Ha surgido un breve debate en estas páginas a cuenta de sendos artículos publicados por Pío Moa y por mí mismo sobre el fin del régimen político actual, aunque como supondrán la coincidencia es fruto del azar. La última vez que hablé con Pío fue hace como un mes, en Madrid, comiendo con otros amigos (Girauta, Cristina Losada, García Domínguez y Fernando Díaz). Anárquicos como somos todos, jamás nos hemos puesto de acuerdo para escribir sobre nada. Lo de las consignas es cosa del diario global. Detallo el contexto simplemente para aprovechar y manifestar mi admiración por los restaurantes madrileños, probablemente los más baratos de España y con la mejor relación calidad/precio, algo que echamos de menos en Murcia, que probablemente sea una de las ciudades dónde más caro resulta comer o cenar decentemente.
Bien, a estos dos trabajos ha replicado Jorge Vilches matizando algunos aspectos, por lo que, al menos como cortesía, voy a aprovechar para replicar yo a mi vez.
El profesor Vilches defiende en el final de su artículo un argumento posibilista, basado en que, dado que las autonomías han sobrepasado de hecho los límites constitucionales, una solución a la situación actual sería reformar la constitución para adaptarla a las exigencias del nacionalismo separatista, de forma que llegaríamos a otra situación juridico-política con la Corona como nexo de unión, elemento que supondría la permanencia del régimen.
Es posible que sea esa la fórmula que tiene en mente nuestra clase política para ponerla en práctica con más nitidez tras la aprobación del nuevo estatuto catalán por el TC. Sin embargo, el hecho de que los partidos políticos estén de acuerdo en esa solución no impide que ésta deje de ser una estafa en toda regla hacia la buena voluntad de los españoles que un día votaron la constitución. Para Vilches, la superación del actual marco constitucional no tiene por qué suponer el fin del régimen. Yo, en cambio, creo que sí es el final, a poco que se deje a los ciudadanos opinar al respecto, porque igual la mayoría piensa que lo que debe hacerse es sustituir unas instituciones que han demostrado una total ineficacia y diseñar un nuevo marco político que aclare el panorama.
En el 77 hubo unos políticos que redactaron una constitución sin tener el mandato popular para ello, situación inédita en la historia del moderno constitucionalismo, a pesar de que los Jiménez de Parga se lo callen prudentemente mientras desfilan tocando la corneta en honor de la GTE (gloriosa transición española). La CE es, pues, una carta otorgada de dudosa legitimidad a la que ni siquiera el hecho de que fuera validada en referéndum posterior impide esta calificación.
En esa constitución se establecían unos límites al desarrollo territorial del estado que se han visto superados ampliamente en varias comunidades autónomas, por lo que, tanto los autores del desmán como las fuerzas que en su día aprueben expresamente esta nueva realidad política, están claramente fuera de la ley.
Si se produce éste primer supuesto detallado por Vilches, quedará demostrado que los ciudadanos de la nación española no merecen ser dueños de su destino y que nuestro sino es uncirnos al carruaje de la aristocracia política como ya lo hicimos con Fernando VII al grito de ¡vivan las caenas!
Por tanto, advertir de que el régimen se acaba y de que en tal caso todos los españoles deberíamos poder decidir sobre la forma política del estado se me antoja un deber intelectual inexcusable sin que quepa la acusación de exceso de dramatismo. Tiene toda la razón el profesor Vilches, en cambio, cuando afirma que la Historia es un albur en el que influyen tantos condicionantes que resulta imposible predecir cuál va a ser su curso inmediato. El tiempo lo dirá, pero conviene estar alerta para que no pase otra vez como cuando en un bar del congreso, unos cuantos políticos urdieron los mimbres del nuevo régimen a espaldas del pueblo.