Cien Mil Objeciones

Las 20.000 objeciones a las que nos acercamos según el indicador de LD y según lo que ha publicado La Razón no son suficientes para los responsables de la enseñanza en el País Vasco.

La acertadísima etiqueta de "Formación del Espíritu Antinacional" se hace realidad especialmente, y como no podía ser de otra manera, que se dice tanto, en Cataluña y en el País Vasco. En Cataluña, ya lo hemos comentado, existe la obligación de incorporar (que no adaptar) al ideario de los centros privados el contenido autonómico de EpC, o sea, lo de siempre pero que se entiende mejor. Y en cuanto al País Vasco, cito una nota de prensa de Profesionales por la Ética, muy en la línea del estudio de El Mundo sobre las diferencias entre libros de texto de las mismas editoriales en distintas CC.AA., en relación a contenidos que deberían ser comunes.

Con la transcripción del comunicado, que analiza el Decreto vasco de Ciudadanía, y a la espera de los resultados definitivos en la UAM, nada más por el momento.

El País Vasco educará a los alumnos en la construcción de Euskal Herria,  incluyendo Navarra. Publicado el Decreto que establece el currículo de Educación para la Ciudadanía en el País Vasco

El pasado 13de noviembre de 2007 ha sido publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Se adjunta Decreto en PDF)

El Decreto vasco muestra una vez más el carácter ideológico de la asignatura de Educación para la ciudadanía, ya que se aprovecha su implantación en unos casos para adoctrinar moralmente, y en el presente caso, además también, para adoctrinar políticamente. Así, por ejemplo:

Nacionalismo expansivo

En la página 26036 del Boletín Oficial del País Vasco, se afirma: "Este Decreto se elabora, por tanto, desde la voluntad de construir una visión global, plural y abierta, a partir de la visión propia y específica de Euskal Herria, entendiendo por tal el ámbito territorial referido al conjunto de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Navarra (Baja y Alta) y Zuberoa."

Esa declaración de principios, que impregna el sistema educativo vasco, contiene valoraciones ideológicas partidistas, que atestiguan el carácter ideológico y adoctrinador -en este caso desde una perspectiva política nacionalista-, de la asignatura de Educación para la ciudadanía que se enseñará en el País Vasco.

Resulta por tanto, irónica, la afirmación del Decreto (pág. 26036) de que "La inclusión es la piedra angular del sistema educativo vasco." Los padres que no compartan tal ideología, ¿podrán educar a sus hijos en la escuela pública conforme a sus convicciones sin que sean contrariadas por la imposición del gobierno vasco? ¿O como tantas veces ocurre, sentirán las dificultades de la disidencia, aunque sea legítima?

Afectividad del menor

En el art. 3 aparece la educación afectiva como parte integrante de la educación obligatoria

"La Educación Básica tiene por objeto el desarrollo integral de las capacidades del ser humano, es decir, de las capacidades físicas y motoras, cognitivas, comunicativas, sociales y afectivas."

Dicha disposición, que no hace mención alguna a la soberana decisión de los padres como titulares del derecho a la educación moral de los hijos, puede suponer una vulneración de dicho derecho porque es claro que la afectividad tiene un esencial componente moral. La práctica docente y los materiales educativos que se están utilizando en diversas Comunidades Autónomas confirman el carácter ideológico que se está dando a la educación en la afectividad, al tratar, por ejemplo, sobre conductas sexuales, ya que está impregnada de la ideología de género que entiende que la condición sexuada es en última instancia no un dato natural sino una decisión voluntaria.

Resulta francamente preocupante, la expresión del art. 3.6, según el cual:  "El Departamento de Educación, Universidades e Investigación promoverá el desarrollo de proyectos globales de centro dirigidos a la creación de una cultura de paz y unas prácticas fundamentadas en el respeto, el diálogo, la regulación y control emocional (.)".

Ante esta norma nos preguntamos: ¿Cómo puede realizarse la regulación y el control emocional de un menor, sin vulnerar los derechos de los padres a la educación moral de sus hijos  (art. 27.3 de la Constitución), y el propio derecho a la intimidad personal del menor, reconocido en el art. 18.1 de la Constitución y en el art. 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor? El eventual control de la conducta vinculada a la intimidad del menor, conforme a parámetros ideológicos, es una forma totalitaria de vulneración sistemática de un derecho fundamental.

Autonomía moral del menor

El artículo 6.2.a), e) reafirma el carácter adoctrinador del Decreto al ensalzar la autonomía moral del menor, sin atender los criterios morales que los padres quieran transmitir como verdaderos responsables de la educación integral de los hijos.

Responsabilidad educativa

Sin dejar de reconocer la importancia educativa de la escuela, lo cierto es que desde le punto de vista del derecho a la educación, los titulares del derecho, además del menor como beneficiario del mismo, son los padres. En ningún caso, puede defenderse que los padres son meros "corresponsables" de la educación de sus hijos, teniendo otras entidades responsabilidad educativa al mismo nivel que los padres.

Por ello, resulta peligrosa la afirmación del Decreto (artículo 3.4), según la cual los docentes actuarán en colaboración con otros "corresponsables educativos, principalmente con la familia, pero también con otras instancias y agentes socializadores y educativos de la sociedad." Tlos alumnos vasocoda interpretación de tal afirmación que redujera la condición paterna a corresponsabilidad sin primacía decisora soberana, es inaceptable.

Para Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el marco jurídico europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece como límite a la educación estatal cualquier intento de adoctrinamiento. La más reciente jurisprudencia de dicho órgano judicial, en las sentencias Folgerø c./Noruega (29 de junio de 2007) y Zengin c/. Turquía (9 de octubre de 2007), confirman la obligación del sistema estatal y autonómico en España, como Estado Parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de no utilizar el sistema educativo para adoctrinar, es decir, transmitir contenidos o establecer un sistema de control de comportamientos, que excedan la neutralidad, la objetividad y el pluralismo.

El currículo de Educación para la Ciudadanía para el País Vasco confirma que esta asignatura es flagrantemente contraria a los derechos que la Constitución reconoce a los padres, titulares del derecho a la educación de sus hijos, ya que supone un adoctrinamiento que va más allá de las recomendaciones del Consejo de Europa.