Vuelan de un extremo al otro del arco político las bolas de porquería. Jueces con disfraz de escarabajo pelotero acumulan excrementos con los que rellenar las hondas mediáticas de la vanguardia política. Ministros furtivos persiguen opositores con la escopeta judicial en ristre, aprovechando el día de huelga en la Justicia para saltarse leyes que hace mucho que nadie cumple.

La guerra de dossieres ha comenzado. Los partes de bajas anuncian escuetamente los ceses y dimisiones: "Fulanito de Tal, caído gloriosamente por la pasta". Consejeros y ediles madrileños arrojan sus armas y abandonan la trinchera de sus cargos, bajo el fuego graneado de los fusiles garzónicos, que lanzan balas cargadas con sospechas de corrupción. La tela de araña andaluza se rasga, dejando al descubierto las miserias acumuladas durante décadas de régimen nepotista y corruptor. Menudean las acusaciones de espionaje, de aceptación de regalos y sobornos, de celebración de cacerías prevaricadoras e ilegales. Denuncian los policías en Canarias la utilización de la Policía con fines políticos. Celebran los nacionalistas gallegos mítines a traición con viejecitos reunidos a golpe de fondos públicos. Se destapan en Cataluña informes pagados y no realizados. El gobierno gallego malgasta el dinero de todos en decoraciones horteras y costosísimas de nuevo rico. Zapatero entrega a empresas extranjeras nuestro sector energético.

La casta política airea sin recato sus vergüenzas, mostrando el estado comatoso de la democracia española, donde el que no está cogido por sus enjuagues económicos, lo está por sus vicios privados. Y el que no está cogido por nada, prefiere ponerse de perfil para no dejar de salir en la foto, aunque sea de canto.

Mientras tanto, un amigo me comenta que ha tenido que ir a la oficina de paro a las 2 de la madrugada para poder coger turno, después de tres intentos infructuosos de conseguir que le atendieran. Los que llegaron a la cola a las 3, no pudieron hacer otra cosa que escuchar el consabido "vuelva usted mañana". La economía española se hunde, perdido ya todo soporte después del saqueo sistemático de las arcas del Estado. El runrún de rumores de catástrofe sube de intensidad día a día, mientras los fantasmas de corralitos recorren el horizonte, mientras las cajas de ahorro inauguran el rosario de quiebras y mientras ángeles exterminadores con cara de funcionario europeo amenazan con expulsarnos del paraíso del euro.

Donde no hay harina, todo es mohína. Y los buitres se disputan ya los últimos despojos resecos del cadáver de las cuentas públicas. Dentro de poco, comenzaran a sacrificar a los osos mitrofanes del zoológico para poder comer. Y, cuando no queden osos, el último náufrago de la medusa política matará a dossierazos al penúltimo, antes de despedazarlo.

Pero no llores por nosotros, Argentina. No tenemos más que lo que nos merecemos. Aceptamos que nos impusieran una democracia tutelada y hemos terminado quedándonos con tutela y sin democracia.

Lo de la operación Mani Pulite es un juego de niños comparado con lo que nos espera. En Italia, por lo menos había un puñado de jueces honestos dispuestos a emprender la lucha contra la corrupción, mientras que aquí, hasta las altas instancias judiciales pasaron a integrarse en Tangentópolis hace ya mucho tiempo.

Hace falta urgentemente un poco de aire fresco y un mucho de verdadera democracia. La actual casta político-judicial está pidiendo a gritos una enmienda a la totalidad.

P.D.: Imprescindible el artículo publicado por José García Domínguez hace unos días, En tierra de fariseos. Ayuda a entender a qué me refiero al decir que hace falta una enmienda a la totalidad. Desgraciadamente, aquí no se salva ninguna formación política. Absolutamente ninguna.

¿Verdad que sería interesantísimo poder escuchar las conversaciones telefónicas de uno de los supuestos máximos responsables del 11-M antes y después de los atentados de Madrid?

Pues resulta que esas conversaciones existen, al menos en teoría, y sus transcripciones están depositadas en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Publicamos hoy un nuevo capítulo de la serie de Los enigmas del 11-M, en el que se narra la peculiar historia de los teléfonos supuestamente usados por El Tunecino antes del 11-M, dos de los cuales estaban intervenidos.

Como verán los lectores al analizar los datos proporcionados en el Enigma, tanto antes como después del 11-M se produjeron, con esos teléfonos, una serie de episodios dignos de una competición de ilusionismo, que terminaron conduciendo a que las transcripciones de las supuestas conversaciones de El Tunecino en torno al 11-M no se incorporaran al sumario instruido por el juez Del Olmo.

