Como la realidad es más dura que un ladrillo, los políticos que nos están llevando a la ruina se han topado de bruces con un muro de realidad.

Cada vez hay menos gente trabajando, cada vez hay menos gente a la que se le puedan quitar impuestos, cada vez hay menos empresas. Por contra, cada vez hay más jubilados que tienen que cobrar su pensión y cada vez hay más parados que tienen que cobrar una prestación por desempleo.

Contra la dura realidad de que las cuentas no salen, se impone tomar decisiones, pero estos socialistas, que no entienden de economía y a los que sólo les interesa lo que pueden quitarnos de nuestro bolsillo, no se les ocurre más que la solución más beneficiosa para ellos. Subir los impuestos o reducir las prestaciones, no se les ocurre otra cosa porque no tienen ni idea y les importa una higa el desastre económico y social al que están abocando a los españoles y a todos los extranjeros que vinieron a España en una época en la que había trabajo para cientos de miles de inmigrantes.

El sistema de reparto de pensiones es, enterémonos de una vez, una estafa piramidal en la que a los trabajadores se les quita un dinero y se reparte entre los jubilados. Como toda estafa piramidal, los primeros que entren saldrán beneficiados, pero conforme pasa el tiempo los beneficios serán cada vez menores hasta que llega un momento en que lo que se acaba cobrando de pensión es menos de lo que se ha pagado durante cuarenta años de trabajo. Los únicos que aún salen beneficiados son los políticos que parten y reparten y se quedan la mejor parte, pudiendo cobrar una pensión escandalosamente alta después de haber cotizado durante apenas siete años de ¿servicio? más bien robo a la nación.

Estamos destruyendo empleo, y en este momento una de las pocas esperanzas de muchos jóvenes sin trabajo es que en alguna empresa se jubile pronto algún trabajador para poder optar a su puesto. Pero si se hace que los trabajadores tengan que trabajar dos años más, el joven verá como aún esa esperanza se aleja de su horizonte.

La reforma socialista, sin embargo, sí tiene una ventaja para el gobierno. Que van a tener un millón menos de pensionistas a los que pagar pensiones. Para el gobierno es más rentable quitar la pensión a los ancianos de 65 a 67 años, dejarlos trabajando y cotizando, que permitir que se jubilen y sean sustituidos por jóvenes que se incorporen al mercado laboral.

Bueno para los políticos, malo para los trabajadores que aún tengan que trabajar dos años más de los que pensaban, y peor para los jóvenes que no encuentran su primer empleo.

Pero en realidad ¿qué han reformado?

Han reformado la edad de jubilación, pero el sistema sigue siendo el mismo. Los que trabajan pagan impuestos y los políticos reparten el dinero entre los pensionistas, eso sí, reservándose para ellos las mayores pensiones.

Y este sistema, el sistema de reparto de pensiones, ¡es una estafa piramidal! El mismo sistema que utilizó Madoff para estafar miles de millones de dólares a cientos de miles de incautos inversionistas.

Por desgracia, ni jueces ni policía entrarán en el congreso para detener a los estafadores, así que estos podrán seguir con su estafa de forma permanente, e incluso cuando se descubra que la mayoría de los futuros pensionistas acabarán cobrando mucho menos que el total que han pagado, a los pensionistas y trabajadores no les quedará otro remedio que obedecer a los políticos, que pueden usar todos los medios que quieran para seguir estafándonos.

Es necesario acabar con este sistema de reparto de pensiones y sustituirlo cuanto antes por un sistema de ahorro de pensiones que allí donde se ha implantado ha tenido un magnífico éxito que ha beneficiado principalmente a los trabajadores y pensionistas.

Es tan simple como que, en vez de pagar un dinero y repartirlo de inmediato entre los jubilados actuales, ingresarlo en una cartilla que por cada ingreso salarial, mes a mes, irá creciendo. Durante treinta o cuarenta años todos los trabajadores ahorrarán un diez por ciento de su sueldo. Este ahorro puede entrar en un plan de capitalización que según como se gestione puede generar unos intereses de entre 5 y 10 por ciento anual. Con un interés del 5%, el capital aportado se duplicará cada 14 años, con lo que al cabo de treinta años de trabajo el capital acumulado puede ser CUATRO veces mayor que el capital ahorrado. Si la empresa de capitalización lo hace bien y consigue un rendimiento medio de un diez por ciento anual, eso supondrá duplicar el capital cada 7 años, por lo que los intereses podrían multiplicar por quince el capital aportado. Los depósitos están garantizados y si una empresa de capitalización no consigue beneficios, la empresa quebrará, pero el capital ahorrado no sufre ninguna disminución, por lo que el propietario de esos ahorros, sin haber perdido nada, puede coger su cartilla de ahorro de pensión y llevarla a otra empresa de capitalización que tenga mayores beneficios.

Puede haber tantas empresas de capitalización como se quiera, que funcionarán de forma similar a los bancos, pero para garantizar que su único objetivo sea conseguir la máxima rentabilidad para sus clientes, NO DEBEN tener intereses comerciales con bancos o empresas, pues si no acabarían por actuar más en beneficio de sus empresas filiales que en el de los depositantes.

Estas empresas se financiarán exclusivamente con un porcentaje (como máximo del 1%) de los beneficios conseguidos para los clientes, no dependiendo del capital de cada cartilla. Asimismo todas las Administradoras de Fondos de Pensiones publicarán los beneficios que han conseguido cada año y los clientes podrán elegir la que les parezca más rentable o cambiar de administradora cuando quieran sin sufrir penalización.

Este sistema se ha implantado en varios países y el éxito ha sido tal que muchos trabajadores, al cabo de treinta años de capitalización, han podido jubilarse con una pensión muy superior a su salario anterior, cosa que con un sistema de reparto de pensiones es imposible.

Su una persona vive muchísimos años y acaba por agotar todos sus ahorros, el estado le asignará una pensión mínima garantizada, suficiente para su subsistencia. Si fallece antes de agotar su cuenta, el dinero restante lo recibirán sus herederos, pagando, eso sí, un porcentaje de impuestos que se destinará a repartirlo entre las personas que hayan agotado sus ahorros.

Hay muchos más beneficios, principalmente para la economía del país, que tendrá un capital enorme para invertir en la creación de nuevas empresas y crear más riqueza, pero una ventaja adicional será que los políticos no podrán controlar nuestras pensiones. El dinero es nuestro, lo hemos ahorrado mes a mes, durante 30 ó 40 años, con el diezmo de nuestro salario, y lo llevamos a la Administradora de Fondos de Pensiones que nos ofrezca mejores garantías. Y si un político me dice que le de mi dinero que él me lo administrará lo mandaré de paseo a comer lo que se comieron los pavos del tío Tronchao.

ESTA es la reforma que hace falta hacer: Acabar de una vez con la estafa piramidal del Sistema de Reparto de Pensiones y sustituirla por un Sistema de Ahorro de Pensiones que haga que cada persona sea dueña de sus ahorros y de su futuro.

No es algo que se pueda hacer de inmediato, se requieren al menos veinte años para que el sistema de ahorro acabe sustituyendo al de reparto, pero hay que empezar ya, y mientras más jóvenes sean los que se incorporen al sistema mayor será su beneficio futuro.

En las dos últimas semanas he estado moviéndome en tres direcciones diferentes.

Primero, he consultado con un amigo que hace varios años participó en la formación de un partido político que me ha asesorado sobre algunas cuestiones que necesitaba saber. Algunos de sus consejos me han parecido bastante prudentes y los he aprovechado.

Segundo, he terminado de redactar los estatutos del partido. Son sesenta artículos que en mi opinión contemplan todas las obligaciones que deben tener los cargos del partido y todos los derechos y obligaciones de los afiliados. También definen el modo de acceso o baja de los afiliados, su conversión en miembros y cargos del partido, funcionamiento de los órganos (comité ejecutivo y comité disciplinario) así como la forma en que se desarrollarán las asambleas, las elecciones internas etc.

