financiador de la intentona sería alguien (Eli Calil) excelentemente relacionado con políticos británicos tanto conservadores como laboristas y que contaba, él mismo, con nacionalidad británica. Pero, al mismo tiempo, Calil estaba excelentemente conectado con casi todos los gobiernos de la francofonía africana, ya había hecho negocios anteriormente con las petroleras francesas y la gente de su círculo contaba con excelentes relaciones con el Partido Socialista Francés.
Además, era alguien que en vísperas del golpe tenía una espada de Damocles judicial en Francia pendiendo sobre su cabeza, debido a casos anteriores de presuntas comisiones ilegales.
¿Resulta creíble que franceses o británicos eligieran para dirigir un golpe de estado en Guinea Ecuatorial a alguien que estaba siendo sometido a escrutinio por la justicia francesa? Me cuesta creerlo. Parece mucho más verosímil la hipótesis de que fuera el propio Calil quien se sintiera tentado de huir hacia adelante y utilizar aquella intentona para negociar su horizonte penal.
¿Por qué tenemos que buscar la larga mano de los servicios secretos de un país u otro detrás de la fracasada operación de Guinea? ¿No podría ser que ese golpe (como tantos otros en otras partes del mundo) hubiera sido organizado, simplemente, por una serie de empresarios sin escrúpulos, actuando por su cuenta y riesgo, al margen de cualquier interés que no fuera el meramente personal y crematístico?
Mirémoslo de otro modo. ¿Quién se hubiera beneficiado en caso de que el golpe de Guinea Ecuatorial hubiera triunfado? A los financiadores británicos se les habría prometido, según Simon Mann, un determinado retorno de inversión. A los mercenarios, un pago por sus servicios. Pero quienes de verdad habrían salido beneficiados hubieran sido una serie de personas particulares (fundamentalmente Eli Calil, Simon Mann y Mohamed Salaami, si nos creemos la "verdad judicial" hasta ahora conocida), que hubieran podido hacer y deshacer a su antojo en el nuevo gobierno guineano. Y que hubieran podido negociar los contratos petrolíferos con las empresas y países que quisieran. Tal vez con todos a la vez.
En otras palabras: si el golpe hubiera triunfado, ¿para qué país hubieran sido los contratos petrolíferos? Probablemente para el que más hubiera pagado. Desde esta perspectiva, el golpe de Guinea no habría sido otra cosa que una aventura privada. Una aventura en la que el objetivo principal sería colocar a un títere al frente del gobierno, para luego controlar los contratos de prospección.
Pero, para que la aventura no fracasara, se buscaron apoyos en todas las partes posibles. Y, de la misma manera que los golpistas sondearon a España, a Reino Unido y a Estados Unidos, es de suponer que hicieran lo mismo con Francia. Y es posible imaginar que los servicios de información de alguno de esos países (por ejemplo Francia o Gran Bretaña) pudieran dejar hacer. Pero de ahí a pensar que la idea original del golpe partiera de los franceses o británicos, por ejemplo, hay todo un abismo, y carecemos de cualquier tipo de dato que nos permita cruzarlo. Con los datos existentes, la intentona de Guinea fue una operación fundamentalmente privada.
¿Caso cerrado?
¿Está cerrado, entonces, el caso de Guinea? A falta de nuevos datos, sí.
Sin embargo, hay un aspecto que nos deja una cierta sensación de intranquilidad y es precisamente la actuación de los servicios secretos españoles. Sensación de intranquilidad que se acrecienta por la proximidad temporal de la operación guineana a esa otra fecha, el 11 de marzo de 2004, en la que fue España la que se vio sacudida por un atentado de profundo calado político.
Ya hemos visto en un hilo anterior que el CNI recomendó al gobierno de Aznar apoyar la intentona guineana, y ya hemos visto también cómo la sensación del gobierno popular, a la vista de las explicaciones que el CNI proporcionó, era que les estaban intentando colar algún tipo de gol. El gobierno contestó al CNI que no se apoyaría aquel golpe de estado en Guinea y se movilizó para intentar que la aventura fracasara.
Obsérvese que esa secuencia de acontecimientos indica una profunda anormalidad en el funcionamiento de las estructuras del estado. Que el Gobierno de la Nación no se fíe de su propio servicio secreto es preocupante, pero todavía más preocupante es el hecho de que, no fiándose de su servicio secreto, no haga nada para remediar el problema.
Miremos el asunto desde esta perspectiva: si la desconfianza del gobierno en el CNI era tan grande como para sospechar que podían estar colándoles un gol en el asunto de Guinea, ¿cómo es que esa percepción no fue acompañada, inmediatamente, de una destitución del jefe de los servicios secretos y de una limpieza en profundidad del Centro? ¿Cabe imaginar que el jefe de la CIA, por ejemplo, pudiera durar un minuto en su cargo, en caso de que Obama llegara al convencimiento de que no se fía de él?
Evidentemente, la única respuesta posible a la paradoja de que un gobierno español democráticamente elegido se vea forzado a convivir con unos servicios secretos de los que no se fía es que, en realidad, ni el gobierno controla a los servicios secretos, ni éstos están al servicio del gobierno. Con lo cual, la pregunta obligada es: si el gobierno democráticamente votado no tiene manos libres para organizar nuestros propios servicios de información, ¿a quién sirven, en realidad, los servicios secretos españoles?
Volviendo al tema de Guinea, lo más probable es, de hecho, que la desconfianza del gobierno en el CNI estuviera plenamente justificada. Como comentábamos en el primero de los hilos de esta serie (y según publicó El Mundo en su día), el avión en el que Severo Moto llegó a Bamako el 7 de marzo de 2004, para ponerse al frente del nuevo gobierno que tenía que haber sustituido a Teodoro Obiang, era un King Air 200 pilotado por dos sudafricanos y que salió de Canarias
ilegalmente.
