Cuando CONCAPA y UDE enviaron una carta a Mariano Rajoy, de la que se hizo eco El Mundo, preguntándole qué opinaba -si es que opinaba algo- sobre la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, la única respuesta que yo tuve fue una llamada telefónica de una diputada pepera para contestar extraoficialmente a mi carta. Me vino a decir que el PP estaba decidido a tener una postura común respecto a la nueva asignatura, y que el modelo de referencia era la Orden que había aprobado Paco Camps en la Generalidad Valenciana.
Personalmente, no tengo nada en contra de dicha Orden. Creo que la solución de los trabajos sustitutivos está a la altura de la inanidad de la asignatura, pero le dije a nuestra amiga la diputada que esa Orden sería recurrida ante el TSJCV, que se pedirían medidas cautelares, y que se conseguirían. Parece de sentido común. Una cosa es lo que dijo Esperanza Aguirre en Madrid, que es no poner trabas a la objeción y respetarla, y otra cosa es regular en una Orden cómo se ejerce y cómo se evalúa, lo cual no se puede hacer porque entonces no sería objetar sino adaptarse a una previsión reglamentaria que, al no estar prevista en la Ley, resulta nula, hasta el punto de ser suspendida cautelarmente.
Por tanto, nos encontramos con que Valencia no tiene la menor idea de que hacer con los objetores y, consiguientemente, el PP tampoco, eso de ser cierto aquello que me dijo nuestra amiga la diputada de que el Partido Popular iba a buscar una postura común, lo cual es más que cuestionable. Frente al caos valenciano y a la incertidumbre en Murcia, nos encontramos con dos CC.AA., La Rioja y Castilla y León que, frente a lo que nos prometió -extraoficialmente- el partido conservador, están persiguiendo a los objetores cuales taifas pepiñas.
Hasta ahora, lo único que tiene sentido es lo de Madrid, amparar la objeción como tal, no hacer una regulación de otra cosa que no sería objeción y que sería ilegal sin tampoco amedrentar a las familias objetoras. Ahora bien, llama la atención que la Consejera de Madrid, que creo que se llama Lucía Figar -no tengo el gusto de haberme reunido con ella-, no haya hecho nada conocido por concretar, como le corresponde al frente de Educación, en qué consistirá y cómo se ejecutará ese amparo a los objetores, no evaluándoles hasta que el Supremo se pronuncie, etc.
Volviendo a Valencia, esta vez en su condición de capital de Vulgaria (me apropio del neologismo de García Domínguez), he de recordar que Nasarre y Peral, sector democristiano, lograron introducir en la tristemente célebre Ponencia Política un apoyo explícito a la objeción de conciencia. Eso sucedió antes de la carta que mi amigo Luis Carbonel y yo enviamos a Don Mariano pero, habida cuenta de que el PP ya tiene una opinión adoptada por su Congreso búlgaro, falta ahora que haga algo por llevarla a cabo allí donde gobierna. ¿Hará falta otra carta a Génova?
Habrá buenos y malos argumentos en relación a eso que llaman la "disciplina de partido". Pero la sumisión a la moqueta, el patriotismo de partido en términos marxistas, que muestran algunos políticos del 'nuevo' Partido Popular, ya saben, el de Fraga, Rajoy y Gallardón, se acerca peligrosamente a la mala educación.
Dice María José Usandizaga, la presidenta del PP de Guipúzcoa, respecto a Regina Otaola, que "le he tenido que recordar más de una vez que pertenece a Guipúzcoa y que yo soy su presidenta" (sic). Eso es muy "de partido", muy del PP, y es la versión moderna del "¿no sabe quién soy yo?" de antaño. Yo sostengo, como Esperanza Aguirre, que todos los concejales del PP y del PSOE en el País Vasco son unos héroes. Pero eso no quita que estamos hablando de un partido político en el que ha triunfado el 'marianismo', que no es otra cosa que el espíritu del Ministerio de la Oposición y de aceptar el cambio de régimen que, precisamente, acabó con María San Gil en el PP Vasco.
Lo que le han hecho a María San Gil y la arrogancia típicamente genovesa con la que Usandizaga se ha referido a Regina Otaola no tienen ni punto de comparación, en lo que a vileza se refiere, con nada de lo que haya podido yo vivir en el PP. Pero esa frase, la de yo soy tu presidente, sí la he oído en las Nuevas Generaciones, donde proferir semejante amenaza a todo aquel que piense por si mismo es, además de miserable, cómico, dado el -digamos- limitado peso político de quien dice la frase. Normal, si ya con veintipocos años uno es presidente nacional del comité ejecutivo nacional y de la junta directiva nacional de las juventudes (y de ahí para abajo, pasando por el secretario de imagen corporativa de la sede del más perdido municipio).