Tercero, he consultado con varias notarías de mi ciudad sobre el precio de los trámites notariales requeridos. Y aquí es donde he metido la pata.

De las tres notarías consultadas, dos de ellas me han dicho que los trámites me costarían entre 200 y 300 euros. En la tercera me dijeron por teléfono que unos 80 euros más algunos gastos que podían rondar unos ocho o diez euros. Al menos, eso es lo que entendí.

Allá fui con mis flamantes estatutos y tras comenzar la entrevista me entero que lo había entendido mal, o quizás es que me lo explicaron mal, no lo sé. 80 Euros más 8 euros por página de los estatutos, que como eran 19 páginas subían a 230 Euros más IVA. Osea, casi 300 euros.

Quizás para otras personas 300 euros no sean mucho, pero para mí sí lo es. Y lo mismo para las tres personas exigidas por la ley con las que contaba para fundar el partido.

La verdad, eso nos ha echado bastante para atrás, y durante varios días he estado replanteándome si podíamos hacerlo o no. Al final uno de mis compañeros ha dado con la solución.

Se supone que una vez legalizado el partido tenemos que conseguir afiliados, y estos afiliados deben participar en la toma de decisiones, y algunos afiliados se conformarán con eso, pero otros afiliados querrán participar más activamente, con lo que se convertirán en Miembros. Y en su momento habrá elecciones donde los afiliados elegirán, de entre los miembros que se quieran presentar, los cargos definidos en los estatutos.

Y todos estos afiliados pagarán una cuota de afiliación que, en principio, habíamos pensado que fuera de diez euros anuales.

Es decir, que si conseguimos treinta afiliados (de momento sólo somos 4) tendremos dinero suficiente para legalizar el partido.

Aún así, ¿qué pasa si empezamos a cobrar las cuotas de afiliación y somos tan lerdos de no ser capaces de alcanzar los 30 afiliados? No me gustaría quedarme con un dinero que se ha recaudado con un objetivo y luego no cumplir ese objetivo. Así que mi primera idea fue poner un tiempo límite, y si en ese tiempo no conseguimos llegar a los treinta afiliados, renunciar a la creación del partido y devolver el dinero.

Pero como esto puede que no sea posible, tras pensarlo por segunda vez hemos decidido lo siguiente.

Abrimos el Proyecto Más Libertad para la formación de un partido político de ideología liberal, con sede en Internet, permitiendo a los afiliados la participación plena, el debate y las elecciones de los cargos, la composición y reforma del programa político, todo a través de asambleas realizadas en la página web del partido.

La Cuota de Afiliación se establece en CERO euros. Es decir, no hay que pagar nada por afiliarse y participar ni por convertirse en miembro.

Una vez que haya más de treinta afiliados se convoca una primera asamblea general (extraoficial), se realizan las primeras elecciones a los cargos (provisionales) del partido y se establece una cuota de 10 euros anuales, a pagar por transferencia a una cuenta provisional.

Se procede a la legalización del partido, proceso que puede tardar unas tres o cuatro semanas y, una vez hecho esto, se convoca la primera Asamblea OFICIAL. Se repiten las elecciones (para que sean oficiales y legales). Se abre una cuenta bancaria a nombre del partido y se inician las actividades legales necesarias para cumplir los objetivos del partido.

Que no son otros que ganar las elecciones generales del año 2012 y quitar al nefasto presidente del gobierno que nos está llevando a la ruina.

Quizás esto último os parezca una baladronada. Bueno, lo sería si lo fuera a hacer yo solo, pero no voy a ser yo solo.

Cada nuevo miembro del partido trabajará para divulgar nuestras ideas, para denunciar las incompetencias y mentiras de los gobernantes, para convencer a sus amigos y familiares, para repartir folletos, para debatir, aportar nuevas ideas, imaginar estrategias y difundir nuestro ideario y la dirección de nuestra página web con el fin de alcanzar cuanto antes una base suficiente de afiliación para asustar a los políticos actuales.

Objetivos: En tres semanas tendré lista la página Web del partido, con las opciones principales ya en funcionamiento y donde los visitantes podrán afiliarse y participar según los estatutos del partido. De inmediato iniciar estrategias para captar afiliados. En cuanto seamos treinta, legalizar el partido. Y después seremos treinta trabajando, teniendo ideas, desarrollando estrategias. Ir a por el MIL. Y cuando lo consigamos a por el DIEZ MIL. Mientras más seamos, más creceremos.

En los últimos días he estado leyendo algunas de las páginas de varios partidos de ideología liberal que hay en la Web, especialmente el P-Lib (http://www.p-lib.es/) y ELIGES (http://eliges.org/) del que me ha informado nuestro colega Arsbin (http://blogs.libertaddigital.com/Arsbin/).

La verdad, me he visto gratamente sorprendido al conocer estas iniciativas, y lamento no haberme enterado antes de ahora. ¿Cómo es que no se le da más difusión a este tipo de iniciativas de crear partidos de ideología liberal?

He estado leyendo los estatutos y el programa político de ambos partidos y puedo decir que comparto gran parte del ideario de ambos, aunque no comparto todas las propuestas que plantean.

El P-Lib, por ejemplo, habla de que el Senado es una institución que ha perdido sus funciones y utilidad y que debería disolverse o convertirse en cámara territorial, y esto es algo con lo que no estoy de acuerdo.

En mi opinión, el Senado debería ser lo que en principio se decidió que fuese: Una Cámara Legislativa. La institución en la que se desarrollan, discuten, derogan o aprueban las leyes que han de regular la convivencia de los españoles y limitar el poder de los gobernantes. Los senadores deberían ser cargos elegidos democráticamente en listas abiertas y que procedieran del congreso o la judicatura, es decir, expresidentes, exjueces, exministros, personas de ganada reputación, que tengan la vida resuelta y que no tengan intereses económicos o partidistas, o que al menos actuen con honradez.

El Congreso, el poder ejecutivo, tendría que tener vetada la posibilidad de hacer leyes. Su misión debería ser únicamente administrativa y ejecutiva, haciendo que se aplicasen las leyes que hubiera aprobado el Senado.

El Poder Judicial se dedicaría a perseguir y castigar los delitos cometidos por personas o instituciones.

Este es el esquema de Montesquieu, tres poderes separados e independientes donde cada uno sirve para contrarrestar el poder excesivo acumulado por cualquiera de los otros.

Convertir el Senado en algo distinto es renunciar al esquema de Montesquieu y admitir que el Poder Ejecutivo sea un Poder Absoluto y Absolutista. Justo lo que quería Alfonso Guerra al declarar, espero que prematuramente, "Montesquieu ha muerto".

Por otro lado, en algunas cuestiones éticas, el P-Lib se manifiesta bastante (¿radical, extremista, demasiado progresista?). No quiero que esto sea una crítica de sus ideas éticas, algunas de las cuales comparto, sino de la importancia y el tono que le dan, especialmente cuando habla de los "retrógrados" "fanatismos" religiosos. El tono empleado en todo lo referido a la iglesia es bastante beligerante, y debo decir que, aunque soy ateo, no me parece correcto ni necesario combatir una institución que, cuando ha estado lejos del poder, ha hecho bastante bien.

En mi opinión, la Iglesia Católica debe ser considerada una Asociación Sin Animo de Lucro, integrada por personas que voluntariamente pertenecen a ella y que pueden afiliarse o borrarse cuando deseen y que como cualquier otra asociación, partido o sindicato, debe financiarse con las aportaciones de sus afiliados o simpatizantes.

Los miembros de la iglesia tienen derecho a tener sus creencias y dictar, sugerir, educar o imbuir una serie de normas éticas a sus afiliados, pudiendo, como cualquier otra asociación, hacer publicidad en los medios que desee para transmitir su mensaje y atraer afiliados.

Personalmente soy ateo, no comparto prácticamente ninguna de las creencias de la iglesia católica, pero las normas éticas que predica, basadas en las Reglas Naturales de la sociedad (No Matar, No Agredir, No Robar, No Engañar) y en el amor al prójimo me parecen mucho más decentes y beneficiosas que el comportamiento que para con nosotros demuestran los políticos.