Libertad Digital ha solicitado a la Audiencia Nacional acceder al contenido de esas transcripciones, con el fin de disipar las dudas existentes en torno a estos episodios, pero el juez correspondiente no ha accedido a nuestra petición.

Aún más sorprendente es el hecho de que el juez Del Olmo no se interesara en su día por incorporar esas transcripciones al sumario del 11-M, dado que tuvo conocimiento de su existencia muy temprano, el 14 de julio de 2004, cuando el juez Andreu le informa de que en 2003 había instruido unas diligencias en las que aparecía implicado El Tunecino.

¿Por qué Del Olmo no reclamó inmediatamente esas transcripciones?

Personalmente, me resulta de lo más intrigante el interés de Hassan El Haski por quedarse en Marruecos a cumplir el resto de su condena. Lo que yo creía es que las cárceles españolas son bastante más cómodas que las del reino alauita. De hecho, según el propio sumario del 11-M, uno de los detenidos por el atentado de Madrid (que luego no llegó a ser enjuiciado) denunció ante el juez que la Policía, para forzarle a declarar en falso, utilizaba precisamente como amenaza enviarle a una cárcel marroquí. ¿Por qué le molan entonces a Hassan El Haski unas cárceles que otros consideran en sí mismas una amenaza? ¿O es que Hassan El Haski cumplió ya su papel en el teatrillo de la versión oficial y lo que quiere es que le envíen a algún lugar donde pueda salir discreta y anticipadamente de prisión, sin que la opinión pública española llegue a enterarse?

Sea como sea, El Haski continúa con sus intentos para evitar ser devuelto a España en abril, como ayer informábamos. Esta vez, recurriendo a denunciar el supuesto trato racista y las supuestas torturas en las cárceles españolas, supongo que aprovechado el informe, bastante crítico, que el relator de la ONU ha elaborado sobre la instrucción del 11-M en España.

Espero que la absurda carta de El Haski no tenga ningún efecto y que el preso sea devuelto a España antes del plazo límite fijado en la orden de entrega temporal a Marruecos. Lo contrario sería una burla, una burla más, a la opinión pública española y a las víctimas del 11-M.

Aunque parece que ni la clase política ni esa Audiencia Nacional que tendría que impartir Justicia tienen ya ningún reparo en seguir burlándose de la opinión pública y de las víctimas del 11-M. La Audiencia Nacional, en concreto, ha vuelto a rechazar las solicitudes de diligencias presentadas por la familia Moris, y a las que se había adherido la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, presidida por Angeles Domínguez. Pedían esos centenares de víctimas del atentado que se realizara una serie de pruebas para aclarar las incógnitas (reconocidas en la propia sentencia de la Audiencia Nacional) acerca del explosivo utilizado en los trenes de la muerte, pero esa solicitud ha sido otra vez desestimada. Parece que algunos jueces tienen enormemente claro que la página del 11-M debe pasarse a toda costa, aunque sea dejándose su propio prestigio en el camino.

¿Cómo es posible que hayamos llegado a una situación en la que unos pocos elegidos (unos pocos autoelegidos, habría que aclarar) se consideran con derecho a ocultar a los españoles información fundamental sobre el mayor atentado terrorista que ha sufrido este país? Para responder a esa pregunta, quizá convenga echar la vista atrás y buscar, en nuestra historia pasada, otros episodios sobre cuya verdadera naturaleza la casta que nos gobierna prefirió tender un manto de silencio. En estos días hemos conocido que el Tribunal Supremo ha confirmado la condición de víctimas del terrorismo para los muertos y heridos del incendio del hotel Corona de Aragón. En esa sentencia del Supremo, se admite el informe elaborado por un experto en el que se asegura que se utilizaron napalm y magnesio para intensificar y acelerar la propagación del fuego.

Si eso es así, querría decir que aquel episodio no fue ningún accidente fortuito, sino un atentado. Y que la casta política decidió entonces que los españoles no éramos suficientemente maduros como para estar en el secreto. ¿Les suena de algo esa actitud?

Y, mientras tanto, parece que la amenaza del terrorismo islamista continúa planeando sobre España. Lo que ya no resulta tan comprensible es la personalidad de quienes se encargan de mantenerla viva: un soldado español y su novia rusa han sido detenidos por elaborar y difundir vídeos jihadistas incitando a atentar contra España.

