Cien Mil Objeciones

La Unión Democrática de Estudiantes (UDE) ha recibido quejas de varios alumnos universitarios con ciudadanía de otro país de la Unión Europea por la última reforma que el Ministerio de Educación, dirigido por Mercedes Cabrera, ha introducido en la beca general que ofrece a los estudiantes universitarios.

Así, lo que en un primer momento pasa desapercibido (el art. 10.1 de la convocatoria de la beca -Resolución de 2 de junio de 2008- se limita a remitirse al 4.1 del Real Decreto 1721/2007, también aprobado por el Gobierno de Zapatero), resulta ser una cláusula absolutamente discriminatoria con los inmigrantes de otros países europeos, ya que se exige a éstos (a diferencia de lo que ocurre con los españoles) que ellos o sus padres estén trabajando en España [“1. Para ser beneficiario de las becas y ayudas al estudio reguladas en este real decreto será preciso: (...) Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En este último caso se requerirá que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España.”]

UDE manifiesta lo siguiente:

1. Se trata de una medida discriminatoria y de corte xenófobo, propia de la ultraderecha populista de Jean-Marie Le Pen, al exigir a los inmigrantes comunitarios o a sus padres que estén cotizando en España sin exigírselo a los españoles. El PSOE parte así de una concepción de los inmigrantes como meros consumidores de recursos públicos en nuestro país al que, presuponen, no aportan riqueza. Además, sitúa a los estudiantes extranjeros en inferioridad de condiciones, ya que les obliga a trabajar para poder costearse los estudios.

2. Le medida perjudica especialmente a aquellos europeos que han venido a estudiar a España dejando a sus familias en sus países y que debido a la crisis económica están en situación de desempleo, con lo que necesitan ayuda del Estado con mayor motivo que aquellos que sí tienen un trabajo, y se ven perjudicados por su condición de inmigrantes, por la falta de empleo y, ahora, por esta discriminación del Gobierno socialista.

3. La norma vulnera clarísimamente el Derecho Comunitario, ya que no se trata sino de una burda barrera a la libre circulación de personas que impide a los comunitarios que estudian en España acceder a las becas del Gobierno en igualdad de trato con los estudiantes españoles, y que vulnera asimismo el principio de igualdad que reconoce el art. 14 de la Constitución española.