¿Quién autorizó, quién permitió, que ese avión saliera de Canarias con Severo Moto a bordo, si el gobierno español había prohibido apoyar la intentona golpista? ¿Continuó el CNI actuando por su cuenta y riesgo y permitió que Moto viajara hasta Bamako, ignorando las órdenes impartidas por el gobierno de Aznar? Porque supongo que no pretenderán que creamos que el líder opositor guineano viajó de Madrid a Canarias, se montó en un avión pilotado por dos sudafricanos y salió ilegalmente de nuestro país, todo ello sin que los servicios de información españoles se enteraran.
Pero entonces, ¿qué interés podían tener nuestros servicios de información en continuar apoyando (en contra incluso de las órdenes del gobierno) aquella intentona, que era claramente perjudicial para los intereses españoles? ¿A qué intereses servía esa insistencia en desobedecer al gobierno de Aznar? ¿Cuál era el objetivo de esa actuación de nuestros servicios secretos? Porque todas las cosas se hacen por algo.
Ésa es la pregunta del millón, por lo que a nosotros respecta, en lo referente al golpe de estado de Guinea Ecuatorial, esa intentona programada para escasos días antes del 11-M.
Ya sé que debería cerrar esta serie de artículos con respuestas, y no dejando en el aire la pregunta más interesante de todas: pido perdón de antemano a los lectores por esa falta de consideración. Pero mucho me temo que carecemos de datos todavía como para atrevernos a formular ninguna hipótesis.
Tan sólo déjenme los lectores, que son inteligentes, que me despida planteando una última pregunta adicional: asumiendo que no existe ninguna relación directa (que nosotros sepamos) entre el golpe de Guinea y la operación del 11-M, ¿qué "ruido en el sistema" introdujo la intentona guineana, en vísperas de la matanza de Madrid, y qué influencia podría haber tenido ese "ruido en el sistema" en los acontecimientos posteriores que España habría de vivir?
25 de Agosto de 2009 - 18:25:04 - Luis del Pino - 168 comentarios
El auto del juez Velasco conocido hoy, en el que
vuelve a rechazar las solicitudes de diligencias de investigación presentadas por la familia Moris, y a las que se había adherido la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, demuestra que la Audiencia Nacional, lejos de ser un órgano encargado de administrar justicia en materia antiterrorista, se ha convertido en un instrumento más de nuestra clase política a la hora de intentar enterrar definitivamente el 11-M.
Es la segunda vez que esas diligencias se rechazan. Y en ambas ocasiones queda patente cómo los sucesivos jueces a quienes toca en suerte lidiar con este toro recurren a todo tipo de argumentos formales para rechazar las pretensiones de las víctimas y evitar entrar en el fondo de la cuestión.
La vez anterior, la Audiencia
dejó pasar la friolera de 18 meses antes de contestar a la solicitud de los Moris, para al final descolgarse con un auto en el que el juez Pablo Ruz rechazaba esas diligencias por "inútiles, perjudiciales y dilatorias". ¿Dilatorias, cuando la propia Audiencia había tardado año y medio en contestar?
En esta ocasión, la Audiencia sólo ha tardado seis meses en volver a denegar esas diligencias, pero en esta ocasión el argumento principal al que se agarra el juez Eloy Velasco es que ya hay una sentencia firme sobre el 11-M y, en concreto, sobre el tema de los explosivos.
Obsérvese la jugada: cuando los Moris presentaron inicialmente sus solicitudes de diligencias, ni siquiera había emitido sentencia el juez Gómez Bermúdez. O sea, no es que no hubiera sentencia firme: es que no había ni siquiera sentencia. Y la razón de que ahora sí exista esa sentencia firme a la que se agarra el juez Velasco para rechazar las diligencias es, precisamente, el retraso de dos años con el que la propia Audiencia ha tratado esas solicitudes.
Hay que reconocer que la jugada es muy efectiva: si hacemos eso en todos los procesos penales (retrasar la contestación a las partes hasta que haya una sentencia firme), podemos ahorrarnos un montón de trabajo, rechazando por la cara todas las solicitudes de diligencias, con el argumento de que ya no tienen sentido, por haber sentencia firme. Supongo que el que eso vulnere el derecho a una justicia efectiva es lo de menos para algunos.
Pero tampoco yo debería perderme en disquisiciones formales. Vayamos al fondo de la cuestión.
Falta a la verdad el juez Velasco cuando dice que ya hay una sentencia firme sobre el tema de los explosivos, por la sencilla razón de que la propia sentencia de la Audiencia Nacional recoge explícitamente las dudas sobre si pudieron usarse otros tipos de explosivos, además de la Goma2-ECO, en la masacre. Si la propia sentencia de la Audiencia Nacional admite que pudieron existir otros tipos de explosivos, y si admite (como lo hace) que parte del explosivo pudiera no haber salido de Mina Conchita, ¿en qué se basa el juez Velasco para denegar solicitudes encaminadas a resolver esas dudas que la propia sentencia plantea?
Pero la nueva bofetada propinada a las víctimas del 11-M desde la Audiencia Nacional es todavía más sangrante por el hecho de que se conoce exactamente el mismo día que el juez Velasco da a conocer otra tanda de diligencias que ha ordenado a la Policía, referidas a los marroquíes que supuestamente ayudaron a huir a otros marroquíes que supuestamente ayudaron a los marroquíes que supuestamente se suicidaron en el piso de Leganés (y sobre los cuales el propio Tribunal Supremo dice que no se sabe qué participación pudieron tener en el 11-M).
O sea, que para marear la perdiz y contribuir a la ceremonia de la confusión, construyendo acusaciones contra marroquíes que ni el propio juez Velasco sería capaz de explicar en menos de veinte minutos qué relación tienen con el 11-M, sí hay diligencias de investigación. Pero para averiguar de una vez el arma del crimen y resolver las crecientes dudas sobre qué fue exactamente lo que mató a las 193 víctimas mortales del 11-M, todas las sentencias son firmes y de nuevas diligencias nada, monada.