En cuanto al ideario de ELIGES, en general me parece bastante correcto, con algunos (pocos) detalles que no comparto, como la pretensión de que el Estado dirija y regule la educación. Yo creo, por el contrario, que el Estado no debe regular la educación, sino que cada centro escolar privado puede tener el ideario y el programa de estudios que decidan sus propietarios, debe informar de su ideario en la puerta del colegio, para información de los alumnos y sus padres, y estos decidirán si quieren llevar a sus hijos a ese centro o a otro que tenga otro ideario más acorde con sus deseos.

Al final pasará que los colegios que se rijan por un ideario y un programa educativo que no satisfagan los deseos de sus clientes perderán dinero y tendrán que cerrar o cambiar, ofrecer a los clientes aquello que los clientes deseen.

Pero si es el Estado el que decide sobre los idearios y los programas educativos tendremos una educación uniforme y monopolista que sólo satisfará los deseos de determinadas personas mientras que otras se tendrán que aguantar, pero esos idearios y programas cambiarán de forma inmediata cuando entren a gobernar otros políticos de distintas ideas.

La educación, regulada por el Estado, será más de lo que tenemos ahora. Pero regulada por el Mercado, por la libertad de elección de los clientes, será mucho más plural, variada y adaptable a las necesidades y deseos de los ciudadanos.

Sin embargo, aunque puedo compartir prácticamente el ochenta o noventa por ciento del programa político tanto de P-Lib como de ELIGES, hay algo que aún no me acaba de convencer de ninguno de ellos, y es que en sus estatutos se copian los mecanismos de poder de otros partidos y que en casi todos los casos no sirven para evitar la corrupción y el abuso de poder.

Ya lo he explicado anteriormente, pero permitidme que me repita.

Yo quiero un partido donde, si un cargo del mismo traiciona sus promesas electorales o es pillado en un acto de corrupción, pueda ser expulsado de su cargo tan rápido como sea posible, pero no tanto como para que unas calumnias falsas puedan arruinar las posibilidades de un miembro honesto del partido.

Si un miembro es elegido para un cargo por un período de dos o cuatro años y no hay medios democráticos, o estos son demasiado complejos, para echarlo al ser descubierto, el político puede hacer lo que hacen hoy en día muchos gobernantes: Bueno, Bonito y Barato durante las campañas electorales, pero una vez asegurado el cargo a hacer lo que le salga de las narices, que cuando lleguen las próximas elecciones ya volverá a ser decente y virtuoso.

Por eso, en el partido que yo haga pienso mantener el Poder separado del Cargo. Un miembro del partido puede ser elegido para un Cargo de Presidente del Partido por votación directa de los afiliados. Una vez asumido el cargo dispondrá del Cargo, sí, pero el Poder que tenga dependerá de los apoyos que reciba de los afiliados.

Y los afiliados pueden apoyar o retirar su apoyo siempre que lo deseen, teniendo efecto inmediato en el Poder decisorio de los cargos.

Es decir, un miembro que ha sido elegido por 100.000 afiliados tendrá originalmente 100.000 apoyos, y en las decisiones que se tomen en el Comité ejecutivo su voto contará como 100.000 votos. Pero si su actitud cambia, si toma decisiones distintas a las que prometió, si se descubre que se ha corrompido, los afiliados podrán retirarle su apoyo y dárselo a otros miembros más honrados del Comité, y el Presidente acabará teniendo menos de 1.000 apoyos, con lo cual apenas tendrá influencia sobre las decisiones que se tomen en el Comité. Es decir, seguirá teniendo el Cargo pero apenas tendrá Poder.

Y una vez que pase un mes sin que el presidente del partido haya sido capaz de recuperar la confianza y el apoyo de sus afiliados, cualquier otro cargo o cualquier afiliado con el apoyo de más gente del partido, podrán solicitar su remoción y sustitución por otro miembro del comité, o solicitar una nueva convocatoria electoral.

Y por último, y creo que esto sería algo totalmente novedoso, lo ideal sería que la participación de los afiliados en el partido pueda llevarse a cabo de forma completa a través de la página web del partido, especialmente la asambleas generales, las elecciones y la posibilidad de participar en los debates y que los afiliados puedan dar o cambiar su apoyo a los cargos o las propuestas realizadas por cualquier miembro del partido.

El mayor problema que tenemos los españoles actualmente es el del paro.

Hay mucha gente que piensa que el Estado es capaz de resolver este problema, pero se equivoca.

El Estado no puede luchar directamente contra el paro.

Incluso aunque el Estado se dedicara a contratar parados, esto sólo puede hacerlo a costa de recaudar impuestos, es decir, la típica solución en que se quita dinero a todos los trabajadores para repartirlo entre las personas a las que el Estado decida emplear. Y eso, aparte de que les permite repartir favores y prebendas a amigos y familiares, supone una oculta destrucción de empleo ya que allí donde el Estado quita dinero a los trabajadores y a los empresarios les quita ahorro y capacidad de crear más empleos. Y la cantidad de empleo destruido es siempre superior a la capacidad de creación de empleo de la administración pública.

No hay más que ver que aquellas comunidades autónomas donde hay mayor porcentaje de funcionarios y empleados de la administración pública son siempre las mismas en las que hay un mayor porcentaje de desempleo.

Esto tiene una fácil explicación. Si la sociedad, formada por millones de trabajadores, empleados y empresarios, genera riqueza suficiente para crear 100.000 empleos y el Estado le quita esa riqueza, la sociedad no podrá crear esos 100.000 empleos.

Y el estado, una vez que se ha hecho con esa riqueza, podrá usarla, repartirla y asignarla a los fines que los políticos consideren convenientes. Vamos a suponer (¿mucho suponer?) que los políticos son decentes y no se quedan con un solo céntimo de esa riqueza. Vamos a suponer que los políticos deciden usar toda esa riqueza en crear empleos. En tal caso el Estado sería capaz, teóricamente, de crear 100.000 empleos.

Pero hay dos diferencias fundamentales entre el empleo creado por los empresarios y el creado por los políticos.

Un empresario, cuando crea empleo, arriesga SU dinero. Como es SU dinero será tan prudente como sea necesario y cuando intente un nuevo negocio lo hará sabiendo que si acierta ganará mucho dinero, pero si se equivoca lo perderá. De esa forma, en España, tres millones de empresarios intentan ofrecer una gran variedad de bienes y servicios, y cuarenta y cinco millones de clientes y usuarios (incluidos los niños al comprar 'los chuches') serán los que decidan si esos bienes y servicios son deseados o no. Si el empresario ha acertado se hará inmensamente rico y, con el propósito de enriquecerse aún más reinvertirá en ampliar su negocio. Si se ha equivocado perderá SU dinero, y por la cuenta que le trae procurará perder lo menos posible y corregir, cambiar su negocio intentando ofrecer otros bienes y servicios o, si no se le ocurre nada, observar cuales son las empresas que generan beneficios e intentar imitarlas.

Por otro lado, los empresarios crean empleos en tres sectores fundamentales. Unos crean Servicios: médicos, escuelas, abogados, gestorías, comercios, etc. Otros crean Bienes de Consumo: ropas, televisores, teléfonos, alimentos, droguería, chuches, etc. Y otros crean Bienes de Producción: maquinarias y herramientas que pueden servir a las empresas para incrementar su producción.

Un político, cuando crea empleo, no arriesga su dinero. No necesita ser prudente, y si piensa que la sociedad necesita un servicio determinado invertirá el dinero que considere conveniente para ofrecer ese servicio a los ciudadanos.

Al no manejar SU dinero, el político tiende a arriesgar mucho más de lo que resulta prudente, y si acierta, estupendo, pero si se equivoca tiene dos opciones: Admitir que se ha equivocado y cancelar los servicios que estaba ofreciendo, o echar la culpa de su fracaso a factores ajenos a su control y pedir tener más dinero y más poder para que los servicios que él se empeña en ofrecer y que sabe que son tan necesarios para la sociedad sean por fin aceptados por la sociedad. Por desgracia, no conozco a ningún político que alguna vez haya tomado la primera alternativa.

