Cien Mil Objeciones

Una tal Adela Cortina, de la Universidad de Valencia, ha defendido eso de la Educación para la Ciudadanía, unas declaraciones que ha recogido El País en un artículo tan crítico y riguroso como de costumbre. Además de llamar prácticamente de todo a los objetores y a la Iglesia, porque para la izquierda resulta fundamental identificar a la Iglesia con toda oposición ideológica con que se topen, ha soltado la siguiente perla: el objetivo de la asignatura es evitar que "alumnos buenos en Matemáticas, acaben cogiendo un rifle y matando a compañeros". Lo que pasa, Adela, es que antes que hacer eso, habrá que tener alumnos buenos en Matemáticas. Vamos, digo yo. Igual si consiguiéramos que la escuela sirviera para instruir y para transmitir algo, no haría falta tanta educación ciudadana. Es más, el rollo ciudadano, multicultural y ecologista lo que hace es, precisamente, quitar horas a las Matemáticas.

Otro de los conceptos aportados por la catedrática en Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia es el de "valores plurales compartidos". ¿Y eso de valores plurales? Un valor o es o no es, no sé cómo puede ser plural. Y lo de compartidos es el gran hallazgo: si son compartidos, ¿por qué hay objeciones? ¿No se te ha ocurrido, Adela, pensar que hay familias que no quieren que se enseñe a sus hijos que Occidente es malo y que la globalización crea injusticias? ¿Incluso padres que prefieren que estudien Economía o Matemáticas? Y ya la repanocha es lo de que los valores sean y plurales y, además, compartidos. Ya no saben qué inventarse para enseñar la corrección política y llamar extrema derecha a todo lo que se salga de sus cánones falsamente progresistas.

Vino acompañada, la filósofa, de una tal Margarita González, que viene a ser el equivalente a Batasuna en el sistema educativo valenciano. Como esta afirmación podría resultar querellable, aclaro que esta equivalencia la hago en el sentido de que la tal Margarita siente el mismo respeto hacia el Estado de Derecho y hacia el Imperio de la Ley que, digamos, Otegi. Se trata de la directora del IES Ballester Gozalvo, que se ha declarado en rebeldía porque rechaza que la asignatura se imparta en inglés. Tiene bemoles que la señora Cortina diga que "la objeción es un atentado al sentido común" al lado de una señora que objeta, declarándose en rebeldía, a que su asignatura se imparta en inglés. ¿Qué opina nuestra Adela de esta objeción? Supongo que la culpa la tendrán los obispos. ¿Y de la objeción del Gobierno catalán a la tercera hora de castellano? De eso la culpa la tendrá el PP. La verdad es que la cuestión de fondo es distinta: la objeción frente a esa basura totalitaria es un ejercicio de un derecho individual, mientras que negarse a darla en inglés es simplemente incumplir la Ley para salir en la tele y hacer méritos dentro de la izquierda.

Y, sin embargo, el argumento de Margarita para rebelarse contra la estúpida Orden de Camps de dar la cosa esta en inglés es fantástico: el derecho de los alumnos a recibir la educación en una lengua oficial. De nuevo el símil lingüístico. De nuevo nada dicen de las familias que no pueden educar a sus hijos en su lengua materna en su propio país. Y esta es la clase intelectual del país, así va el resto. Ah, y qué no se me olvide el tercer componente de la terna progre: la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos. Sota, caballo y Rey.

La resistencia de los católicos a los contenidos ideológicos de Educación para la Ciudadanía se ha visto reforzada gracias a la tenacidad de Rouco Varela frente al entreguismo subvencionado de algunos religiosos. Lo ha explicado esta mañana una persona excepcional, María Rosa de la Cierva, del sector nacional-decente del Consejo Escolar del Estado, en la entrevista que le ha hecho Federico Jiménez Losantos. De la Cierva ha hablado de un asunto que trae La Razón de hoy: un comunicado episcopal a centros y padres católicos de Madrid recordando que existe el derecho a objetar frente a unos contenidos que vulneran la Doctrina Social de la Iglesia. Comunicado que se hacía necesario tras una carta de la FERE a los colegios pidiéndoles que las objeciones “puedan aceptarse únicamente con anterioridad al inicio de las actividades lectivas del curso.”