Parafraseando a Vargas Llosa, ¿cuándo se convirtió la democracia española en una parodia? ¿En qué momento nos robaron a los españoles el control sobre nuestro propio destino? ¿En qué momento permitimos que se creyeran con derecho a utilizar los recursos públicos para manipular la realidad?

¿No va siendo ya hora de que acabemos con esta perversa función de teatro y exijamos que nos devuelvan esos derechos democráticos que nos han robado? El primero de ellos, el derecho a la verdad.

He mantenido en estos días pasados un curioso cruce de mensajes con un antiguo participante del blog, que me escribía para reprocharme mis críticas al PP y para tildarme de ultraderechista. Reproduzco textualmente su diagnóstico: "Para mí, ultraderechista no es un insulto, es una calificación objetiva a la vista de los discursos suyos, cada vez más y más a la derecha de la derecha española que, también para mí, representa Don Mariano Rajoy."

La verdad es que el argumento resulta desternillante. Hace menos un año, yo tenía una serie de planteamientos ideológicos y Rajoy defendía (o decía defender) lo mismo que yo. En consecuencia, yo no era un ultraderechista. Pasados once meses, yo sigo defendiendo lo mismo, pero como Rajoy ha movido sus posicionamientos ideológicos, entonces yo paso a ser un ultraderechista para mi amable interlocutor. Creo que nunca podría habérseme ocurrido una mejor definición del hooliganismo político que esa forma de razonar.

Para el hooligan del PP (y lo mismo vale para el de cualquier otro partido), lo que yo sea o deje de ser en el terreno político no está definido por mis propios planteamientos ideológicos, sino por los de Rajoy. Según esa peculiar forma de razonar, ser de derechas es lo que Rajoy (o, para ser más precisos, el que mande en el PP en cada momento) decida que es ser de derechas, y todo lo que quede a la derecha de eso es ultraderecha. Llevando el razonamiento hasta sus últimas consecuencias, si mañana le diera al PP por defender la independencia del País Vasco, entonces cualquiera que se opusiera a semejante pretensión sería automáticamente un ultraderechista.

El razonamiento es completamente absurdo, pero tiene una importancia fundamental, precisamente por el peligro que encierra. Porque esa forma de razonar, lejos de constituir una excepción, constituye muchas veces la regla. Constituye la regla en la derecha española y constituye la regla, todavía más, en la izquierda.

Ese tipo de razonamiento hooligan descansa sobre una tentación que, en principio, no tendría por qué ser mala: la tentación de la confianza. No todos podemos saber de todo ni estar informados de todo, con lo cual tendemos a depositar nuestra confianza en "analistas" o en "creadores de opinión". En ocasiones, a la hora de formar nuestra opinión sobre un tema, confiamos en ciertos pensadores, o en ciertos periodistas, o en ciertos políticos. Enfrentados, por ejemplo, a un problema político complejo, como pueda ser el Estatuto catalán, podemos optar por informarnos detalladamente sobre el asunto y construir nuestra propia opinión partiendo de cero, o podemos "delegar" total o parcialmente nuestra opinión en, por ejemplo, un partido: "si el PP dice que el Estatuto catalán se carga la Constitución, entonces es que se la carga".

Ese tipo de confianza, repito, ni es infrecuente ni es mala de por sí. El problema surge cuando esa "delegación de la propia opinión" se lleva hasta el extremo de identificarse de forma plena con la persona o con la organización en quien se ha delegado.

Es lo que hemos visto suceder, por ejemplo, en la pasada legislatura con el tema de la negociación con ETA. Dentro de los votantes españoles "de izquierdas" existe una aversión a ETA prácticamente idéntica a la que pueda existir entre los votantes "de derechas", pero el hooliganismo político llevó a muchos de esos votantes de la izquierda a respaldar la negociación con ETA contra viento y marea: "si Zapatero y el PSOE dicen que esa negociación no significa ceder ante ETA, entonces es que no significa ceder ante ETA", aunque todas las evidencias dijeran lo contrario.

Para muchos votantes de derechas, esa actitud del elector de izquierdas resulta incomprensible: ¿cómo puede alguien respaldar que se hagan concesiones a los asesinos? Parece que alguien capaz de prestar su respaldo a algo tan perverso tiene que ser un imbécil, o un canalla o un interesado. Y, sin embargo, no es así.