Aunque hay que reconocer que algo tiene de bueno el auto del juez Velasco: lo clarificador que resulta. Porque permite visualizar como nadie el enroque que se ha producido en lo que al 11-M se refiere. Y ese cierre de filas, ese toque a rebato, es mucho más ilustrativo sobre la verdadera naturaleza del 11-M que cualquier cosa que yo (o cualquier otro periodista) pudiera escribir. ¿Qué hay tan siniestro detrás del 11-M como para que ningún partido político (ni siquiera UPyD) se atreva a salirse del guión y pedir la verdad completa, y como para que ningún juez de la Audiencia Nacional se atreva a remover la fosa séptica en que están sumergidas las investigaciones? ¿Tantas cosas se vendrían abajo el día en que los españoles supieran qué fue lo que sucedió realmente el 11 de marzo de 2004? Porque la otra explicación posible, la de que los trapos sucios se lavan en casa, hace mucho tiempo que me parece demasiado benévola. Más que nada, porque todavía no hemos visto un solo plato limpio.
Yo no sé en qué parará todo esto. Puesto que casi todo el poder del Estado está del lado de quienes pretenden que los españoles sigan viviendo en la mentira oficial, lo más probable es que se salgan con la suya. Y que el 11-M pase al cajón de los misterios históricos sin resolver. Pero lo que ya desde luego no podrán evitar es que entre los españoles anide y crezca la sospecha, la certeza, de que el 11-M fue concebido, planificado, organizado y ejecutado teniendo bien presentes los efectos políticos que la masacre iba a traer consigo. Efectos que los españoles seguimos padeciendo cinco años después.
Y esa presunción de pecado original no abandonará ya nunca a este régimen, mientras no se clarifiquen tanto la matanza, como la ocultación posterior de los verdaderos autores.
23 de Agosto de 2009 - 12:11:38 - Luis del Pino - 160 comentarios
Publica hoy el director de El Mundo una carta en la que lleva a cabo un análisis ciertamente escéptico sobre la crisis que nos afecta, sobre la capacidad del Gobierno para sacarnos de esa crisis y sobre los errores de táctica política en que Zapatero está incurriendo últimamente. Merece la pena leer la carta, porque retrata de modo bastante preciso el desconcierto en que parece estar sumido últimamente el inquilino de La Moncloa.
Sin embargo, hay en la misiva un aspecto que me ha llamado mucho la atención, por cuanto revela una aparente resignación que resulta sorprendente en Pedro J. Ramírez. "Ha quedado claro", dice Pedro J., "que Zapatero no tiene ni los conocimientos, ni la lucidez, ni el coraje necesarios para sacarnos de la crisis", aunque "de momento no hay medio legal de reemplazarlo".
O sea, que tenemos a un compendio de inepcia al frente del Gobierno, pero nos tenemos que aguantar, porque no hay forma legal de sacarle de La Moncloa antes de que él mismo convoque elecciones.
La verdad es que no termino de entender la frase. ¿Cómo que no hay forma legal de reemplazar a Zapatero por el momento? Hasta donde yo sé, España es un estado en el que la Constitución consagra una cierta separación de poderes; en el que Ejecutivo y Legislativo son dos poderes distintos; en el que los diputados no están sujetos al mandato imperativo y en el que el Parlamento es, por tanto, quien elige al Presidente del Gobierno con total libertad. En consecuencia, por supuesto que existen formas legales de echar a un presidente inepto de La Moncloa, fórmulas perfectamente democráticas y completamente ajustadas a nuestro ordenamiento constitucional.
Existe un mecanismo denominado moción de censura, mediante el cual el Parlamento puede forzar la salida del Presidente del Gobierno. Y no son sólo los diputados populares los que están autorizados a votar a favor de esa moción: puesto que no existe mandato imperativo, todos y cada uno de los diputados socialistas pueden, cuando quieran, ejercer su derecho a contribuir a que Zapatero sea desalojado de un puesto para el que no está cualificado. Es más: legalmente hablando, lo que no es admisible es que los diputados socialistas tengan, por sistema, que respaldar al presidente del gobierno socialista. Porque eso es imponer, en la práctica, un mandato imperativo que la propia Constitución prohibe.
De hecho, si se admite "porque sí" que los diputados socialistas no van a contribuir nunca a desalojar de La Moncloa a nuestro inepto presidente (por el hecho de que es de su partido), entonces la responsabilidad de lo que suceda - la responsabilidad de que España se hunda todavía más en la crisis económica que nos aqueja - será también exigible a esos diputados, no sólo a Zapatero. Porque cuando uno tiene en su mano la posibilidad de arreglar las cosas (retirando el respaldo a Zapatero) y no lo hace, está haciéndose corresponsable de lo que Zapatero haga. Si Zapatero es el problema, entonces todos los diputados (socialistas y populares) están obligados a acabar con el problema cuanto antes. Y pueden hacerlo.
¿Estamos verdaderamente ante una crisis de dimensiones colosales? ¿Está verdaderamente Zapatero incapacitado para afrontar esa crisis? ¿Existe el riesgo de que la situación se vuelva insostenible si no se afronta la crisis de manera adecuada? Si la respuesta a estas tres preguntas es sí, entonces estamos ante una situación de emergencia nacional. Y todos deberíamos empezar a exigir a los diputados del PSOE que apliquen las soluciones que tienen a su alcance para hacer frente a la emergencia.
Si realmente estamos convencidos de que Zapatero está incapacitado para pilotar la nave del Estado en mitad de esta "tormenta perfecta" que amenaza con argentinizar nuestra economía, entonces todos deberíamos exigir, por coherencia, que los diputados socialistas sumen sus votos a los populares para forzar la sustitución del timonel. Se le puede sustituir por otro presidente socialista o por uno popular, eso da lo mismo. Y ese nuevo presidente puede prolongar su mandato hasta el fin de legislatura o puede convocar elecciones con carácter inmediato. Eso da también igual.