Por otro lado, la segunda diferencia es mucho más sangrante: Los empleos creados por los políticos no crean bienes, ni de consumo ni de producción, solo servicios. Y al no crear bienes de producción, la capacidad de aumentar la producción de la sociedad desaparece.

Es decir, el Estado, al recaudar impuestos, destruye 100.000 empleos, y al invertirlos en creación de empleo crea otros 100.000 empleos (siempre que los políticos no se queden algo por el camino: ¡Já!) Pero al hacerlo impide que la producción de riqueza pueda incrementarse, con lo cual al año siguiente habrá en el país menos riqueza que si los políticos hubieran quitado sus sucias manos del dinero de los ciudadanos.

Por si alguien se lo pregunta: Aquellos países en los que el Estado ha intentado asumir la producción de Bienes de Consumo y de Producción (tal como Rusia, Cuba y otros, casi siempre en la órbita de las ideologías marxistas), han fracasado y han llevado a su población a una disminución sustancial de su riqueza.

Para crear empleo es necesario crear riqueza, y eso es algo que los políticos no pueden hacer. Primero porque no saben, segundo porque al no arriesgar su propio dinero carecen de la más mínima prudencia, tercero porque, como personas que son, al manejar el dinero que los demás, están sometidos a muchas tentaciones de corromperse, cuarto porque sólo pueden ofrecer servicios, no pueden crear bienes de producción.

Es decir, en conclusión: El Estado no puede crear riqueza, no puede crear empleo, no puede acabar con el paro.

Los únicos que pueden crear más riqueza son los empresarios y trabajadores que arriesgan SU dinero, ofrecen bienes y servicios de forma voluntaria, y aciertan. Si se equivocan pierden SU dinero, sin que esto suponga una pérdida para el resto de la sociedad. Si aciertan consiguen un gran beneficio y, con la esperanza de ganar aún más beneficio invierten más en aumentar la producción de los bienes y servicios que más demanden sus clientes.

Siendo así, lo que hay que hacer para que se cree más riqueza, más empleo y acabar con el paro es que se creen más empresas.

Pero el Estado NO DEBE crear empresas, las empresas las deben crear los empresarios, los trabajadores que en vez de trabajar para una empresa deciden trabajar para unos clientes.

Hay tres millones de empresarios, y son insuficientes para dar trabajo a todos los empleados del país. Si queremos que haya más empleo debemos convencer a más personas para que se conviertan en empresarios.

En los últimos años, debido a la política económica seguida por el nefasto gobierno que padecemos, más de trescientos mil empresarios han tenido que cerrar sus fábricas y empresas condenando a millones de personas al paro.

Si queremos acabar con el paro, y acabar cuanto antes, debemos hacer que se vuelvan a abrir esas, u otras, 300.000 empresas. Dar facilidades para que los empresarios que han tenido que cerrar puedan volver a intentarlo o que empleados con ideas y ambición puedan crear nuevas empresas.

ESA es la única forma de acabar con el paro, y el Estado no tiene que hacer más que una cosa muy sencilla: Quitarse de enmedio.

Eliminar trabas y obstáculos a las empresas, reducir los impuestos a las empresas y a los trabajadores, hacer que la empresa sea mucho más atractiva para la sociedad, convencer a los trabajadores con iniciativa e inteligencia para que se hagan autónomos y empresarios, y mostrar a los jóvenes que acaben sus carreras que es mucho mejor y más beneficioso para ellos y para la sociedad crear empresas que hacer oposiciones de funcionario.

Más Libertad, Más Iniciativa privada, Menos Obstáculos, Menos Impuestos.

Mientras más obstáculos e impuestos se quiten, con más rapidez se crearán nuevas empresas y se reducirán las cifras del paro.

Presento aquí un primer borrador de lo que sería el Programa Político del Partido.

Está dividido en varios apartados, referidos a diversos temas que en mi opinión deben reformarse.

Los Límites del Estado

El Estado debe reducir su peso y asumir sólo las competencias que le asigne la Constitución.

El Estado reducirá sus gastos hasta el mínimo imprescindible y necesario para el mantenimiento de las instituciones que lo componen.

El Estado no asignará subvenciones ni asignaciones presupuestarias a organizaciones o asociaciones ajenas al Estado.

El Estado establecerá las leyes que defiendan los derechos de los ciudadanos, y esas leyes serán iguales en todo el territorio español, sin ventajas ni privilegios de unas comunidades sobre otras.

Si Todas las Personas deben ser Iguales ante la Ley, entonces

Todas las Leyes tienen que ser Iguales para Todas las Personas.

No debe haber fronteras de ningún tipo, ni leyes distintas que dificulten la circulación de personas, el tráfico de mercancías o el establecimiento de empresas en todo el territorio nacional.

El Estado proveerá los medios de control necesarios para evitar la corrupción en todas sus instituciones.

Reforma Electoral

Para incrementar la democracia en el gobierno y que no sean los partidos políticos, sino los ciudadanos, los que decidan quiénes han de ser sus representantes, se implantará un sistema de elecciones con listas abiertas, en el que cada votante marcará tres miembros de una lista de candidatos a un cargo público.

Para reflejar correctamente la voluntad de los votantes, el poder decisorio de un diputado en el congreso se contabilizará con el número de votantes a los que representa. Así, los diputados que han sido votados por cien mil ciudadanos tendrán más fuerza que los que han sido elegidos por diez mil.

Se estudiarán y se habilitarán los medios necesarios para que la participación de los ciudadanos en la gestión política no consista sólo en unas elecciones cada cuatro años, sino que tengan la posibilidad de cambiar su voto y retirar la confianza a un representante político cuando su actuación defraude sus expectativas, en cualquier momento de la legislatura.

Libertad Económica

Todas las personas tienen derecho a iniciar cualquier actividad económica que desee, abrir una empresa sin más trámites que la comunicación al Ayuntamiento, contratar a cualquier persona por el salario que el empleado esté dispuesto a aceptar, con las condiciones y el horario que ambos acuerden.

Se eliminarán las trabas burocráticas y los sistemas de permisos y licencias. La persona que desee crear una empresa para realizar una actividad legal no tiene que pedir permiso, sólo debe informar a los organismos públicos oportunos.

Las únicas regulaciones que puede establecer el Estado sobre el funcionamiento de las empresas son las que se refieren a la protección del Medio Ambiente, la seguridad de los trabajadores y a la protección de los clientes contra las posibles estafas.

El Estado no debe impedir ni prohibir las actividades económicas que puedan realizar los ciudadanos y empresarios, siempre que estas no constituyan un delito.

El Estado no será propietario de empresas que hagan una competencia desleal a las empresas privadas.

Política Social

Para ayudar a las familias con hijos y escasos recursos económicos, el Estado establecerá los mecanismos adecuados para pagar a las familias con hijos una cantidad aproximada del diez por ciento de un salario medio por cada uno de los hijos menores de edad que tengan.

Para garantizar la libertad de enseñanza y que sean los padres, no los políticos, los que decidan la educación que desean para sus hijos, se permitirá que cualquier persona pueda crear escuelas publicando en lugar visible el ideario religioso y/o político que se enseñará a los alumnos y que los padres, con esa información, puedan elegir el centro escolar en el que desean que se eduquen sus hijos.

Para garantizar el acceso de todos a una educación suficiente, independientemente de su capacidad económica, se establecerá un sistema de Bono Escolar, entregado a los padres de hijos en edad escolar, que podrán usar para pagar la escuela que hayan elegido.

El sistema de Seguridad Social pública y obligatoria, que actualmente supone un gasto en impuestos de más del treinta por ciento de nuestro salario, será sustituido por un Seguro Médico Obligatorio que cada persona contratará con la empresa de seguros médicos que decida, pudiendo elegir incluso la empresa pública de la Seguridad Social.

