La huelga de trasportistas autónomos que está paralizando España tiene una reivindicación que, desde el punto de vista de cualquier economista, es absurda.
La solicitud de una existencia de tarifa mínima, que asegure los costes, en una economía de libre mercado es inviable.
Así pues cabria preguntarse ¿Qué es lo que esperan conseguir, con esta huelga, teniendo en cuenta que la reivindicación no es viable y que la reducción de costes, bajando el coste del combustible, ni es posible ni está en manos del gobierno?
Por una parte la exigencia de un precio mínimo, genérico, que cubra costes debería ser algo común, para evitar distorsiones de mercado. En estos momentos, sin embargo, solo existe para el comercio al pormenor. Cuando se vende al público se debe justificar que el producto te ha costado igual o menos que por aquello que lo vendes... ¿Por qué sin embargo no se ha extendido a otros ámbitos, permitiendo en los mercados mayoristas la inclusión de distorsiones y fraudes, por medio de empresas interpuestas? Y conste que este párrafo no hago referencia al transporte sino al comercio minorista en general, desde alimentación a ordenadores o cosméticos, con la posible excepción de algunos sectores extra regulados como las farmacias. Y de todas formas no olvidemos que esta disposición es relativamente reciente: se incluyo en 1992 para poner pegas a las “ofertas gancho” de las grandes superficies (francesas) que vendían productos a menos de coste para atraer clientes que, de paso, acaban haciendo la gran compra mensual, en lugar de ir al pequeño comercio de barrio y Español. Claro que eran otros tiempos, aunque también de crisis.
Seria lógico pensar, volviendo al transporte, que, en una situación normal, un autónomo tiene un menor coste que una empresa, si ambos trabajan con las mismas regulaciones y limites, pues a los costes de explotación, comunes a ambos, la empresa debe sumar sus costes de gestión y control. No soy transportista, y por ello puedo ver el conflicto desde fuera. Trabajo en una empresa de distribución. Entre mis funciones esta la gestión del aplicativo de expediciones y, si bien no habitualmente, he tenido algún contacto con los trasportistas, tanto autónomos como de empresas más o menso grandes, agencias. Además, como la mayoría de vosotros, soy un sufrido conductor, que muchas veces debe soportar como determinados camioneros, que acaban dando mala fama al colectivo en general, se saltan un código de circulación, que desconocen, o hacen extraños con el camión debido al cansancio.
¿Por qué digo que desconocen el código, os preguntareis, cuando es algo que se debe estudiar para obtener el carnet? Pues porque la mayoría son inmigrantes ilegales, es decir sin permiso de residencia o trabajo, muchos de ellos sin carnet o con un carnet de sus países de origen donde el código de circulación, de existir, es completamente diferente. Son personas que, por dinero, posiblemente por necesidad, están dispuestas a saltarse, no solo el código de circulación, sino también, la normativa laboral del transporte. Son personas que no cumplen los periodos de descanso, aunque por el tacómetro lo pueda parecer, que dejan un camión y cogen otro, haciendo jornadas mayores de las legales... y con ello las empresas para las que trabajan, mayores evidentemente que un autónomo.
Ese es el verdadero problema: que las grandes empresas, no todas pero si muchas, saltándose la normativa y contratando gente sin capacitación y sin permisos necesarios, ni laborales y de conducir, están bajando sus costes por debajo de lo que le cuesta a un trasportista autónomo. Y no hablamos aquí de la capacidad que puedan tener algunas empresas, muy grandes, de reducir costes legalmente por medio de apretar a suministradores (conseguir combustible más económico, a precio de mayorista, revisiones mas económicas por medio de personal propio, etc.) que tampoco es una problemática exclusiva del trasporte, como si lo es la anterior.
Por último no olvidemos que el sector del trasporte es un sector semi regulado donde se supone que el estado (en su conjunto) cobra unos impuestos y tasas por autorizar el trasporte, las famosas tarjetas de transporte, que indican además un ámbito restringido de servicio: local (limitado en kilómetros) provincial, autonómico nacional o internacional. Así pues no es tan descabellado pedir que el Estado asuma sus funciones y compruebe de una vez por todas que los que están trabajando en el sector están en situación legal... no solo por lo que representa de competencia desleal sino por el peligro que representan para los demás conductores.
¿Debemos criminalizar al camionero, suponer que esta ilegal y pararle y pedirle los papeles a la menor ocasión?
En mi opinión SI. Lo mismo que, aleatoriamente, la policía de trafico realiza controles de alcoholemia, parando a conductores de coches y motos, debería, de manera aun más sistemática si cabe, para a los conductores de camión y comprobar que estén legales. Y si no lo están inmovilizar el vehículo... pero no solo. Puesto que ahí entramos en otros departamentos. El estado completo debería intervenir: hacienda, trabajo, interior... exteriores si hace falta. Retirando de la circulación a conductores y camiones ilegales.
Eso, en mi opinión, y aunque sea NO políticamente correcto, es lo que deberían pedir los transportistas y no una tarifa mínima que no es viable. ¿O acaso piensan que a una empresa que contrata ilegales, para tener costes inferiores eso le va a parar? ¿O a una empresa que contrata a esta empresa? Lo único que subirá será el IVA. Y en lugar de pagar una parte en negro, para ahorrarse impuestos, si se obliga a una tarifa mínima, las empresas contrataran a aquellas empresas de transporte que les facturen la tarifa oficial y les cobren menos… o acaso creen que al cliente final le importa si el camionero es legal o no y si sabe o no conducir. Mientras las mercancías lleguen o pague el seguro, o el dueño de la empresa de transportes, al cliente le da igual… lo malo es que al gobierno también, y no debería darle.
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