Está visto que al rojo-radical  ya no le aguanta ningún colectivo en España. Gracias a Dios, los españoles, aunque quizás tarde, se están dando cuenta de hasta dónde llega su maldad.

Hoy leíamos alguna información donde este sectario dice que todavía hay margen para el endeudamiento y yo me pregunto ¿quién creen los españoles que va a pagar esta deuda?, a mi no se me ocurriría meter a mi familia en deudas que yo no sea el llamado a liquidar.

¿Son conscientes los españoles que a este ritmo los españoles de dentro de 30/40 años seguirán PAGANDO los caprichos derrochadores y la política de tierra devastada de este individuo?

La última estrategia del Grupo Socialista en el Congreso para no quedarse sólo en las votaciones del Pleno ha provocado la indignación de los representantes de los policías y los guardias civiles, que han declarado una guerra "legal" al Gobierno. Sindicatos y asociaciones se plantean volver a las protestas de trabajo 'a reglamento' y la convocatoria de un referéndum entre los agentes para decidir una eventual huelga en toda regla, prohibida por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.   El Grupo Socialista se ganó el apoyo de ERC y CiU para tumbar una Proposición no de Ley de los 'populares' a favor de homologar los criterios de remuneración para los agentes de toda España. A cambio, pactaron una enmienda transaccional por la que se instaba a aplicar los criterios de prejubilación de los que goza la Ertzaintza a los Mossos d'Esquadra.    

Los representantes de los policías y los guardias civiles consideran que el PSOE ha acabado con "el principio de igualdad" entre españoles y que han establecido un sistema de "policías ricos y policías pobres", defendiendo únicamente la equiparación entre los ricos, ertzainas y mossos d'Esquadra.       En la misma enmienda se hacía alusión a la intención de mejorar las condiciones sociolaborales de los policías y guardias civiles que no aportaba ninguna novedad a la postura de Interior. "A este insulto y desprecio del Gobierno socialista responderemos con las armas de la legalidad", afirman en un comunicado conjunto los sindicatos SUP, CEP, UFP y SPP, y las asociaciones de la Guardia Civil AUGC y UGC, que dicen representar a 100.000 funcionarios