El Estado establecerá un sistema de Bono S anitario para que todos los ciudadanos puedan disponer de un Seguro Médico, independientemente de su nivel de renta.

El actual sistema de Reparto de Pensiones será sustituido gradualmente por un sistema de Ahorro de Pensiones con el que cada trabajador ahorrará obligatoriamente un porcentaje de su renta que solo podrá rescatar a partir del momento en que decida jubilarse. Un trabajador podrá jubilarse voluntariamente cuando haya ahorrado suficiente para tener una pensión mínima que le dure hasta superar en cinco años su esperanza de vida o a partir de los 65 años, pero igualmente puede decidir jubilarse más tarde si su trabajo y su salud se lo permiten. El estado proveerá un sistema para garantizar una Pensión Mínima a los trabajadores que por circunstancias adversas no hayan podido ahorrar lo suficiente para su jubilación o que hayan vivido muy por encima de su esperanza de vida y hayan consumido todos sus ahorros.

Para fomentar la solidaridad y financiar determinadas asociaciones sin ánimo de lucro (iglesias, organizaciones de ayuda social, universidades, sindicatos, partidos políticos, fundaciones, etc.) cada trabajador podrá indicar tres organizaciones a las que desea asignar un determinado porcentaje de sus ingresos. Este sistema sustituirá a las subvenciones que actualmente da el Estado, pero serán los ciudadanos, no los políticos, los que decidan qué organizaciones merecen recibir ese dinero.

Política Territorial

La institución más cercana al ciudadano es el Ayuntamiento. El Estado potenciará la capacidad de los Ayuntamientos para atender las necesidades de las personas y empresas radicadas en su municipio.

Para la gestión de recursos o infraestructuras que afecten a más de un municipio se podrán confederar varios municipios, crear organismos y/o contratar empresas gestoras a las que se deleguen determinadas competencias (gestión de carreteras, de conservación natural, de redes de distribución de aguas, etc.). Dada la enorme variedad de nuestra geografía es imposible diseñar un sistema que valga para todo en todas partes, por eso los Ayuntamientos tendrán libertad para diseñar, probar y seleccionar las soluciones que mejor satisfagan las necesidades de sus ciudadanos.

Será competencia y responsabilidad de los Ayuntamientos la gestión de bosques y espacios naturales procurando que, al menos un tercio del territorio municipal esté protegido contra su degradación. Se intentará, en todo lo que sea posible, que los espacios protegidos no sean islas naturales separadas unas de otras, sino que se comuniquen mediante corredores naturales con el fin de que las especies animales puedan trasladarse entre ellas. A tal fin, las redes viarias, carreteras y ferrocarriles, que atraviesen estos corredores naturales se construirán, a distancias adecuadas y siempre que se pueda, sobre tuberías que permitan el paso de animales.

Los terrenos no protegidos podrán ser dedicados a la función que decidan sus propietarios. Si el propietario de un terreno quiere plantar bosques, explotarlo agrícolamente, hacerse una casa, construir un hotel o montar una fábrica, la administración pública no podrá limitar su libertad de hacer con su propiedad lo que desee, siempre que su actividad no suponga un daño para el medio ambiente.

El Estado garantizará que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier municipio del país. Las ordenanzas municipales no podrán hacer distinciones entre los ciudadanos por razones de su origen territorial.

Política Lingüística

La lengua es un atributo del individuo, no de la tierra ni, mucho menos, de los políticos.

Las administraciones públicas no tendrán competencia sobre la lengua que cada persona decida usar en sus comunicaciones privadas.

Siendo, como es, el Español una lengua conocida y comprendida por todos los españoles, aparte de la segunda más hablada en el mundo y la primera por número de países en la que es lengua oficial, el Español será lengua oficial de todas las administraciones y organismos públicos en España o en el Extranjero.

Las administraciones públicas situadas en territorios en los que un importante porcentaje de la población use habitualmente otra lengua distinta al español, podrán tenerla como segunda lengua oficial.

Toda la documentación requerida en cualquier gestión administrativa en un municipio bilingüe se encontrará en español y en la otra lengua oficial del municipio. Será el ciudadano el que decida cuál de esas lenguas desea usar en su documentación y en su comunicación con trabajadores y cargos del ayuntamiento. Funcionarios, trabajadores y cargos de la administración pública deberán conocer ambas lenguas y responderán al ciudadano en la lengua en la que éste les hable.

Las administraciones públicas no tendrán competencia sobre la lengua que los ciudadanos, comerciantes o empresarios decidan usar para su documentación interna o sus relaciones personales o comerciales. En todo caso, los comercios podrán colocar junto a la puerta de su establecimiento un cartel indicando las lenguas en las que pueden atender a sus clientes y éstos serán los que decidan si desean entrar o no en ese establecimiento.

Impuestos

Los Impuestos son la fuente de financiación de la administración pública pero no deben convertirse en el sistema por el que los políticos arrebatan la riqueza a los ciudadanos.

A tal fin, los impuestos deben reducirse al mínimo imprescindible y necesario y deben ser decididos por los ciudadanos, no por los políticos, siendo la decisión mayoritaria vinculante para todos. La forma de hacerlo será por referéndum o por el mecanismo de Promesa de Campaña Electoral. Cada partido, antes de las elecciones, indicará si desea subir los impuestos y con qué fines, o bajar los impuestos, recortando qué gastos. Los ciudadanos decidirán si prefieren votar a un partido que va a bajar los impuestos o si en determinado momento puede resultar conveniente subirlos. La Promesa de Campaña Electoral será vinculante para el partido, y los concejales o diputados podrán ser denunciados judicialmente si incumplen sus promesas.

Los Ayuntamientos se podrán financiar con impuestos a propietarios de terrenos y viviendas (IBI), impuestos a los comercios, fábricas y empresas radicados en el municipio (IAE).

Para el mantenimiento de calles y carreteras podrá establecerse un impuesto de circulación a los vehículos. La mitad de esa recaudación será para el municipio, para el mantenimiento de calles. La otra mitad será para el estado, para el mantenimiento de carreteras. Si existe una confederación de municipios o una Comunidad Autónoma para gestionar la red de carreteras de una región particular, el porcentaje se estudiará según los kilómetros, ancho y tráfico de las carreteras que correspondan a cada una de las administraciones.

La Administración pública de ámbito nacional se financiará con impuestos al consumo (IVA) y a los beneficios empresariales o de rendimientos de capital.

El Impuesto sobre el trabajo (IRPF) será un impuesto destinado exclusivamente a la solidaridad, a que los más ricos y afortunados ayuden a cubrir las necesidades de los más pobres y necesitados. El Estado ejercerá únicamente una función administrativa, recaudando y repartiendo el dinero pero sin intervenir en los mecanismos de reparto.

Con el fin de que el impuesto sobre la Renta sea lo más sencillo posible de calcular, será proporcional y tendrá un tipo único. Quien gane el doble de salario pagará el doble de impuestos. Quien gane diez veces más, pagará diez veces más. De esta forma el cálculo de los impuestos será sencillo y automático y, aunque se reciban pagos de varias empresas o conceptos, no será necesario hacer declaraciones de renta, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero por parte de los ciudadanos y el ahorro de las administraciones de hacienda en la gestión de millones de declaraciones al año.

La cuantía de cada uno de estos impuestos, así como la creación de otros, en el ámbito local o nacional debe ser aprobada por los ciudadanos, bien por referéndum o bien por el sistema de Promesa de Campaña Electoral.

Hasta aquí el primer esbozo del programa político, pero esto no es más que el objetivo al que el partido pretenderá llegar. Algunas de estas reformas se pueden acometer de inmediato, pero otras requieren un proceso de implantación que puede ser más o menos largo. 

En el próximo mensaje comentaré cuáles son las medidas más urgentes que se deberían acometer de inmediato para resolver la "complicada" situación en la que estamos en este momento.

Mi objetivo fundamental es que los afiliados no participen con su voto una vez cada uno o dos años, sino que puedan participar a diario, no solo durante las asambleas generales. Y su participación no consistirá tan solo en votar a los dirigentes del partido y punto, sino que también podrán participar en los debates y proponer y votar los puntos del Orden del Día de las Asambleas Generales.

