Activaciones, ADN y la batalla del Constitucional

28 de Julio de 2007 - 12:08:44 - Luis del Pino

Recoge hoy El Mundo una noticia importante publicada ayer por El Correo Gallego: la muestra anónima de ADN encontrada en la mochila de Vallecas no pertenece a ningún magrebí, sino a un europeo. ¿Y ahora qué hacemos?

Si la huella de ADN no pertenece a ninguna de las personas que, según el juez Del Olmo, intervinieron en la cadena de custodia de esa mochila, entonces sólo quedarían dos opciones (aceptando la versión oficial): o la huella pertenece a un terrorista y éste no era magrebí, sino europeo (lo que tira por tierra la versión oficial), o esa mochila fue manipulada por alguien desconocido tras ser descubierta (lo que tira por tierra la cadena de custodia).

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¿Se activaron 7 tarjetas en Morata de Tajuña el día anterior a los atentados del 11-M, como nos han contado?

Resulta curioso ver qué es lo que dice el sumario al respecto. En realidad, no existe en todo el sumario ningún documento donde quede constancia, por parte de Amena, de semejante información.

La primera mención a esa activación se encuentra en el informe de diligencias de fecha 18 de marzo, donde ya se habla de que siete tarjetas "habían sido encendidas (marcar número de PIN sin realizar llamada) entre las 16:00 v las 19:00 horas del día 10 de marzo en las proximidades de Morata de Taiuña".

Sin embargo, resulta curioso que no se mencione en ese informe cuáles son esas tarjetas, ni los teléfonos con los que habían sido usadas bajo el repetidor de Morata. Los únicos datos concretos que se proporcionan son que la tarjeta de la mochila de Vallecas (652282963) había sido encendida con el teléfono de Vallecas, que tenía como IMEI interno el 350822350941947 y como IMEI anotado en la carcasa el 350822350844612.

Del resto de tarjetas y teléfonos encendidos en Morata, silencio total... excepto con respecto a uno de los IMEIs: el 350822350842921, que sí se menciona en el informe. Sin embargo, la manera en que se menciona en el informe es desconcertante.

Se supone que este IMEI es uno de los que se activó en Morata, y que lo hizo con la tarjeta 652282947. Sin embargo, en el informe de diligencias policiales de 18 de marzo no se menciona para nada ni que se hubiera activado en Morata ni que hubiera estado asociado a la tarjeta 652282947. Por el contrario, lo que se dice de este IMEI es que había estado asociado a la tarjeta 653026006 y que se lo detectó bajo el repetidor de la C/ Holanda de Leganés entre el 6 y el 13 de marzo. Recordemos también que este IMEI presenta otra anomalía curiosa: es el único de los que aparecen en la lista de teléfonos presuntamente liberados por Bazar Top que, sin embargo, no está reflejado en las notas de entrega aportadas por Kalaji.

Pero entonces, ¿cuándo proporciona la Policía al juez Del Olmo la lista de tarjetas y teléfonos presuntamente encendidos en Morata? Pues lo hace 10 días después, en el informe de conexiones telefónicas redactado el 28 de marzo, pocos días antes de la explosión de Leganés. ¿Debemos concluir que necesitaron esos diez días para decidir qué teléfonos metían finalmente en la lista de siete activaciones de Morata? Probablemente.

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Un último, pero importante, apunte: el PP ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la famosa "Enmienda Casas", que pretende prolongar el mandato de María Emilia Casas al frente del Tribunal Constitucional.

Esa prórroga del madato de Casas es completamente aberrante, porque la Constitución marca muy claramente que la duración del mandato del presidente del Tribunal Constitucional es de tres años. La señora Casas hubiera debido dejar su cargo el 15 de junio, a pesar de lo cual sigue en el puesto. ¿Pero no le dará vergüenza a esta señora contravenir de manera tan palmaria la Constitución de la que se supone que ella misma es garante? ¿Es que aquí todo el mundo ha perdido el respeto por sí mismo?

Atentos a la batalla del Tribunal Constitucional, porque está siendo feroz y ha pasado, hasta el momento, demasiado desapercibida. Las maniobras para tratar de garantizarse cada voto de cara a las discusiones sobre el Estatuto Catalán están llevando al Gobierno y sus socios a presionar a los miembros del Tribunal desde todos los frentes y a saltarse a la torera incluso la propia Constitución.