El peligro que encierra el hooliganismo es precisamente ése: uno puede ser una buena persona, uno puede ser inteligente, uno puede ser desinteresado y, sin embargo, terminar comulgando con ruedas de molino simplemente porque ha depositado una confianza ciega en quien no hace otra cosa que aprovechar esa confianza para sus propios fines.

Ese tipo de actitudes no son patrimonio exclusivo de la izquierda, como decíamos antes. Todos conocemos, por ejemplo, a algún elector del PP que, después de estar durante años poniendo a María San Gil como ejemplo de valentía, de coraje y de lucha por la libertad, es capaz de pasar a justificar el trato indigno dado a María San Gil por Rajoy, simplemente porque es en el PP en quien ha depositado ciegamente su confianza: "Si María San Gil ha decidido no aceptar el giro estratégico de Rajoy, entonces es que María San Gil se equivoca", aunque Rajoy esté contradiciendo el programa electoral del PP y aunque todas las evidencias apunten a que Rajoy ha decidido que el Partido Popular se sume al proceso de confederalización de España.

Nadie está libre de la tentación del hooliganismo, porque todos tenemos, como decía antes, la necesidad de confiar en mayor o menor medida en diversas personas u organizaciones. Pero, frente a esa tentación, todos tenemos la obligación, para con nosotros mismos, de permanecer vigilantes.

Y la mejor forma de hacerlo, como hace poco me decía un amigo, es trazar tus propias líneas rojas. Bien está que uno delegue la opinión sobre asuntos de detalle o excesivamente intrincados, pero cada persona tiene una serie de convicciones ideológicas fundamentales y no está de más que cada uno haga el ejercicio de intentar formularlas de manera explícita y de identificar las ruedas de molino con las que no está dispuesto a comulgar.

Y si, una vez trazadas esas líneas rojas, la persona u organización en la que has depositado tu confianza las traspasa, entonces es que ha llegado el momento de plantearse si la confianza que habías depositado estaba justificada.

Más que nada, para no encontrarte un día defendiendo a capa y espada algo que en tu fuero interno te repugna profundamente.

Extraordinario artículo el que Emilio Campmany publica hoy, analizando la última de las garzonadas: Rajoy, especie protegida.

Ayer salió Rajoy a los medios, rodeado por todos los pesos pesados de su partido, para anunciar solemnemente que, ante las noticias sobre la cacería de Bermejo y Garzón, el PP rompe relaciones con el Ministerio de Justicia mientras su actual titular siga al frente del mismo.

He de reconocer que está muy bien.

Está muy bien esto de ver al líder de la oposición indignado con el Gobierno. Está francamente bien que el partido de la oposición denuncie el comportamiento arbitrario, antidemocrático y sectario de un ejecutivo, el de Zapatero, que encima tiene la caradura de presentarse como el defensor de las libertades. Está realmente bien que la oposición se muestre contundente ante la enésima cacicada de un Partido Socialista que ha convertido a España en un auténtico patio de monipodio, adornado, eso sí, con cabezas de venado.

Está estupendamente bien.

Lo que pasa es que no estoy yo muy seguro de que Rajoy tenga ya ningún derecho a indignarse a estas alturas.

Cuando, en la legislatura pasada, se detuvo ilegalmente a dos militantes del PP, fue Esperanza Aguirre la que ordenó ejercer las acciones judiciales para defender sus derechos. No recuerdo que a Rajoy le indignara el tema tanto como para romper relaciones con ese gobierno que había detenido, por primera vez en la democracia, a dos militantes de la oposición de manera irregular. Debe de ser que aquello de "el ministro quiere detenciones y habrá detenciones" no le pareció tan grave a Rajoy como para moverle a la indignación.

Cuando, en la legislatura pasada, se inició una auténtica cacería del hombre contra la persona que lideraba la respuesta ciudadana a la negociación con ETA, no recuerdo que el señor Rajoy saliera a los medios ni una sola vez a defender a quienes estaban dando la cara y haciendo lo que hubiera debido hacer el líder de la oposición. Debe de ser que aquellos ataques a las víctimas del terrorismo no le movían tanto a la indignación como para aparecer indignado en los medios y ponerse muy solemne.

Cuando, en la legislatura pasada, el Gobierno impulsó la aprobación de leyes abiertamente inconstitucionales, como el Estatuto catalán, o cuando Zapatero rebajó al Estado al nivel de interlocutor de una banda de asesinos, el señor Rajoy no rompió relaciones con el gobierno. Debe de ser que el que se estuvieran cargando la Constitución hoja a hoja no le parecía suficientemente grave, suficientemente indignante, como para comparecer ante los medios rodeado de su junta directiva y plantarse.