Pero lo que no podemos es decir que Zapatero es un completo incapaz y, al mismo tiempo, permitir que se crucen de brazos los únicos españoles (nuestros diputados) que tienen en su mano solucionar el problema, aplicando mecanismos que nuestra Constitución recoge de manera expresa. Porque, si no denunciamos esa dejación de funciones de nuestros diputados, si aceptamos resignados que se renuncie a posibles soluciones, entonces también estaremos nosotros haciéndonos corresponsables del problema.
Legalmente hablando, Zapatero no es el único que tiene en su mano forzar la convocatoria anticipada de elecciones. No le otorguemos, por tanto, un poder que la propia Constitución no le reconoce. Exijamos que el Parlamento se comporte de una vez como tal y que los diputados cumplan con su obligación de representar la soberanía popular. De representar no a sus respectivos partidos, sino a los españoles. Esos españoles sobre cuyas espaldas está cayendo el peso de una crisis que Zapatero no está haciendo sino ahondar.
21 de Agosto de 2009 - 11:28:13 - Luis del Pino - 107 comentarios
El juez Velasco ha hecho público un auto en el que
abre otro sumario contra 7 personas que ayudaron a huir de España a Mohamed Afalah, Daoud Ouhnane, Said Berraj, Mohamed Belhadj, Abdelilah Hriz y Otman El Mouib.
De esos seis "huidos", Velasco sólo dice que están "implicados" en el 11-M y ni siquiera detalla en qué consiste esa implicación, pero la mayoría de los medios de comunicación, al presentar la noticia, hablan de los 7 nuevos imputados diciendo que ayudaron a huir a los "autores del 11-M".
¿Autores del 11-M? ¿Y en qué consistió, exactamente, su "autoría"? ¿Pusieron bombas? ¿Montaron los dispositivos? ¿Hicieron de chófer para los que pusieron las bombas? ¿Sería alguien capaz de decirme en qué consistió, concretamente, la participación de Afalah, Berraj, Ouhnane, Belhadj, Hriz o Mouib en la masacre de Atocha? Y si nadie es capaz de detallar esa participación, ¿de qué se supone que son responsables los 7 nuevos imputados? ¿De ayudar a huir a seis personas cuya participación concreta en la masacre de Madrid desconocemos?
De nuevo nos encontramos con la misma jugada que la Audiencia Nacional lleva cinco años practicando en relación con el 11-M: la construcción de acusaciones contra una serie de personas (en este caso, los 7 nuevos imputados) a partir de su relación con otras personas (en este caso, los seis "huidos") cuya implicación en los hechos se deja siempre en la nebulosa.
Ya se utilizó esa técnica durante la instrucción del sumario principal, por ejemplo, a la hora de construir acusaciones contra determinados individuos por su relación con el piso de Leganés o con sus habitantes. Sin embargo, luego llegó el Tribunal Supremo y dejó claro en su sentencia que no se puede determinar qué grado de implicación en la masacre tenían los supuestos suicidas de Leganés. Con lo que la pregunta es: ¿y entonces qué pasa con esas acusaciones contra determinadas personas, que se basaban en su relación con esos supuestos suicidas?
Y, de hecho, se produce un encadenamiento realmente sorprendente a la hora de aplicar esa técnica de acusación. En concreto, tomemos el caso de uno de los seis "huidos" que el juez Velasco menciona: Mohamed Afalah. Su supuesta implicación en la matanza deriva de su relación con el alquiler del piso de Leganés. Pero si no sabemos cuál es la implicación de los supuestos suicidas de Leganés en la matanza, entonces ¿de qué se acusa a Afalah? ¿De ayudar con el alquiler de un piso a siete tíos cuya relación con la matanza está todavía por determinar? Y entonces, ¿de qué estamos acusando a los 7 nuevos imputados? ¿De ayudar a huir a un tío (Afalah) que ayudó con el asunto de los alquileres a otros siete tíos (los de Leganés) cuya implicación real en la matanza desconocemos?
Para completar el cúmulo de despropósitos, El Mundo revela hoy un dato particularmente interesante: uno de los siete nuevos imputados por el juez Velasco (Abdelaziz El Morabit) coincide, en nombre y apellido, con un sujeto que fue indultado por el Gobierno de Zapatero en enero de este año, de modo que pudo salir de la cárcel donde estaba cumpliendo una pena por tráfico de droga. Si de verdad se tratara del mismo sujeto, estaríamos, de nuevo, ante otro escándalo más, por cuanto ya tendríamos el primer "huido" en condiciones sospechosas, de entre los miembros de esa trama acusada de ayudar a "huir" en condiciones sospechosas a otros supuestos "implicados".
El único aspecto positivo es que el juez Velasco ha levantado el secreto de sumario (¡dos años después del juicio!) sobre la pieza de investigación que tenía abierta sobre el 11-M. Esperemos a ver qué sorpresas nos depara esa documentación.
Mientras tanto, me permito lanzar un reto a los medios que continúan defendiendo la versión oficial de los atentados. De los seis "huidos" que el juez Velasco menciona, dos están en la cárcel en Marruecos: uno es el "suicida resucitado", Mohamed Belhadj, que apareció vivo en Marruecos después de que nos dijeran que podía haber muerto en un atentado suicida en Irak; y el otro es Abdelilah Hriz, a quien se ha juzgado en Marruecos (sin presencia de las acusaciones españolas, por supuesto) y a quien se ha condenado allí por su "participación" en el 11-M.
¿Podría algún periodista de alguno de esos medios de comunicación que todavía difunden la trola islámica del 11-M detallarnos a todos en qué consistió, exactamente, la "participación" del condenado Abdelilah Hriz en la masacre de Atocha? Estando condenado en Marruecos, debería ser sencillo obtener un "relato de los hechos" que nos diga qué fue exactamente lo que hizo ese sujeto, ¿no?
