Tras la noticia de la tasa de 14 dólares que EEUU va a cobrar a los viajeros encuentro hay que dos de las ciudades americanas más atractivas para los viajeros estudian o han decidido ya prohibir el alquiler de apartamentos por periodos cortos de tiempo, es decir, aquellos que obviamente estaban destinados a los turistas.

Tal y como nos cuentan en Diario del Viajero Nueva York lo ha hecho con ya con una ley promovida por el gobernador (que entrará en vigor en mayo) y en San Francisco están pensando en repescar una ordenanza de 1981 que en realidad no se aplica, al menos hasta ahora. También Carmel, un pueblecito en California con cierta fama ya que durante varios años Clint Eastwood fue su alcalde, estudia una normativa similar.

Se aducen varias razones para estas medidas: que estos pisos encarecen el mercado de alquileres para los locales, que perjudican a negocios que pagan impuestos de una forma más regular como los hoteles (aunque al menos en San Francisco parece ser que la municipalidad sí cobraba por los beneficios de estos alquileres), o que las condiciones no son lo suficientemente seguras para un uso poco menos que hotelero.

Como tantas otras cosas este tipo de alquileres se ha extendido bastante gracias a internet, ya que la red permite un contacto relativamente informal entre clientes y propietarios que de otro modo resultaría muy complejo y muy costoso, y eso en caso de que fuese posible.

Con ellos quedaban satisfechas las demandas de algunos tipos de viajeros, que además habitualmente solían encontrar precios más competitivos para estancias de una o dos semanas: familias con varios niños, grupos de amigos o, simplemente, gente a la que no le gustan los hoteles o que van a tener una estancia larga (cualquiera se paga un hotel en Nueva York durante cuatro semanas, por ejemplo).

Pero como suele ocurrir con estas cosas, alguien se sentía perjudicado, en este caso los establecimientos hoteleros "regulares", pero desde mi punto de vista es más que discutible que este perjuicio fuese real: la inmensa mayoría de los clientes que recurriesen a este tipo de alojamiento difícilmente podrían o desearían sustituirlo por otro, es decir, que si una familia con cinco o seis miembros que sí podía ir a un apartamento se tiene que pagar un hotel en una de estas ciudades lo más probable es que acabe pasando sus vacaciones en la Manga.

Y como estos agentes del mercado tienen por lo general mayor capacidad de presión los políticos recurren a lo que mejor saben hacer: prohibir, con una intromisión intolerable en el derecho a la propiedad (te dicen cómo y cuando has de usar tu piso) y abortando un sector que, de regularse y permitirse, podría significar que el abanico de opciones para los turistas es más amplio, es decir, que la ciudad sería un destino más rico.

Como ya comentamos al hablar de la tasa turística en Barcelona, y es algo que también aplica a los 14 dólares que tendremos que pagar para entrar en EEUU, parece que los políticos solo saben trabajar por un sector friendo a impuestos a los ciudadanos o con prohibiciones.

Y así nos va, claro.