Hasta ahí, el partido será plena y verdaderamente democrático, y este funcionamiento podría aplicarse por igual a un partido de izquierdas o de derechas.

De hecho, si diseñamos unos estatutos que contengan los mecanismos de participación de los afiliados que hemos descrito, esos mismos estatutos valdrían igual para una u otra ideología y la única diferencia entre ellos sería en el nombre del partido y en los fines ideológicos.

En principio voy a escribir los estatutos de forma que valgan para cualquier ideología, pero en el artículo referido a Fines del Partido (artículo que, según la ley, es obligatorio) expondré algunos objetivos que, por mi ideología, considero fundamentales.

Primero de todo, hacer notar que no soy de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, sino de arriba.

Soy liberal, tiendo a creer que el Estado es una institución que se corrompe con demasiada facilidad y que por consiguiente el poder de los políticos debe estar muy bien delimitado para que no puedan usarlo en perjuicio de los ciudadanos.

El lema del partido, como el lema de mi página web, será

Más Libertad para las Personas.

Menos Poder para el Estado.

Porque creo que debe haber un equilibrio entre la libertad de los individuos y el poder del estado, pero este equilibrio hace mucho tiempo que se ha sobrepasado.

Estoy totalmente en contra de los totalitarismos, tanto de izquierdas (comunismo) como de derechas (fascismo), porque aunque ideológicamente parecen distintos, en ambos se intentan los mismos objetivos: Que el Estado sea el Todopoderoso propietario de todos los medios de producción, el que tome las decisiones más importantes para la sociedad y que los ciudadanos renuncien a la libertad en todas aquellas cuestiones que vayan en contra de los deseos de los gobernantes.

Los Estados totalitarios siempre intentarán controlar los medios de comunicación, cultura y educación para transmitir a los ciudadanos, aún desde la infancia, la idea de que los gobernantes son seres honestos y sabios que están mejor capacitados que nosotros para tomar numerosas decisiones que afectan a nuestra vida. De esa forma los ciudadanos que se dejen lavar el cerebro acabarán rezando como borregos el salmo 23 del credo totalitario.

El Estado es mi Pastor, Nada me faltará.

No quiero que el Estado decida por mí en las cuestiones que yo considero más importantes, o que me prohíba hacer cosas que no son delitos. Si una actividad es legal, cualquier persona tiene derecho a hacerla, sin necesidad de pedir permisos ni licencias.

Creo que cuarenta millones de personas saben más y son mucho más inteligentes que diez mil políticos, de hecho, creo que sobran políticos y asesores y consejeros, y creo que con menos de la décima parte de los políticos que hay hoy en día el estado podría funcionar mucho mejor, aparte de que sería, sin duda, mucho más barato.

Las actividades propias del Estado habrá que mantenerlas, de acuerdo, pero no quiero que el Estado decida, con mis impuestos, financiar actividades ajenas al funcionamiento del estado.

No quiero que el Estado decida coger parte de mis impuestos y los destine, según el criterio de los políticos de turno, a financiar determinados partidos, sindicatos o asociaciones. De hecho, quiero que el estado elimine todas las subvenciones y ayudas y las sustituya por un sistema en el que los ciudadanos puedan hacer donaciones a determinadas instituciones sin ánimo de lucro, como partidos, sindicatos, ONGs, iglesias, universidades, etc. El importe de esas donaciones se descontarán de los impuestos, y de esa forma seré yo, seremos todos los ciudadanos, los que decidamos cuánta financiación merece recibir cada organismo, partido, sindicato, iglesia o asociación.

Los impuestos hay que reducirlos, ya está bien de pagar al estado casi tanto como el salario que nos llevamos a casa. Menos impuestos, menos políticos, menos funcionarios.

El Estado no crea riqueza. Lo que hace es repartir la riqueza que quita a aquellos que la crean.

Quienes crean riqueza son los trabajadores, empleados, autónomos y empresarios, que aplican su ingenio a satisfacer los deseos de los demás. Y los que mejor satisfacen los deseos de los demás son los que más riqueza crean, los que consiguen más beneficio para ellos mismos y para aquellos que adquieren voluntariamente sus productos o servicios.

Pero para que este sistema funcione debe haber libertad. Todas las personas deben tener libertad para realizar cualquier actividad económica que no constituya un delito. Y el único límite a esa libertad está en las Leyes Naturales de la Sociedad: No Matar, No Agredir, No Robar, No Estafar.

El Estado debe defender los derechos de las personas que sufran cualquiera de esas agresiones, pero no debe prohibir ni obligar a nadie, ni extralimitarse en sus funciones.

Si este proyecto, al final, se llega a concretar un poco más, este partido tendría como objetivo fundamental reducir el poder de los políticos, reducir el número de políticos, reducir el salario de los políticos, reducir las excesivas leyes, eliminar los sistemas de permisos y licencias, quitar burocracia, reducir plantillas de funcionarios, reducir impuestos, hacer un sistema fiscal transparente, donde los ciudadanos sepan con claridad dónde va su dinero y donde puedan incluso decidir qué instituciones merecen recibir ayudas y subvenciones.

¿Un partido político para reducir el poder de los políticos? ¿Va a ser posible?

No estoy seguro, pero creo que sí. Y lo creo por una sencilla razón, y es que el partido no estará dirigido por los cargos del partido, sino por los afiliados. Y en el momento en que un cargo defraude a los afiliados perderá apoyos, perderá el poder y en tres o cuatro meses perderá el cargo dentro del partido.

¿Bastará con esto? No lo sé. Vamos a averiguarlo.

P.S. El próximo día publicaré un pequeño resumen del Programa Político con ideas menos generales y más concretas.

Hacer un partido político que funcione de forma similar a los ya existentes no tiene sentido.

El problema no es la ideología, da lo mismo que sea un partido de ideología socialista, liberal, comunista, conservador, reformista o anarquista.

El problema es que, sin que importe la ideología, cualquier partido funciona como una asociación en la que sus cargos van a manejar dinero de sus afiliados y que aspiran a formar parte del gobierno de la nación.

Este sistema atrae a las personas corruptas, y como ellas son las más interesadas en prosperar dentro del partido, al final ocurre lo que en todos los partidos: Que más del 95% de los afiliados son personas honradas, pero ese porcentaje es mucho menor conforme nos acercamos a los cargos de más responsabilidad dentro del partido.

Y una vez que un corrupto accede a un cargo del partido intentará rodearse de personas a las que reconozca como de su propia calaña, relegando a los políticos honestos que puedan resultar incómodos para el ejercicio de su poder.

Los corruptos más inteligentes que alcanzan a dirigir un partido son capaces de mantener un complicado equilibrio en el que, a los políticos honestos los mantienen en cargos de mucha visibilidad y escaso poder, mientras ellos ocupan los cargos menos visibles pero en los que es posible conseguir más beneficios personales.

Los políticos honestos, incapaces de pensar con esta doblez, son manejados por los corruptos y, si llegan a resultar incómodos, serán relegados, difamados y expulsados del partido, como ya hemos visto ocurrir en muchas ocasiones.

Para crear un partido en el que los corruptos no puedan controlarlo es preciso crear un Comité Anti-Corrupción que verifique el patrimonio de sus cargos, que investigue los incrementos patrimoniales y que expulse a los corruptos, pero esto no basta, porque también el Comité Anti-Corrupción puede llegar a ser controlado por corruptos.

Así que el único medio de eliminar a los corruptos es que los cargos del partido sean decididos y estén controlados por el conjunto de los afiliados, del cual sabemos con seguridad que más del 95% de los afiliados son honestos.

Los afiliados deben poder decidir en qué cargos depositan su confianza, a qué cargos ofrecen su apoyo, y también deben tener la capacidad de retirar su apoyo a los cargos de los que se sientan defraudados.

Y los apoyos que reciba o pierda un cargo del partido deben tener reflejo inmediato en el poder decisorio que tengan dichos cargos.