En la misiva de los religiosos de la FERE, premiados no hace mucho por De la Vega con la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, se trata el asunto con una nada sutil ironía que deja patente su rechazo a la objeción. La tachan de innecesaria en sus centros y entrecomillan la palabra “alumnos” al referirse a los objetores. Y recuerdan también la obligación de cursar la asignatura utilizando un falso tono de resignación, habida cuenta de que las sentencias de los TSJ no son opiniones de jueces sino que conforman la legalidad al anular las disposiciones que impiden o dificultan la objeción. Legalidad que, por cierto, no sé si cumplen las escuelas de la FERE cuando se trata de la tercera hora de castellano en Cataluña; tal vez habría que comprobarlo.

Por otra parte, el rotativo de PRISA distribuye hoy un publirreportaje, con forma de noticia y con foto en portada, sobre la enseñanza de la asignatura en inglés en Valencia. Lo de utilizar el inglés o el chino para eludir el debate sobre los derechos civiles de los ciudadanos cuya lengua materna es el castellano es algo típico del PP. La ocurrencia de Camps, de impartir Ciudadanía en inglés para eludir la cuestión de fondo, me parece una absoluta idiotez, salvo que algún profesor con sentido común ignore el temario buenista (ya saben, alianza de civilizaciones y cambio climático) y se dedique a enseñar algo del idioma. La Orden autonómica lo que dice es que la materia la impartirán profesores de inglés “asesorados” por profesores de filosofía. La verdad es que uno se pregunta para qué hace falta tal asesoramiento si se va enseñar la Constitución, como dice Cabrera.

El caso es que lo de El País de hoy redefine el significado de la palabra manipulación: una teatralización de la iniciativa campsista en la que profesores de extrema izquierda se dedican a hacer política contra el Gobierno valenciano haciendo un paripé de traducción simultánea (del valenciano al inglés, no se crean ustedes que se habla castellano). "Uno tiene que dar las clases y el otro traducir", afirma -miente- un profesor. Vean un ejemplo de la propaganda: "No queremos incumplir la norma porque sí", explican [los profesores], y exponen otro ejemplo para que los alumnos reconozcan la importancia de los inconformismos a lo largo de la historia. "Las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres y no podían estudiar. Si no hubieran protestado por ello, os tendríais que disfrazar de chicos o estar en casa fregando. Hay que protestar cuando creemos que se nos impone algo que es una pérdida de tiempo y un desatino", relata uno de los docentes.

Los inconformistas de la historia no son los objetores, por si quedaba alguna duda, sino los profesores-figurantes. Al parecer, el de Inglés desconoce cómo enseñar tolerancia y respeto (ZP dixit) y por eso se le ocurre lo de la destraducción (sic, o sea, literal), así que entonces aprovecha y monta el numerito con el de Filosofía delante de los periodistas prisáicos. Así concluye la propaganda: De hecho una sencilla frase en inglés de la profesora sobre derechos humanos en la Unión Europea provoca las risas de los alumnos, que se quejan: "No nos hemos enterado de nada".

¿Así tratáis al Virrey, Juan Luís?

El fin del apartheid permitió a la población negra de Sudáfrica estudiar en inglés, la lengua que más oportunidades les ofrecía y de la que les había privado la segregación racial, que les obligaba a estudiar en lenguas y dialectos étnico-territoriales.

La euforia con la que los ciudadanos españoles en Ceuta y Melilla reciben al Rey, a Zapatero o a Rajoy se debe a que la Nación española es la garantía que tienen no ya de libertades y derechos individuales sino de oportunidades para salir adelante. La nacionalidad española y la lengua española son los dos instrumentos que ofrecen esas oportunidades y que salvaguardan a la población de las ansias expansionistas de la tiranía teocrática del Rey de Marruecos y heredero de Mahoma.