Y me voy a permitir también lanzar una pregunta a todo el mundo: ¿a qué creen ustedes que se debe que todos los supuestos nuevos "implicados" que van apareciendo en los dos últimos años estén relacionados con personas que están en paradero desconocido y cuya participación concreta en la masacre se desconoce? ¿Cómo es posible que no aparezca ningún nuevo implicado que esté relacionado con las únicas tres personas que la Justicia sí ha condenado, de forma concreta y detallada, como "autores" del 11-M: Trashorras, Zougham y El Gnaoui? En otras palabras: ¿por qué la Audiencia Nacional parece haber dedicado estos dos años a tirar de hilos enormemente difusos, mientras que de los hilos concretos parece no querer tirar?
Si fuera mal pensado, diría que parece que lo único que se pretende, en realidad, es tener un poquito de carnaza (en forma de nombres marroquíes que nadie recordará pasados diez minutos), para arrojar de vez en cuando a una opinión pública cada vez más escamada con la patraña islamista.
20 de Agosto de 2009 - 11:45:36 - Luis del Pino - 91 comentarios
Publicaba Gabriel Moris hace unos días un nuevo artículo, de sugerente título, cuya lectura me permito recomendar y en el que repasaba las últimas noticias sobre el 11-M:
No está claro. Se mueve
Tiene razón Gabriel: las cosas se mueven. Y a medida que aumente el grado de descomposición de la situación actual, se moverán aún más.
A lo largo de las últimas semanas se han producido diversos acontecimientos que permiten vislumbrar una auténtica marea de fondo. Marea que probablemente no es sino la resaca del propio oleaje que se percibe en la situación política.
En el frente judicial del 11-M, por ejemplo, resulta sorprendente la forma en que el comisario Sánchez Manzano
ha eludido su declaración ante el juez. Se suponía que el ex-jefe de los Tedax estaba indignado porque su labor durante las investigaciones del 11-M había sido puesta en cuestión. Tan indignado estaba, que se había querellado contra todo bicho viviente, incluyendo a varios periodistas y a la Plataforma Ciudadana Peones Negros.
Y a la hora de la verdad, cuando se le brinda la ocasión de dar explicaciones exhaustivas sobre su comportamiento después del 11-M, en el marco de la querella presentada contra él por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, resulta que no comparece porque, según dicen, no se le ha podido notificar la citación, al estar de crucero por Turquía.
Luego nos enteramos por el periódico El Mundo de que volvió del crucero,
según dos testigos distintos, quince días antes de su prevista comparecencia, a pesar de lo cual no se dio por enterado de que debía comparecer. Y no compareció. Con lo cual, nos quedan dos opciones:
a) creernos que Sánchez Manzano no lee los periódicos, ni habla con su abogado, de modo que es de las pocas personas en España que no se enteró de que debía declarar ante el juez el pasado 10 de agosto.
b) sospechar que lo que se ha producido es una maniobra dilatoria, probablemente por consejo de sus abogados, con el fin de conseguir comparecer ante el juez unos días después de su subordinada, la jefa del laboratorio de los Tedax, a fin de conocer lo declarado por ésta.
Que Sánchez Manzano empiece a recurrir de entrada a las maniobras dilatorias indicaría que algo no marcha bien, que no las tendría todas consigo. ¿Para qué necesitaría, si no, conocer las declaraciones de su subordinada antes de declarar él mismo? Si tan impecable fue su actuación a raíz de los atentados del 11-M, ¿no bastaría con que contara, simplemente, en qué consistió exactamente esa actuación? ¿O es que a quien se pretende proteger con esas maniobras es a otros y no a Sánchez Manzano?
Personalmente, tengo la sensación de que al ex-jefe de los Tedax le están manipulando de forma bastante poco sutil. Y de que le han empujado a una vía en la que, al final, van a conseguir endosarle a él el marrón y utilizarle como chivo expiatorio.
Como ya he dicho en otras ocasiones, no creo en absoluto que Sánchez Manzano sea el malo oficial de la película. Si algo hizo mal, lo haría cumpliendo órdenes de otros. Dudo de que ni él, ni su subordinada, la jefa del laboratorio de los Tedax, decidieran por su cuenta y riesgo, por ejemplo, no incorporar los análisis de los focos de explosión al sumario del 11-M. El problema para ambos es que ya han tenido dos ocasiones, primero ante el juez Del Olmo y después ante Gómez Bermúdez, de explicarnos a todos los españoles qué órdenes recibieron y por parte de quién. Y las dos oportunidades las han desaprovechado, quizá porque hay algunas otras personas que están haciendo todo lo posible por que las desaprovechen.
Aunque, en realidad, tal vez no las hayan desaprovechado tanto. Hablábamos el otro día de esa auténtica
"reunión en la cumbre" en la que al parecer se decidió el envío de las dos muestras de Goma2-ECO a la Policía Científica. Es la propia jefa de laboratorio de los Tedax la que se encargó de informar a Gómez Bermúdez sobre los asistentes a esa reunión. ¿Estaba con ello ya apuntando hacia quienes se encargaron de dar las órdenes pertinentes? Eso parece.
El otro día, en su declaración, la jefa del laboratorio de los Tedax descargó la responsabilidad de la toma de ciertas decisiones en su superior inmediato, el comisario Sánchez Manzano. Y proporcionó algunas otras informaciones interesantes. Reconoció, por ejemplo, haber analizado frotis de algunos de los focos de explosión, frotis de los que no existe rastro ni en los informes sobre explosivos incorporados al sumario, ni en la lista de muestras de la prueba pericial celebrada en el juicio. Vamos progresando: empiezan a aparecer referencias a algunas de las muestras que forzosamente se tuvieron que recoger en los trenes y de las que, sin embargo, todavía no se había dado cumplida cuenta.