Cuando, después de las últimas elecciones, personas de su entorno difundieron bulos infames sobre María San Gil, hasta conseguir que tirara la toalla, el señor Rajoy no parece que se sintiera muy indignado. Es más, no movió un dedo para evitar que se iniciara una completa depuración, dentro del partido, de todos aquéllos que habían intentado hacer frente a ese gobierno sectario que se estaba cargando nuestra estructura de Estado.

Cuando, hace tan sólo dos semanas, comenzó en un medio pro-gubernamental una campaña de difusión de chocantes mentiras sobre presuntas tramas de espionaje en la Comunidad de Madrid, el señor Rajoy no sólo no parece que se indignara mucho, sino que emitió, o dejó que se emitiera, una nota de prensa en la que la cúpula popular se ponía de perfil, alimentando así aquel bluf informativo, que no perseguía otro objetivo que desgastar al PP madrileño en plena batalla por el control de Cajamadrid. Debe de ser que aquellos ataques no le parecieron indignantes a Rajoy .

¿Y ahora, después de todo lo que ha llovido, después de guardarse para sí mismo durante cinco años su inmensa, su oceánica, su descomunal capacidad de indignación, el señor Rajoy se reviste con el manto de la dignidad, y anuncia solemnemente, rodeado de su plana mayor, una ruptura formal de relaciones con el ministro de Justicia? ¿Lo que ha pasado ahora sí le parece suficientemente grave como para indignarse y reaccionar y plantarse ante el Gobierno? ¿Quince días antes de una cita electoral?

Pues, con todos los respetos, guárdese para usted su indignación, señor Rajoy.

Algunos, señor mío, sí tenemos derecho a indignarnos porque un ministro de Justicia, un juez estrella y un alto responsable policial cenen o cacen juntos en el momento en que se está lanzando una macroinvestigación sobre personas presuntamente vinculadas al partido de la oposición. Algunos sí tenemos derecho a denunciar esa nueva muestra de cómo este gobierno ha convertido a España en una república bananera, en la que todos los poderes del Estado actúan al servicio del Partido Socialista. Algunos sí tenemos derecho a señalar con el dedo a los nuevos señoritos, que se comportan ya, sin ningún recato, como si España fuera su cortijo.

Y tenemos derecho a indignarnos precisamente porque todas las veces anteriores nos hemos indignado cada vez que España, o quienes trataban de defenderla, eran atacados. Fuera quien fuera el atacante.

Nosotros, señor Rajoy, sí que tenemos derecho a mostrarnos indignados. Usted no. Ya no. Y menos a quince días de una cita electoral.

Porque somos muy mal pensados, señor Rajoy. Y, a estas alturas, no podemos evitar vernos asaltados por la sospecha de que su ciclópea, su atlántica, su homérica indignación durará tanto como dure la campaña electoral. Y ni un minuto más.

Quédese usted con su indignación, señor Rajoy, que yo ya tengo la mía. La suya ya no me convence.

El Mundo vuelve hoy a apuntarse un tanto, al desvelar que uno de los detenidos por Garzón el pasado 20 de enero, por supuesta financiación de Al Qaeda, es el secretario del PSC en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona.

Aunque lo más importante no es el hecho en sí de que un miembro del PSC pudiera ser investigado en una trama de financiación de terroristas islámicos. De la misma manera que el presidente de un partido no es necesariamente responsable de las corruptelas de un alcalde, tampoco es el PSC necesariamente responsable de lo que haga un cargo del partido en un distrito de Barcelona.

Lo grave del caso no es, repito, el hecho en sí, sino la manipulación posterior de los datos de las investigaciones, desvelada también por El Mundo,: en los datos facilitados por el Ministerio de Interior dando cuenta de las detenciones, se intercambió el orden de los apellidos de ese militante del PSC, cabe suponer que para obstaculizar su identificación por parte de los medios de comunicación. Ésa es la razón de que la militancia política de ese detenido haya tardado 20 días en saltar a los medios.

¿Quién ordenó en el Ministerio de Interior, o donde fuera, que se alterara el orden de los apellidos de ese detenido? Porque El Mundo afirma que en las diligencias policiales originales se identifica al detenido correctamente, con sus apellidos en el orden habitual.