Por eso hay que denunciar el intento de la extrema izquierda y de sus aliados islamistas en Ceuta y Melilla, de imponer una especie de nacionalismo árabe antiespañol en el sistema educativo de ambas ciudades (las únicas de España, por cierto, en las cuales los planes de estudio son los del Ministerio de Educación, sin distorsiones regionalistas de ningún tipo).

El primer paso fue conseguir imponer un programa de enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que puede tener cierta utilidad para la población pero que tiene un preocupante componente indigenista, típico de la izquierda posterior a la caída del Muro de Berlín. El segundo paso fue la propuesta de la izquierda pedagógica, apoyada por el Consejo Escolar del Estado, de adoptar el tamazight -idioma berebere- como lengua del sistema educativo para los alumnos que la tengan como materna (es decir, lo que no se puede hacer con el español en una tercera parte de España). Por cierto que educar a la población local en su lengua étnica en vez de en la nacional es exactamente lo que se imponía a los negros en la Sudáfrica del apartheid.

Hace unos minutos, el director provincial del Ministerio de Educación en Melilla, Miguel Heredia, ha anunciado orgulloso que no han registrado objeciones de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía en la ciudad autónoma, todo un avance dado que "se tratarán bloques de contenidos relacionados con los derechos y deberes como ciudadanos así como la igualdad y el respeto a todas las formas de cultura o sociedad". Es decir, se trata de enseñar a las niñas (que son libres porque viven a pocos kilómetros de Marruecos) que lo que pasa al otro lado de la frontera, la sumisión de la mujer y la persecución de la prensa libre, sin ir más lejos, son tan respetables, sino más, como esos valores cívicos que dice enseñar la asignatura.

Si el arrinconamiento del castellano como lengua permitida para la vida pública allí donde existe otra lengua local, tenga o no carácter oficial, supone recortar oportunidades de promoción social (además de derechos civiles), no hay palabras para definir las palabras del director del Ministerio de Educación y el relativismo cultural de la izquierda europea. O mejor, las hay: ideología antioccidental, antiliberal y antiespañola.

Faltan pocas semanas para el inicio del próximo curso escolar, en el que se generalizará la enseñanza de Educación para la Ciudadanía en todos los niveles educativos y en todas las autonomías. Por ello, las noticias sobre el movimiento de objeción de conciencia a la dizque-asignatura de decenas de miles de familias se repiten. Ya sea por motivos religiosos, morales, políticos o culturales, hay muchísimos padres en toda España que rechazan una asignatura que no sólo contiene indicaciones éticas que pueden ser rechazadas por familias con unas determinadas convicciones morales o religiosas, sino también contenidos claramente políticos y claramente anti-liberales.

Ayer fue La Rioja y hoy es Castilla-La Mancha. Son las Comunidades Autónomas cuyos tribunales han sido los últimos en reconocer el derecho a objetar. Son ya mayoría, y aquellos tribunales que no han sentenciado lo mismo que éstos o que el de Andalucía o que otros muchos, no parece que lo hagan por un menor contenido ideológico del “currículum” autonómico sino por una composición política diferente de los señores magistrados. Sea cual sea el “currículum” y sea cual sea el libro de texto, los contenidos mínimos de Educación para la Ciudadanía responden a ideas políticas y éticas que no son las de toda la sociedad sino las de una parte de la sociedad. Lo que siempre se ha criticado en una asignatura voluntaria, la religión, se hace ahora con una asignatura obligatoria, la ciudadanía, es decir, la religión de papá-Estado.

Habrá quienes, como Fernando Savater, quieran achacar este movimiento a los sectores más intolerantes y reaccionarios de la sociedad, a fanáticos religiosos que odian a los homosexuales y que rechazan la enseñanza del darwinismo. Pero lo cierto es que el empeño del Gobierno de Zapatero por imponer la asignatura, por perseguir a los objetores y por venderlo como un logro ante feministas y colectivos homosexuales de izquierdas deja claro que estamos ante una asignatura política.