Tal vez por eso, porque esas declaraciones ante la jueza encargada de la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M no son un mero trámite, sino que pueden aclarar muchos aspectos todavía oscuros de lo sucedido después del atentado, cabe esperar que en las próximas semanas se produzca algún tipo de movimiento. Alguna jugada destinada a restaurar en Sánchez Manzano la confianza en quienes le aconsejan. Una confianza que quizá haya empezado a perder.
Estén atentos a sus pantallas, porque quizá irrumpa en el ruedo, en vísperas de la declaración de Sánchez Manzano, algún personaje que ya ha salido al quite en otras ocasiones. A eso apuntan, al menos, algunas informaciones que nos llegan.
P.D. 1: Me envía Gabriel Moris algunas observaciones bastante pertinentes sobre esa "reunión en la cumbre" a la que antes hacíamos referencia:
1) ¿Es habitual el envío por parte de los Tedax de muestras patrón a la policía Científica cuando solicitan el análisis de explosivos a la misma?.
2) ¿ Por qué llaman “muestra patrón” a una muestra de la que no tienen certificado de análisis?. En caso de que fuera “muestra patrón” deberían haber adjuntado dicho certificado.
3) No se comprende que por parte de los Tedax se mandaran tres muestras a la Policía Científica, de las cuales dos no procedían de los focos de explosión.
4) Resulta ilógico que en el mayor atentado de la historia de España no aparezcan los análisis de las muestras realizados por los Tedax, ni que las veintitrés muestras enviadas a la pericial del juicio fueran muestras no válidas analíticamente, ni por su estado, ya que estaban lavadas, ni por la cantidad de materia susceptible de análisis, ya que la muestra más cuantiosa no superaba los 0,1 gr. Se considera muestra analizable la que tiene 5gr. de materia.
P.D. 2: Al hilo de lo que comentábamos en el hilo anterior, me permito recomendar la lectura de un acertado artículo de Carlos Ruiz Miguel sobre las deliberaciones del Tribunal Constitucional acerca del Estatuto de Cataluña. Deliberaciones que podrían estar incumpliendo, desde hace ya muchos meses, la Ley Orgánica del Poder Judicial:
La Presidenta del TC impide que se anule el Estatuto catalán
Todo el golpe de régimen que estamos sufriendo pivota alrededor del Estatuto catalán, para aprobar el cual se están incumpliendo hasta las normas más elementales de procedimiento. Por no hablar del escándalo que supone
que se prorrogara en su día artificialmente el mandato de la presidenta del propio tribunal.
Fíjense en lo peculiar de la situación: la constitucionalidad del Estatuto catalán va a ser determinada por un tribunal que está presidido por alguien cuyo mandato se prorrogó de forma inconstitucional y que permite que la sentencia se elabore en flagrante contradicción con la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Cabe mayor acumulación de aberraciones jurídicas?
¡Y encima nos quejamos de lo que hace Chávez en Venezuela! A nuestro lado, el gorila rojo es un émulo de Montesquieu.
18 de Agosto de 2009 - 19:55:38 - Luis del Pino - 130 comentarios
La expresión "golpe de estado permanente" fue utilizada por Francois Mitterrand en 1964 como título de un libro, para describir la forma de gobernar del general Charles de Gaulle. La verdad es que no se me ocurre un término mejor para describir la situación en España desde el 11 de marzo de 2004.
Recientemente, el ministro de Justicia,
Francisco Caamaño, ha efectuado unas declaraciones en las que venía a abogar porque el Tribunal Constitucional convalide el ilegal estatuto de Cataluña, argumentando que lleva aplicándose más de dos años sin que ello haya causado ningún problema. Por lo que se ve, al ministro de Justicia español no le parece que sea un problema el que se lleve dos años violentando los derechos individuales de los catalanes, y de todos los ciudadanos españoles, en materia lingüística o de educación. Como tampoco le parece un problema que se vacíe de contenido la Constitución española, al reconocer el carácter de nación para Cataluña o al consagrar las relaciones bilaterales entre Cataluña y España. Vamos, que al ministro de Justicia le parece de perlas el que con una norma de rango inferior se enmiende la Constitución por la vía de los hechos consumados.
Si las tomamos aisladamente, las declaraciones de Caamaño resultan sencillamente incomprensibles, por cuanto el ministro de Justicia está conscientemente incumpliendo una de las obligaciones de su cargo, que es velar porque las leyes, y en particular la principal de todas, la Constitución, se respeten y se cumplan. Pero si ponemos las palabras de Caamaño en el contexto de otras declaraciones y sucesos recientes, se entiende perfectamente que nos encontramos ante una ofensiva coordinada para resucitar la Hoja de Ruta que la presión popular obligó a aparcar en la anterior legislatura. Ya anunciamos en este blog que esa hoja de ruta se retomaba a la vuelta del verano de 2009 y mucho me temo que hemos acertado de pleno.
Casi todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas apunta directamente a lo mismo. Por un lado, asistimos a una resurrección de la presión terrorista, con dos nuevos asesinatos incluidos, para que no olvidemos que el problema territorial sigue ahí. ¿Cómo podría alguien vendernos, de otro modo, la destrucción constitucional, si no es ofreciéndonos a cambio el "fin" del terrorismo, mediante algún proceso "negociado" de abandono de las armas? ¿Y cómo podrían vendernos el abandono de las armas de un grupo terrorista, si éste no se hiciera patente mediante la sangre y el terror? "Poner muertos encima de la mesa de negociación", se llama esa jugada tantas veces repetida.
En paralelo, asistimos a una sucesión de declaraciones destinadas a vender entre la opinión pública la idea de que la Constitución lo admite todo, incluido ese estatuto catalán que la pervierte. Así, a las declaraciones del ministro Caamaño hemos de sumar las del presidente de la Audiencia Nacional,
Angel Juanes, que afirmaba hace pocos días que la sentencia del Constitucional sobre el estatuto de Cataluña conllevará una "nueva interpretación de la Constitución". O sea, modificación constitucional al canto, pero sin preguntarnos a los españoles en un referendum, como sería obligado, qué nos parece la jugada.