Señor Rubalcaba: ¿sería usted tan amable de informarnos sobre quién ha traicionado de forma tan escandalosa el demostrado compromiso de este gobierno con esa verdad que los españoles nos merecemos? ¿Podría decirnos qué funcionario ejecutó esa manipulación y por orden de quién?

Y, ya puestos, le recuerdo que han transcurrido varios días desde que El País denunciara cómo alguien en la Policía había tachado, en un informe enviado al juez, un dato que exculpaba a uno de los individuos investigados por otra supuesta trama de financiación de actividades terroristas. ¿Podría decirnos, señor Rubalcaba, si su Ministerio ha tomado alguna medida para tratar de averiguar quién podría haber cometido esa otra manipulación de pruebas?

¿O debemos suponer que bajo su mandato el Ministerio de Interior se ha convertido en un lugar donde manipular datos de las investigaciones policiales sale gratis?

P.D.: Os recuerdo a todos que esta tarde, a las 20:00, volveremos a concentrarnos en la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares para homenajear a las víctimas del 11-M. A esas víctimas a las que, por cierto, el juez Gómez Bermúdez sigue sin entregar los datos del sumario del 11-M que han solicitado, incumpliendo así los términos de la sentencia que él mismo dictó.

Espectacular el último artículo que ha publicado Federico Jiménez Losantos en su blog. La sensación de que el PP se descompone de forma acelerada es cada día mayor. Al igual que también es mayor la sensación de que ya nadie controla los acontecimientos en ese partido.

En ese sentido, hay un dato de la encuesta publicada ayer por La Razón que ha pasado bastante inadvertido y sobre el que algunos deberían reflexionar: uno de cada ocho votantes del PP en las elecciones autonómicas vascas de 2005 piensan votar esta vez al PSE.

Hace unos días hablé con un amigo del PP vasco y me dijo que estaba consternado, porque muchos de sus votantes tradicionales le paraban por la calle para decirle que esta vez no pensaban votar al PP. Pero lo que más le había asombrado a mi amigo era que algunos de esos votantes, que habían estado dando su apoyo fiel al PP durante años, no le decían que se iban a abstener, o que iban a votar a Rosa Díez, sino que le comunicaban que pensaban votar a Pachi López... para ver si así conseguían echar a Rajoy.

Cuando me contó esa anécdota, pensé que ese tipo de votante sería más bien la excepción. Pero, al ver la encuesta de La Razón, con ese fortísimo trasvase de votos desde el PP al PSE de Pachi López ( ¡¡¡ al PSE de Pachi López !!! ), ya no estoy tan seguro de que esa corriente de fondo sea anecdótica.

¿Se ha planteado alguien en la C/ Génova qué puede estar pasando por la cabeza de los votantes, para que haya un porcentaje nada desdeñable de ellos dispuestos a votar PSOE, con tal de castigar a la actual cúpula popular y conseguir su caída? ¿Alguien en esa cúpula popular ha dedicado un minuto a reflexionar sobre lo mal que hay que hacer las cosas para que los tuyos te vean como más pernicioso que al supuesto contrario?

No sé si aún está a tiempo el PP de rectificar. Tal como van las cosas, es posible que ya no quede margen. Pero, si queda algo de vida inteligente en el entorno de Rajoy, creo que alguien debería intentar al menos esa rectificación. O, si la actual dirección del PP no reacciona, creo que alguien con peso en el partido debería plantear la necesidad ineludible de un relevo inmediato de la actual cúpula. De otro modo, me parece que la ucedización del PP está servida.

Aunque, a estas alturas, ya no sé si me importa poco o mucho que el PP se descomponga, la verdad. Yo también estoy muy cansado de tanta pamplina.

Italia se estremece estos días con un nuevo caso similar al de Thierry Schiavo, la mujer en coma a la que se dejó morir de hambre y de sed en 2005 en Estados Unidos, a petición de su marido y en contra de la opinión de sus padres.

En Italia, la nueva víctima de las campañas de promoción de la eutanasia se llama Eluana Englaro. Esos que dicen defender "el derecho a una muerte digna" han conseguido que los tribunales autoricen que Eluana muera de sed y de hambre, como Thierry Schiavo murió.

¿De verdad que es ése el futuro que nos espera? ¿Una sociedad capaz no sólo de matar a quien más débil es, puesto que no tiene manera de defenderse, sino capaz de hacerlo de la manera más inhumana y cruel posible? ¿Una sociedad capaz de dejar que una persona muera de hambre y de sed, cosa que no se haría ni con un perro? ¿Ésa es la "muerte digna" de la que hablan los nuevos Mengeles de la izquierda occidental?