La izquierda, en su empeño por estigmatizar y perseguir a las familias objetoras, insistirá en que lo que se quiere enseñar son los valores democráticos, los derechos humanos, la igualdad de la mujer, el respeto cívico y la Constitución. Lo cierto es que lo más cívico que tiene la asignatura es el movimiento objetor de miles de familias que, abandonadas por la derecha política, se niegan en solitario a que la taifa de turno enseñe a sus hijos la corrección política y el miedo a la libertad.

La primera legislatura de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid sirvió para romper una infinidad de moldes que anteriores gobiernos socialistas e intervencionistas habían mantenido en torno al sistema educativo. Los más destacables fueron, sin duda, la realización de una prueba de conocimientos al final de la Educación Primaria -ahora se hace también en la ESO- y la especialización de algunos centros educativos públicos, que pasarían a ser bilingües. Fue también Aguirre quien, durante la campaña de las últimas elecciones autonómicas, anunció que Madrid no perseguiría a las familias que objetaran a Educación para la Ciudadanía, como acaba de confirmarse.

Hasta aquí no hay quejas. Es más, Aguirre, dentro de su hiperactividad política, es probablemente la política nacional que más tiempo y esfuerzos ha dedicado jamás a la enseñanza -a un modelo liberal de enseñanza-, y no me refiero sólo a su periodo de Ministra de Educación. Pero esa hiperactividad y ese deseo por romper con los viejos dogmas del socialismo y del pedagogismo chocan con la aparente inactividad de la nueva consejera, Lucía Figar. Han pasado años ya desde que se creó la famosa prueba de evaluación y desde que se abrió el primer colegio público bilingüe: ¿carece la nueva consejera de ideas para seguir reformando la educación madrileña? ¿Está todo hecho en Madrid?

Quiero recordar que ya se tienen sobrados datos sobre el nivel de los alumnos madrileños en áreas como las Matemáticas, sin que hasta el momento se haya articulado alguna medida como pudiera ser la separación en grupos de nivel. Y quiero recordar que para hablar de una Administración liberal no se ha planteado alternativa alguna al modelo de financiación (pública/concertada), ni se ha hablado del cheque escolar o del copago. Tampoco he oído a la consejera Figar hablar de organizar la optatividad de la ESO en distintas vías de estudio o de especializar algunos Institutos en Formación Profesional desde los últimos cursos de la Educación Secundaria. Hasta ahora, lo único bueno que se recuerda de Lucía Figar es el anuncio de que la Administración no obligará a ir a clase ni suspenderá a los alumnos objetores... pero eso ya lo había dicho la Presidenta.

Para colmo, nos encontramos con que la beca que todos los años convoca la Administración regional para atraer a Madrid a los alumnos más excelentes va a dejar de valorar especialmente a las ingenierías y a las dobles titulaciones, y que del 9,25 para arriba (nota significativamente inferior a la nota de corte de la citada beca) no se corregirá la nota media de estos alumnos: es decir, que una licenciatura como la que usted y yo estamos pensando valdrá lo mismo que una ingeniería o que arquitectura. Igualación esta que no se sabe si responde a la corrección política, a las presiones de los alumnos de las carreras más sencillas o simplemente a una concepción socialista del sistema educativo.

En definitiva, que Esperanza Aguirre sea el referente político nacional de todos los liberales y, especialmente, de quienes seguimos la cuestión educativa, no quita que haya muchas más cosas por hacer en la Comunidad de Madrid de las que se están haciendo esta segunda legislatura. Si Aguirre ganó por goleada el año pasado gracias a ese afán de reforma, ¿qué sentido tiene paralizar todo la segunda legislatura?

El pasado 31 de julio de 2008, la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid publicó la Orden que convoca las becas de excelencia para el curso académico 2008-2009. Inmediatamente, decenas de estudiantes de Medicina, dobles titulaciones y simultaneidad de estudios se pusieron en contacto con la Unión Democrática de Estudiantes (UDE), mayoritaria en la Comunidad de Madrid, para preguntar por los cambios aparecidos.