Para conseguir esto, en los estatutos del partido se deben reflejar los siguientes mecanismos:

Primero: El Partido dispondrá de una página Web en la que se publique toda la información que pueda interesar a los afiliados, como los Estatutos, los Cargos del Comité, la Contabilidad del Partido, los salarios y gastos de cada Cargo, las Actas de las sesiones, el sentido de voto de cada cargo, etc. Los Afiliados podrán consultar esta información para saber si los cargos actúan con transparencia y si hacen realmente aquello que han prometido.

Lógicamente, las decisiones estratégicas para las campañas electorales NO deben publicarse hasta pasadas las elecciones, para evitar que esta información pueda ser útil a partidos rivales.

Tercero: La Asamblea General de Afiliados se celebrará a través de la Web, para permitir la asistencia de todos los afiliados en todo el territorio español, incluso desde el extranjero, sin tener que desplazarse a la sede del partido.

Cuarto: Las elecciones de los cargos del partido deben realizarse en la Asamblea General de Afiliados, con votaciones directas y abiertas en las que cada afiliado pueda votar a los tres miembros del partido en los que tenga más confianza. Así, si hay mil afiliados habrá tres mil votos de los que algunos miembros conseguirán, por ejemplo, 900, 600, 500, apoyos.

Quinto: El presidente del Partido será el Miembro que consiga más votos, y los demás cargos del Comité Ejecutivo serán los siguientes.

Sexto: El poder decisorio de un Cargo, dentro del Comité Ejecutivo, dependerá de los Apoyos que ha recibido. Esto significa que, cuando se deban votar determinadas propuestas, se contabilizarán los apoyos que tiene cada cargo. El resultado es que un Cargo que tenga el apoyo de 900 afiliados tendrá más poder decisorio que otro que tenga el apoyo de menos afiliados.

Séptimo: Cuando un Cargo del Comité actúe de tal forma que pierda la confianza de los afiliados, éstos tendrán la posibilidad de retirarle su apoyo, en cualquier momento de la legislatura. Es decir, cada afiliado tiene sus tres Apoyos que puede otorgar a tres cargos cualesquiera, pero en cualquier momento puede retirarles su apoyo y otorgárselo a otro cargo en el que tenga más confianza. Así, si el presidente del partido, por ejemplo, defrauda la confianza de sus afiliados, podría encontrarse con que su poder decisorio se reducirá de tal forma que en las votaciones del Comité Ejecutivo tendrá tan escasa influencia que no podrá actuar en contra de los deseos de la mayoría de los afiliados.

Octavo: Si un Cargo del Comité, incluido el Presidente, deja de tener el apoyo de los Afiliados durante un tiempo prudencial (dos o tres meses), y en ese tiempo no consigue recuperar su confianza, se someterá a unas nuevas elecciones en Asamblea General.

Yo creo que con un sistema como este, y apoyado por un Comité Anti-Corrupción que vigile la contabilidad y los intereses económicos de los Cargos del partido, los Miembros corruptos tendrán muy pocas posibilidades de ascender en el partido, y los que lo consigan estarán tan vigilados que, en cuanto actúen de forma fraudulenta perderán gran parte de sus apoyos y su poder decisorio y, en no más de tres o cuatro meses, serán expulsados de la cúpula del partido.

Por supuesto, siempre existirá la posibilidad de que un corrupto monte una campaña de difamaciones contra un miembro honesto del partido, y eso podría reducir los apoyos que tuviera, pero precisamente por eso es por lo que la pérdida de apoyos no conlleva la pérdida del cargo de manera inmediata, sino que se inicia un proceso de cuatro meses durante los cuales el cargo que ha sido difamado habrá perdido poder decisorio, pero no el cargo, y dispondrá de esos cuatro meses para demostrar su inocencia. ¿Qué pasará entonces con los apoyos que tuviera el Miembro del partido que ha difamado a un inocente?

En fin, esa es mi idea, y creo sinceramente que podría funcionar.

En la Web del Ministerio del Interior, http://www.mir.es, en la sección INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITES, encuentro un enlace a Guía de Trámites 2009, y allí tengo acceso a un documento PDF.

En la página 177 (numerada como 175) encuentro los trámites que hay que realizar para la creación de un partido político.

Primero y fundamental: Hace falta elegir un Nombre del Partido y unas siglas que no estén repetidos en el Registro de Partidos Políticos.

Segundo: Hace falta un mínimo de cuatro promotores del partido.

Tercero: Antes de constituir el partido hay que redactar unos Estatutos, donde se indique cuál va a ser el funcionamiento interno del mismo. Estos estatutos deben incluir una serie de requisitos mínimos, entre ellos, cómo se dan de alta los afiliados, sus derechos y deberes, cuáles son los órganos de gobierno, cómo se toman las decisiones, y una serie de requisitos más.

Cuarto: Una vez redactados los estatutos, hay que llevarlos a una notaría que hará un Acta Notarial. Esta contendrá la filiación de los cuatro promotores del partido y, como un anexo, la redacción de los Estatutos.

Quinto: Hay que llevar el Acta Notarial al Registro de Partidos Políticos, y tras unas pocas semanas de examen, si no hay errores, se dará de alta el Partido.

No parece muy complicado, vamos a ello.

El ciclo económico de cualquier producto, de cualquier invento, es siempre el mismo. Cuando alguien inventa algo, normalmente tiene poco dinero para invertir en maquinaria e infraestructura, por lo que empieza fabricando cantidades reducidas a un precio de costo bastante elevado. Si el producto tiene aceptación el fabricante puede subir el precio para regular la demanda y vender su artículo al mismo ritmo que lo fabrica. Tendrá importantes beneficios y con esos beneficios podrá invertir en más maquinarias y personal, mejorar sus infraestructuras para aumentar la producción. Y al aumentar la producción deberá bajar los precios para aumentar la demanda, siempre con el objetivo de vender los artículos al mismo ritmo que se fabrican.

El éxito de un fabricante hará que otros fabricantes le imiten, que copien el artículo, quizás hasta lo mejoren, obligando al primero a entrar en una carrera de mejoras y abaratamientos para fabricar el mejor producto posible al precio más bajo posible, todo con el fin de atraer a la mayor cantidad posible de clientes.

De una empresa original que comenzó a producir un nuevo artículo en pequeñas cantidades a un precio exhorbitante, se pasa pronto a un sector industrial, formado por numerosas empresas, algunas mayores, otras menores, que fabrican diferentes versiones y modelos del mismo producto a precios variados pero cada vez más reducidos. Mientras mayores sean los beneficios, mientras mayor sea la demanda, más empresas intentarán entrar a competir en el sector. Y como el sector necesita los suministros de otros sectores (proveedores de materias primas, financiación, empleados, etc) el crecimiento de un sector implicará aumentar la demanda en otros muchos sectores.

Este crecimiento terminará cuando el sector satisfaga las necesidades y deseos de toda la población al precio mínimo imprescindible. Entonces las empresas dejarán de crecer en número, crecerán en tamaño eliminando a muchas de las empresas más pequeñas. Al cabo de cierto tiempo quedarán unas pocas empresas que satisfacen casi toda la demanda de la sociedad y muchas pequeñas empresas que producen el mismo artículo pero con características específicas que demandan un pequeño porcentaje de la población, casi siempre aplicaciones específicas para profesionales o personas que piden algo especial y se pueden permitir pagar mucho más por ello. 

A veces se puede producir una burbuja. Llevados por un optimismo injustificado, puede haber muchos empresarios que se metan en el sector y lleguen a producir una cantidad de artículos muy superior a la demanda de los clientes. Puede haber bancos que presten más dinero del que luego el sector va a ser capaz de devolver. Proveedores que produzcan más materias primas de las que el sector va a necesitar. Trabajadores que deseen contratarse en ese sector en una cantidad muy superior a la que este es capaz de contratar. Mientras dure el optimismo el crecimiento del sector superará las necesidades reales de la sociedad, hasta el momento en que la dura realidad les despierte de su inconsciente borrachera. Los artículos quedarán en los almacenes y muchas empresas deberán detener su producción iniciándose así una crisis en el sector. Si el proceso de producción requería la producción de otros sectores (bancos que hayan prestado dinero, proveedores de materias primas, sector laboral, etc) la crisis del sector provocará crisis secundarias en los sectores con los que se relacionen. Esto llevará a una crisis, un ajuste en el que los optimistas más imprudentes lo perderán casi todo, debiendo cerrar muchas pequeñas empresas y reduciendo producción y plantillas incluso en las empresas más grandes del sector.