Cuando veo semejante proceder no puedo evitar preguntarme qué es lo que mueve a los grupos promotores de la laicidad. ¿Qué esquemas mentales pueden llevar a alguien a defender la tortura de un ser humano, sólo para utilizar su caso con fines propagandísticos? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona a defender la barbarie, sólo porque la Iglesia Católica se opone a ella?

Hace ya bastantes meses, el periódico El Mundo se hacía eco de un artículo, en el que se daba cuenta de los experimentos llevados a cabo en una universidad americana con personas en coma. Los experimentos demostraron que algunas de esas personas, supuestamente en estado vegetativo, eran capaces de entender lo que se les decía. Es decir, que su estado vegetativo era sólo aparente.

¿Cómo lo demostraron? Pues estudiando la respuesta cerebral ante órdenes que se le daban a esa persona en coma. En concreto, se pedía a esas personas que se imaginaran a sí mismas en su casa, saliendo de su cuarto para dirigirse al salón. Y se comprobaba (en las personas en que había respuesta) que se activaban los centros neurológicos relacionados con la visión espacial.

Se comprobó, asimismo, que no se trataba de ninguna reacción inconsciente, porque la activación de esos centros neurológicos continuaba, hasta que se pedía explícitamente a esas personas que dejaran de pensar en lo que se les había dicho.

En otras palabras, los recientes avances de la ciencia demuestran que nuestro conocimiento del estado de coma es, hoy por hoy, muy primario. Demuestran que al menos una parte de las personas en estado de coma son capaces de entender lo que se les habla, aunque no puedan darnos la más mínima señal de que nos entienden. Demuestran que puede que exista la posibilidad, en un futuro no lejano, de poder establecer comunicación con esas personas, estudiando la activación de distintas zonas del cerebro. Demuestran que quizá los futuros avances nos permitan rescatar a ciertas personas del coma. Demuestran, en fin, que un ser humano en coma sigue siendo un ser humano, capaz en muchos casos de oír y, con toda probabilidad, de sufrir.

Son seres humanos. Como ése al que se va a dejar morir de hambre y de sed en Italia, a mayor gloria de quienes disfrazan con la etiqueta de "muerte digna" lo que no es otra cosa que la defensa de un siniestro negocio de promoción de la muerte, y de recorte de las libertades y de los derechos humanos.

Los laicistas pueden estar satisfechos. Seguramente se apuntarán un nuevo tanto sobre la Iglesia Católica. Aunque sea a costa de que Eluana Englaro sufra una muerte atroz, después de una lenta agonía de dos semanas de duración.

¿De verdad vivimos en una sociedad civilizada?

Creo que no. No creo que pueda calificarse de civilizada a una sociedad que permite la institucionalización de la tortura.

Hassan El Haski fue en su día presentado por la Fiscalía, en el juicio del 11-M, como uno de los autores intelectuales de la masacre de Madrid, pero el tribunal presidido por Gómez Bermúdez decidió absolverle de esas acusaciones, siendo condenado simplemente por pertenencia a organización terrorista, sin relación directa con el atentado del 11-M.

Posteriormente, El Haski fue entregado a Marruecos, para ser juzgado por su posible participación en los atentados de Casablanca. Aquella entrega originó un considerable revuelo en las asociaciones de víctimas, porque algunos medios de comunicación informaron, erróneamente, de que Hassan El Haski iba a cumplir su pena en una cárcel marroquí. Eso no era así: se trataba de una simple entrega temporal durante seis meses, el tiempo necesario para que El Haski fuera sometido a juicio.

Ahora, un tribunal marroquí acaba de absolver a Hassan El Haski de los cargos relativos a la participación en los atentados de Casablanca. Con lo cual se termina de desdibujar el papel de alguien a quien los medios defensores de la versión oficial y la propia Fiscalía presentaron en su día, sin el más mínimo pudor, como el jefe del movimiento terrorista Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM).