Tras analizar la convocatoria, esta organización detectó que, aunque no lo parezca en una primera lectura, la Dirección General de Universidades había reformado las bases de la beca de excelencia para los alumnos universitarios, suprimiendo de hecho el coeficiente de corrección que reconocía el especial esfuerzo de los alumnos de Medicina, dobles titulaciones y simultaneidad de estudios.

Así, la nueva convocatoria divide a los alumnos en dos grupos: un grupo preferente (media original superior a 9,25) y el resto (media original inferior a 9,25). Según el Anexo IV de la Orden, para el grupo preferente no se aplica el coeficiente de corrección de Medicina, dobles titulaciones y simultaneidad de estudios (que, además, este año baja de 1,33 a 1,125). Sí se aplicaría, por tanto, este nuevo (y reducido) coeficiente al grupo no preferente (media original inferior a 9,25). No obstante, resulta que la nota de corte de la beca de excelencia nunca ha estado por debajo de 9,25, con lo que el único supuesto en el que se aplica el coeficiente deja de tener sentido.

Cuando CONCAPA y UDE enviaron una carta a Mariano Rajoy, de la que se hizo eco El Mundo, preguntándole qué opinaba -si es que opinaba algo- sobre la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, la única respuesta que yo tuve fue una llamada telefónica de una diputada pepera para contestar extraoficialmente a mi carta. Me vino a decir que el PP estaba decidido a tener una postura común respecto a la nueva asignatura, y que el modelo de referencia era la Orden que había aprobado Paco Camps en la Generalidad Valenciana.

Personalmente, no tengo nada en contra de dicha Orden. Creo que la solución de los trabajos sustitutivos está a la altura de la inanidad de la asignatura, pero le dije a nuestra amiga la diputada que esa Orden sería recurrida ante el TSJCV, que se pedirían medidas cautelares, y que se conseguirían. Parece de sentido común. Una cosa es lo que dijo Esperanza Aguirre en Madrid, que es no poner trabas a la objeción y respetarla, y otra cosa es regular en una Orden cómo se ejerce y cómo se evalúa, lo cual no se puede hacer porque entonces no sería objetar sino adaptarse a una previsión reglamentaria que, al no estar prevista en la Ley, resulta nula, hasta el punto de ser suspendida cautelarmente.

Por tanto, nos encontramos con que Valencia no tiene la menor idea de que hacer con los objetores y, consiguientemente, el PP tampoco, eso de ser cierto aquello que me dijo nuestra amiga la diputada de que el Partido Popular iba a buscar una postura común, lo cual es más que cuestionable. Frente al caos valenciano y a la incertidumbre en Murcia, nos encontramos con dos CC.AA., La Rioja y Castilla y León que, frente a lo que nos prometió -extraoficialmente- el partido conservador, están persiguiendo a los objetores cuales taifas pepiñas.

Hasta ahora, lo único que tiene sentido es lo de Madrid, amparar la objeción como tal, no hacer una regulación de otra cosa que no sería objeción y que sería ilegal sin tampoco amedrentar a las familias objetoras. Ahora bien, llama la atención que la Consejera de Madrid, que creo que se llama Lucía Figar -no tengo el gusto de haberme reunido con ella-, no haya hecho nada conocido por concretar, como le corresponde al frente de Educación, en qué consistirá y cómo se ejecutará ese amparo a los objetores, no evaluándoles hasta que el Supremo se pronuncie, etc.

Volviendo a Valencia, esta vez en su condición de capital de Vulgaria (me apropio del neologismo de García Domínguez), he de recordar que Nasarre y Peral, sector democristiano, lograron introducir en la tristemente célebre Ponencia Política un apoyo explícito a la objeción de conciencia. Eso sucedió antes de la carta que mi amigo Luis Carbonel y yo enviamos a Don Mariano pero, habida cuenta de que el PP ya tiene una opinión adoptada por su Congreso búlgaro, falta ahora que haga algo por llevarla a cabo allí donde gobierna. ¿Hará falta otra carta a Génova?