Y en una perfecta estrategia de pinza, esas declaraciones se complementan con un aumento de la presión desde los grupos independentistas, encabezados por ERC, para tratar de que en la calle se visualice un movimiento social en favor del Estatuto. La única jugada que les falta por poner en marcha, para terminar de agotar la panoplia de herramientas tradicionales, es alguna campaña contra la Monarquía, destinada a ver si así los españoles renunciamos más fácilmente a la Nación, con tal de salvar la Corona. Ya les hemos visto utilizar esa técnica pavloviana de manipulación otras veces.
España está inmersa, desde el 11 de marzo de 2004, en un proceso ilegal e ilegítimo de destrucción de la Constitución del 78, esa constitución aprobada por una abrumadora mayoría de los ciudadanos. En Cataluña, sin ir más lejos, el 91% de los votantes (el 55% del censo electoral) dijo sí a la Constitución. Y ahora se pretende sustituir esa Constitución por la vía interpretativa, utilizando para ello un Estatuto que sólo contó con el respaldo de uno de cada tres catalanes. Es decir, se nos hurta a todos los españoles la posibilidad de manifestar nuestra opinión sobre esa derogación de facto de la Constitución y encima se hace eso utilizando un estatuto que tiene menos respaldo entre los catalanes que la propia Constitución.
Resulta evidente que a lo que estamos asistiendo es a una quiebra absoluta del régimen de legalidad, lo que hace imperativo que nos preparemos para nuevas movilizaciones. Porque desgraciadamente, cuando el Poder está dispuesto a saltarse la Ley a la torera, cuando a lo que nos enfrentamos es a un golpe de estado permanente, destinado a sustituir la democracia real por una apariencia de democracia, lo único que queda es la resistencia democrática y cívica. Sólo la presión de la calle podrá doblarle la mano a quienes no atienden a argumentos, ni están dispuesto a moverse dentro del marco de legalidad, ni respetan las reglas del juego democrático.
De nosotros, de los ciudadanos, depende el paralizar de nuevo esa Hoja de Ruta que nos quieren imponer.
5 de Agosto de 2009 - 21:06:08 - Luis del Pino - 877 comentarios
Libertad Digital publicaba el otro día la noticia de que ya se conocen los
resultados de la encuesta sobre la lengua vehicular de enseñanza que el gobierno gallego ha realizado entre los padres. Los resultados completos de la encuesta son los siguientes:
EDUCACIÓN INFANTIL
¿En qué idioma quieren los padres que aprendan a escribir sus hijos?
| En los dos |
53,3% |
| Sólo en castellano |
37% |
| Sólo en gallego |
8,7% |
EDUCACIÓN PRIMARIA
¿Qué lengua vehicular prefieren que se utilice para las materias troncales?
| Sólo el castellano |
37,6% |
| Mayoritariamente el castellano |
17% |
| Las dos lenguas |
26,6% |
| Mayoritariamente el gallego |
5,8% |
| Sólo el gallego |
12,5% |
EDUCACIÓN SECUNDARIA
¿Qué lengua vehicular prefieren que se utilice para las materias troncales?
| Sólo el castellano |
33,8% |
| Mayoritariamente el castellano |
14,7% |
| Las dos lenguas |
23,6% |
| Mayoritariamente el gallego |
7,7% |
| Sólo el gallego |
19,8% |
Es decir, los resultados de la encuesta muestran claramente que la gran mayoría de los padres gallegos:
- quieren que sus hijos aprendan a escribir en los dos idiomas
- pero quieren que sus hijos reciban la enseñanza exclusiva o mayoritariamente en castellano
Ante eso, el responsable lingüístico de la Junta de Galicia, Anxo Lorenzo, ha declarado que "queda por hacer una importante labor para la consolidación de la convivencia lingüística, ya que en las etapas de Primaria y Secundaria el gallego no se percibe aún tan útil como el castellano".
Repitamos la frase, por si a alguno se le ha escapado el matiz: "el gallego no se percibe AUN tan importante como el castellano".
A veces, una sola palabra contiene todo un discurso. Un solo adverbio puede bastar para plantear todo un programa de acción política. Lo que ese adverbio, "aún", expresa en boca del señor Anxo Lorenzo refleja con una inigualable precisión el problema lingüístico en España y, en concreto, en Galicia.
Porque con ese "aún", el señor Lorenzo está diciendo muchísimo. Está diciendo que los padres gallegos perciben que el gallego es menos útil que el castellano, pero que eso es una anomalía que alguien tiene que corregir.
En lugar de determinar simplemente con la encuesta la voluntad de los padres y ajustar la acción de gobierno a sus preferencias, es preciso además actuar para moldear esas preferencias, porque no se corresponden con el ideal que alguien ha fijado. De esa forma, con esa actuación de los poderes públicos destinada a enseñar a los padres
lo que tienen que preferir, podremos algún día llegar a que el gallego YA NO se perciba como menos útil que el castellano.
Si nos fijamos, la transición democrática española no ha sido otra cosa que un inmenso "aún" en el que una casta política, formada por innumerables señores Lorenzo, se ha dedicado no a determinar los deseos de la ciudadanía y a servir a esos deseos, sino a irlos moldeando, de acuerdo con un programa de lenta desaparición del Estado central.
Si las autonomías "aún" no se perciben como útiles, una campaña de imagen y podemos conseguir que se perciban como utilísimas. Si nadie habla la lengua co-oficial en extensas zonas de una comunidad, ponemos en marcha un plan de nomalización y asunto resuelto. Si hay gente que se resiste a rotular en algo que no sea castellano, aplicamos medidas coactivas y nos fumamos un puro... Todo cuanto sea necesario para que los gobernados perciban la realidad como los gobernantes quieren que la perciban.
