Cien Mil Objeciones

El Tribunal Supremo parece que, por fin, ha emitido un fallo. Tras tres días de deliberaciones, el Alto Tribunal ha emitido una sentencia que, por 22 votos a 7, no avala el derecho de los padres a apelar a la objeción de conciencia, con base en su derecho constitucional a que sus hijos reciban una enseñanza conforme a sus convicciones, a la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía.

Lo primero que hay que decir al respecto es que la objeción de conciencia se plantea como una negativa del individuo frente a una obligación de hacer que le impone el Estado y que atenta contra las convicciones religiosas y morales más profundas del individuo. Sin que tenga un reconocimiento constitucional explícito, se ha admitido la objeción, por ejemplo, frente a la práctica del aborto por parte de los médicos del sistema sanitario público.

Parece que si un grupo de familias entiende que unas enseñanzas obligatorias atentan contra esas convicciones tan profundas pero tanto el Estado como las Comunidades Autónomas afirman que los valores que transmite la materia son exclusivamente los de la Constitución, lo lógico sería que, salvo contenidos claramente políticos que se expliciten en los temarios oficiales, el Poder Judicial, unánimemente, no les permitiera objetar. Sin embargo, y pese al discurso oficial del Gobierno y de medio PP (sólo Esperanza Aguirre se ha opuesto claramente a los contenidos gubernamentales de la materia), y a la ambigüedad de los planes de estudio, resulta que la mitad de los Tribunales Superiores de Justicia (y un tercio de los magistrados del Supremo), sí reconocieron esa objeción.

Es evidente que la consideración mayoritaria del Supremo es la que es (imagino que Rajoy y compañía nos repetirán hasta la saciedad aquello de que ellos acatan la sentencia), es decir, que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce la posibilidad de objetar, pero llama la atención que un tercio de su Sala de lo Contencioso-Administrativo (además de, conviene insistir, varios Tribunales Superiores de Justicia de varias Comunidades Autónomas no precisamente conservadoras) sí crea que estamos ante una asignatura adoctrinante ante la cual cabe lo que PRISA y demás grupos de poder que han atacado a las familias objetoras llaman una "rebelión" contra la asignatura.

No debemos juzgar la asignatura ni sus contenidos en el sentido de si nos gustan o no. Si una proporción significativa de los jueces sí cree que hay un contenido aleccionador, cabe preguntarse por qué la opinión de esa minoría no es suficiente para avalar el ejercicio de un derecho individual, es decir, si estamos ante una objeción del individuo ante el Estado, algún fundamento tendrá para objetar cuando una parte importante, aún minoritaria, del Poder Judicial coincide en observar que hay fundamento suficiente para hacerlo. Es por ello que debemos apoyar a esas familias a que continúen su batalla jurídica por la libertad de educación ante el Tribunal Constitucional y, previsiblemente, ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Lo que diga la mitad más uno de los jueces del Supremo está muy bien si hablamos de anular un Reglamento, pero si hablamos de la objeción individual frente al Poder en el ejercicio de una libertad como la ideológica, que uno solo de los magistrados del Supremo viera adoctrinamiento y motivos para objetar debiera ser suficiente como para que sus colegas magistrados admitieran que si un juzgador de un Alto Tribunal cree que hay motivos para objetar, se debería respetar a esas familias y su decisión. Y, al tratarse de un derecho lo que está en juego, no un reglamento más, resulta imprescindible acudir ahora a los órganos de garantía de los derechos fundamentales: el TC y el TEDH. Es el largo recorrido del individuo frente a todos los poderes del Estado, muy politizados y poco o nada separados. Qué se lo digan a Liaño.