Sea con burbuja o sin ella, el resultado final será el mismo. Habrá un determinado número de empresas, unas pocas muy grandes y muchas pequeñas, produciendo un artículo al precio más bajo al que se pueda producir y en la cantidad justa que demanda la sociedad.

Y el sector quedará estabilizado en ese estado hasta que alguien invente un nuevo producto con un fin similar y que sea preferible al primero, provocando una nueva crisis en el sector y que pueda llevarlo a reducir su producción, quizás hasta hacerla desaparecer por completo.

Todos los artículos que disfrutamos en casa o en nuestra vida cotidiana han pasado por un proceso similar. Todos empezaron siendo artículos de lujo asequibles solo para las grandes fortunas, pero todos acabaron, en más o menos tiempo, abaratándose y mejorando su calidad hasta acabar estando al alcance de la mayoría de las personas.

Y en ocasiones, en muchas ocasiones, un nuevo invento tiene capacidad de sustituir a otro anterior, por lo que su aparición provocará una crisis total en un sector, llevando a la quiebra a todas las empresas de un sector a una velocidad que será tan rápida como la velocidad a la que la innovación pueda implantarse. Solo sobrevivirán las empresas que sean capaces de adaptarse al nuevo sector o las que consigan especializarse en una demanda tan específica que no pueda ser sustituida por el nuevo producto.

El sector que mejor puede servir para iluminar con ejemplos este proceso es, precisamente, el de la iluminación.

Cuando una persona, en un remoto pasado, inventó las velas, llevó a la ruina a muchísimos fabricantes de antorchas, de los que hoy solo quedan unos pocos que producen antorchas para saraos, fiestas en la playa o para desfiles olímpicos. Tras llevar siglos de dominio, también los fabricantes de velas sufrieron la invención de las lámparas de queroseno y de los miles de fabricantes que había hace unos siglos hoy apenas quedan unas docenas que fabrican velas de cumpleaños o cirios para ceremonias religiosas. Igual destino sufrieron los quinqués cuando se inventó la luz de gas y se extendió su uso en las ciudades, lo mismo que éstas, sin haber tenido tiempo para extenderse en toda la sociedad, sucumbieron ante el invento de la bombilla incandescente.

Estas han sobrevivido un siglo, hasta ahora, y cuando se invente un sistema de iluminación que sea mejor y más barato, el sector de fabricantes de bombillas entrará en una crisis que afectará al sector y a todos sus sectores tributarios.

Y todo esto ocurre de forma natural en la sociedad, en el mercado, como consecuencia de las decisiones que toman, no unas decenas de empresarios, sino millones de usuarios y clientes que deciden libremente en cada momento qué producto desean adquirir.

Hasta ahora.

Hasta ahora, que a los gobernantes de varios países se las ha ocurrido la feliz idea de decidir por nosotros y prohibir las bombillas incandescentes de 100 W y, de aquí a dos años más, todas las demás bombillas incandescentes.

Es cierto que las bombillas inventadas por Edison, hace ya la friolera de cien años, son, de los varios tipos de aparatos productores de luz inventados recientemente, los más ineficientes, generando mucho más calor y consumiendo mucha más electricidad para generar una iluminación suficiente. En ese sentido es perfectamente lógico y razonable que las bombillas incandescentes vayan cayendo en desuso y se potencie más el uso de bombillas fluorescentes o LED.

Pero la decisión de los gobiernos de prohibir las bombillas incandescentes va a traer unas consecuencias muy negativas para la sociedad.

En primer lugar, examinemos los tres tipos de bombillas disponibles actualmente.

La lámpara incandescente actual es una mejora de la inventada por Edison. Lleva fabricándose un siglo y su precio de venta ha alcanzado el límite mínimo de producción, su precio de costo. Salvo que inventasen una mejora sustancial de la fabricación, su precio ya no puede bajar más.

Con un precio de unos 60 céntimos, tendremos una bombilla que consumirá unos 60 Watios para iluminar adecuadamente una habitación y que nos durará, aproximadamente, seis meses.

Una lámpara fluorescente que dé la misma cantidad de luz es más cara, unos cuatro o cinco euros, pero consumirá unos 12 W y nos durará un par de años, algo menos si la sometemos a numerosos encendidos y apagados durante períodos cortos de tiempo. Por eso las fluorescentes son adecuadas para lugares donde la luz se encienda durante horas, pero no para, por ejemplo, escaleras o pasillos que se iluminan durante unos minutos antes de volver a apagarse.

La tecnología que parece más prometedora es la luz LED, en la que se basan las pequeñas luces piloto que tienen los aparatos electrónicos para que veamos que están en funcionamiento. Ya se están fabricando bombillas que incorporan muchos LED, suficientes para iluminar una habitación a un nivel confortable con un consumo de apenas uno o dos Watios. El problema es su precio. Las bombillas LED, que apenas acaban de empezar a fabricarse, tienen un precio de casi 30 Euros.

Debiendo competir con las bombillas incandescentes, mucho más baratas, el máximo interés de los fabricantes de lámparas fluorescentes y LEDs es reducir los costes tan rápido como sea posible, con el fin de conseguir más clientes, más beneficios y ampliar su producción tanto como puedan.

Desde hace dos años el precio de las bombillas fluorescentes se ha reducido a la mitad, y es previsible que si siguen invirtiendo en mejorar el producto su precio pueda bajar aún más, aunque siendo su fabricación algo más compleja que la de las bombillas incandescentes, es muy difícil que lleguen a bajar del euro de coste.

Mientras tanto, las bombillas LED, a pesar de su inicio a un precio tan elevado como 30 euros, tienen un proceso de fabricación mucho más simple que permite su mecanizado a gran escala, y no teniendo las desventajas de los otros modelos es muy posible que en poco tiempo pueda llegar a ser la opción que sustituya a los demás tipos de bombillas. Si sus fabricantes ponen interés en ello.

La competencia de las pronto obsoletas bombillas incandescentes les obligará a bajar el precio tan rápido como puedan, a no ser...

A no ser que los políticos, sea por su bienintencionada estupidez, sea por sus intereses económicos en las empresas fabricantes de bombillas fluorescentes, decidan que nosotros los ciudadanos, no estamos capacitados para decidir, sino que es preferible que ellos decidan por nosotros.

Así que, diciendo que lo hacen por nuestro bien, deciden prohibir las bombillas incandescentes.

De repente, las empresas fabricantes de bombillas fluorescentes ya no tendrán interés en reducir el precio, sino en ampliar la producción para abastecer la demanda que se va a ver enormemente incrementada por la decisión de los políticos. Las bombillas fluorescentes, que en los últimos dos años han reducido su precio de unos 12 euros a menos de cinco, dejarán de reducir el precio, perjudicando de esa forma a los millones de usuarios que, por culpa de la decisión de los gobernantes, no verán las bajadas de precios que se producen en la fabricación de todos los productos sometidos a las reglas naturales del mercado y la libre competencia.

Y los grandes beneficiados serán los fabricantes de bombillas fluorescentes, que ahorrarán ingentes cantidades de dinero en I+D, sus accionistas, beneficiados por las subidas del valor de sus acciones por la intervención del gobierno y, por supuesto, los gobernantes, que se pondrán una medalla ecologista y que, cuando se retiren de la política, tendrán esperándoles puestos de consejeros y directivos en las agradecidas empresas a las que han favorecido.

El beneficio de unos pocos políticos y grandes empresarios contra el perjuicio de millones de usuarios y clientes.