Cada día que pasa, cada nuevo dato que vamos conociendo, no hace sino confirmar que a la opinión pública española se le presentó a una serie de desgarramantas con careta de Osama Ben Laden, para que ejercieran de cabezas de turco con las que tapar la verdadera autoría de los atentados del 11-M y con las que maquillar de islamismo un atentado que no tiene nada de islamista. Resulta curioso releer, a fecha de hoy, el escrito de acusación presentado al comienzo del juicio del 11-M por la Fiscalía y ver en qué ha quedado esa acumulación de datos falsos, de imputaciones infundadas, de indicios que parecen sacados de una película de serie B sobre terrorismo islamista: después de los juicios celebrados hasta la fecha, toda esa parafernalia ha quedado reducida prácticamente a nada. Si las víctimas querían Justicia, la Justicia no ha sido capaz, desde luego, de proporcionársela.

¿Qué tiene que suceder ahora? Presumiblemente, habrá una apelación de la fiscalía marroquí contra la absolución de El Haski, con lo que es posible que la resolución definitiva de ese juicio se demore en torno a un mes más. Pero después (e independientemente de si resulta condenado o no) Marruecos debe devolver a Hassan El Haski a España, para que termine de cumplir su condena, y tiene hasta el mes de abril para hacerlo.

Aunque el abogado de Hassan El Haski haya anunciado que piensa solicitar que su defendido no sea devuelto, es imposible que El Haski no vuelva a España. Marruecos no tiene otra salida legal que devolverlo a nuestro país antes del plazo marcado.

Curioso el artículo de José María Irujo hoy en El País, en el que da cuenta de una sentencia de la Audiencia Nacional donde se afirma que la Policía manipuló pruebas para tratar de inculpar a varios sirios en una trama de financiación de Al Qaeda.

En concreto, la sentencia a la que alude Irujo señala que la Policía remitió al juez Ismael Moreno un informe con unas fotocopias de cheques bancarios librados a nombre de Mohamed Galeb Kalaje. Pero, antes de enviar el informe al juez, taparon con una tira de papel blanco una nota manuscrita de un empleado del Barclays Bank en la que se aclaraba: "Pedidos informes a La Caixa nos confirman que el dinero proviene de asuntos totalmente legales". Es decir, se ocultó al juez un dato que confirmaba que esos cheques no estaban relacionados con ninguna trama de financiación irregular

Como consecuencia, varias personas fueron procesadas. Y ahora la Audiencia Nacional las absuelve, poniendo de relieve la manipulación realizada.

Como digo, resulta curioso el artículo de El País, puesto que la pregunta que inmediatamente surge es: ¿y qué otros datos o pruebas han sido manipulados en los informes policiales en relación con el terrorismo islamista en España?

Más concretamente: ¿cuántas veces se han manipulado datos o evidencias en el caso del 11-M para intentar "demostrar" la culpabilidad de alguno de los acusados de la masacre de Madrid?

Quienes han seguido las investigaciones a través de este blog conocen muchos ejemplos de escandalosa manipulación de los informes policiales del 11-M. Por ejemplo, cuando se atribuyó falsamente a Jamal Zougham la comercialización de unas tarjetas telefónicas que, en realidad, habían sido comercializadas por un tal Abdulkhalek Al Jondi. O, por ejemplo, cuando se le presentó al juez Del Olmo un falso testigo chileno para tratar de apuntalar la historia del Skoda Fabia. O, si nos remontamos a lo sucedido en el juicio del 11-M, el escandaloso episodio de la supuesta formación militar en explosivos de Mohamed El Egipcio. Los ejemplos serían innumerables.

Lo que me hace gracia es que un medio de comunicación que ha ignorado sistemáticamente todas las evidencias de manipulación que hemos ido poniendo sobre la mesa en relación con el 11-M, a pesar de que eran sangrantes, publique ahora las pruebas de que han existido manipulaciones en lo referente a la investigación del fenómeno del terrorismo islamista.

Igual que me hace gracia que la misma Audiencia Nacional que ha aceptado sin pestañear las manipulaciones en el caso del 11-M (llegando a afirmar que la instrucción judicial y policial había sido impecable, a pesar de las escandalosas evidencias en contra) se descuelgue ahora con esa clara denuncia de una manipulación policial que, comparada con las del 11-M, es casi de risa.

En cualquier caso, se trata de un artículo, el de José María Irujo, muy recomendable.

Una última observación: en el artículo se señala que la sentencia denuncia la manipulación de pruebas realizada, pero no identifica al responsable de esa manipulación. Espero que eso no quiera decir que se renuncia a exigir responsabilidades a quien ha realizado esa manipulación. Porque sería terrible que ocultar datos a un juez no tenga ninguna consecuencia, ¿verdad?

Sería tanto como reconocer que los ciudadanos estamos indefensos frente a ese tipo de manipulaciones.