Y yo lo que me pregunto es: ¿hasta cuándo vamos a estar tolerando que los ingenieros sociales de nuestra casta política nos digan cómo tenemos que ver la realidad?
¿Cuándo vamos a aprender a decirles cómo la tienen que ver ellos, dado que somos nosotros los que les pagamos el sueldo?
4 de Agosto de 2009 - 13:08:23 - Luis del Pino - 73 comentarios
Hoy se cumplen siete años del asesinato de Silvia Martínez. Tenía tan sólo seis cuando ETA, ese brazo armado del nacionalismo, le arrancó la vida, al atentar contra la casa cuartel de Santa Pola.
Si todos los asesinatos son repugnantes, el de un niño nos parece siempre mucho más incomprensible, mucho más inhumano. Somos incapaces de imaginar cómo alguien puede asesinar a un niño sin que la vida se le vuelva después insoportable.
Esta tarde, a las 20:00, se celebrará un
acto de homenaje a Silvia, y a todas las víctimas del terrorismo, en la Plaza de la Diputación de Santa Pola, delante del mismo cuartel contra el que los asesinos de ETA atentaran hace siete años. Es un buen momento para que todos aquellos que puedan se acerquen a participar en la ofrenda floral o a encender una vela en recuerdo de quienes han dado su vida por defender las libertades de todos. Y es un buen momento precisamente porque las cosas no pintan nada bien.
Esta mañana entrevistaban a Toñi Santiago, la madre de Silvia, en La Mañana de Cope, y Toñi manifestaba su escepticismo ante la actitud que la clase política vaya a adoptar en el futuro con respecto al terrorismo. En un aniversario como el de hoy, me gustaría poder transmitirle a Toñi algo de esperanza, me gustaría poder decirle que todos los partidos políticos van a comprometerse por fin a derrotar a ETA. Pero desgraciadamente no puedo. Porque yo, como Toñi, tampoco me creo ya nada.
¿Podemos de verdad esperar algo de quienes no tuvieron reparo en fotografiarse dialogando con los mismos líderes batasunos que en su día se negaron a condenar el asesinato de Silvia? El atentado contra los dos guardias civiles en Mallorca ha vuelto a provocar una auténtica catarata de contundentes declaraciones de los líderes políticos. ¿Y qué? ¿Acaso no son las mismas declaraciones, trasladadas en el tiempo, que ya oímos después del asesinato anterior? Y todo sigue en las mismas.
El gobierno sigue sin desalojar a los terroristas de los ayuntamientos, sigue sin pedir la derogación de la autorización parlamentaria para negociar con los asesinos. ¿Alguien puede aportar alguna razón que lo justifique, además de la obvia: que no les interesa provocar a los batasunos, ni cerrarse la puerta a una futura negociación?
Y lo malo es que el Partido Popular parece haber desertado también del frente de la resistencia, desde el momento en que Rajoy dice respaldar sin fisuras la política antiterrorista del Gobierno, que, por lo que vemos, consiste en dejar que ETA engorde con el dinero de todos, a través de las arcas municipales. Al final, todo se reduce a eso: ETA nos asesina con nuestro propio dinero, gracias al Gobierno. Y con el silencio cómplice de quienes deberían estar, día sí y día también, exigiendo del Gobierno una guerra sin cuartel contra quienes nos matan.
Es por eso que de la clase política, si no se produce una rectificación en toda regla, ya no cabe esperar nada. Si existe esperanza, que habrá que verlo, está en la ciudadanía. Pronto, a la vuelta del verano, tendremos oportunidad de comprobar si también han logrado acabar con la resistencia cívica o si, por el contrario, la sociedad española tiene aún pulso vital para oponerse al enésimo intento de permitir que los asesinos de Silvia, y de tantos centenares de españoles, se salgan con la suya.
1 de Agosto de 2009 - 21:23:00 - Luis del Pino - 166 comentarios
El 25 de junio de 1975, catorce personas se dirigían a Tegucigalpa, como muchos otros miles, para participar en la Marcha contra el Hambre, que diversas organizaciones campesinas habían convocado para exigir de la dictadura militar hondureña el reparto de tierras improductivas entre los jornaleros. Pero, a diferencia de los otros manifestantes, esas catorce personas jamás llegarían a su destino.
Los sacerdotes Casimiro Cypher e Iván Betancourt; la futura cuñada de este último, María Elena Bolívar, la estudiante Ruth Argentina García Mayorquín y los campesinos y activistas Máximo Aguilera, Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Ramón Roque Andrade, Arnulfo Gómez, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya y Oscar Ovidio Ortiz fueron detenidos en dos acciones separadas y llevados a la hacienda Los Horcones, en el departamento de Olancho.
Allí, después de torturarlos, los catorce fueron asesinados y sus cadáveres arrojados a un pozo de 40 metros, que después se cegó con la explosión de dos cargas de dinamita, en un intento de eliminar las pruebas. Los primeros siete cuerpos tardarían varias semanas en ser rescatados.
Aquel rancho donde tuvo lugar la que desde entonces se conoce en Honduras como "La masacre de Los Horcones" era propiedad de José Manuel Zelaya, terrateniente de Olancho y padre de José Manuel Zelaya, el recientemente depuesto presidente golpista de Honduras.
José Manuel Zelaya padre fue condenado en 1979 a 20 años de cárcel, junto con otros tres partícipes en la masacre, aunque todos ellos salieron a la calle después de cumplir sólo un año de condena, gracias a una amnistía general decretada en 1980.
Evidentemente, los pecados de los padres no tienen por qué recaer sobre los hijos. Pero debo confesar que ver a la izquierda europea movilizada, tratando de ayudar a que un golpista hijo de un torturador acabe con la democracia en Honduras, me resulta de lo más chocante.
O a lo mejor no es tan chocante, vaya usted a saber.
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