No me queda más que transmitirle a Regina Otaola, 'blogger' de LD y símbolo de la resistencia constitucional al cambio de régimen, un fortísimo abrazo.

Quienes, en eso que llaman la "comunidad educativa", hemos defendido que a los jóvenes a los que se obliga a estudiar hasta los 16 años (más allá de la preadolescencia) se les ofrezcan distintas alternativas de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a lo que quieran ellos hacer con su vida, se nos ha llamado de todo.
Algunos, desde la izquierda, nos han llamado incluso racistas, alegando que ofrecer vías de estudio no orientadas a la Universidad suponía limitar el futuro de aquellos con más dificultades, especialmente en el caso de los inmigrantes.
El diario
El País cuenta hoy que la
Consejería de Educación de la
Generalidad de Cataluña (
PSC-PSOE)
"segregará a los niños africanos fuera de la red escolar", habilitando centros en los cuales los inmigrantes extracomunitarios pasen un máximo de un curso escolar antes de integrarse en la red educativa.
Como es habitual en
El País, la feroz crítica se encuentra más en la información que en las editoriales, añadiendo como toque de sentimentalismo dirigido a la progresía aquello de los "niños africanos" (la medida va referida al conjunto de inmigrantes extracomunitarios).
Pero la crítica no puede achacarse a un enfado de
Cebrián con
Ernest Maragall, Consejero de Educación (y basta ya de chistes sobre la obra de
Wilde). La crítica se fundamenta en que la medida desatiende uno de los grandes dogmas del
modelo LOGSE: la integración.
La integración educativa es una forma de decir inmersión, pero que no se limita a lo lingüístico. La idea consiste en integrar en las mismas aulas a quienes saben leer y a quienes no saben (por ser inmigrantes, por no haberse esforzado lo suficiente, por tener alguna necesidad educativa especial...), a quienes quieren estudiar y a quienes están ahí por la fuerza, etc. Tal modelo ha supuesto que hoy sea mucho más difícil encontrar escuelas para alumnos ciegos o sordos, que se haya denostado la
Formación Profesional como una alternativa digna y que los centros educativos sean un caos. Ese es el fondo de la crítica de
El País, no respetar al
modelo de integración que ha hecho de los institutos públicos meras guarderías.
Obviando por tanto la crítica de fundamento sectario, ¿qué decir de la medida? A mi me parece bien que si un chico de 15 años llega a
España en patera sin haber sido escolarizado nunca y que viene queriendo trabajar, en vez de insertarle en el cuarto curso de la
ESO se le ofrezca formación orientada al trabajo el año que le falta para los 16. Ahora bien,
¿por qué ha de ser el color de la piel el criterio para abrir el sistema educativo a una mínima diversificación?
Habrá sin duda muchos inmigrantes que, si son insertados en el curso que les toca por edad, hagan imposible pensar en una educación de calidad, debido a que no conocen nuestra lengua o a que no han sido escolarizados. Pero
habrá también inmigrantes que lleguen con una base educativa suficiente, y otros que lleguen tan jóvenes que puedan ser integrados en nuestras aulas. Y, sobre todo, y he aquí la clave,
habrá miles de estudiantes españoles que están en Institutos por obligación legal y que impiden el normal funcionamiento del aula desaprovechando estos 16 años de su vida.
No olvidemos que ese cuarto largo (30% aprox) de alumnos que no titula pero que, por Ley, está en clase con el resto hasta los 16 no sólo imposibilita que la ESO sea algo más que una guardería, sino que tampoco aprovecha para sí ese tiempo y esos recursos cuando, tal vez, sí le sirviera de algo la escolarización durante la adolescencia si tuviera una orientación laboral que le permitiera una mínima promoción social (¿o cree alguien que los alumnos del fracaso escolar acaban haciendo FP o recibiendo algún tipo de formación en absoluto?)
Por tanto, yo desde aquí le sugeriría al Gobierno nacionalista-socialista de Cataluña que abriera su mente a criterios distintos del color de piel: querer estudiar o trabajar, preferir ciencias o letras, catalán o castellano... pero
no haré yo lo que han hecho ellos, no les llamaré racistas. Me limitaré a recordar que, a la hora de tratar a los alumnos, hay que ver más allá del color de la piel.